dimecres, 17 d’octubre del 2012

URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS



URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS
POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS
CMI Guatemala / Waqib Kej

El día de hoy 16 de octubre se informo por parte del Sistema Penitenciario al
Juzgado de Primera Instancia del municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la
mañana el transporte en el que se trasladaban los presos políticos del caso de
Barillas sufrió un atentado a la altura del kilometro 34 de la carretera
Interamericana. Por esta razón se cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado
Sergio Vives, hasta el momento no se reportan heridos, aunque aun se están
haciendo averiguaciones.
Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del
kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve
de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros
de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se
realizaría en el Juzgado de este municipio.
Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés
León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez
López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro
Miguel.
Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las
razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado
repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las
órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y
violaciones al debido proceso.
Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la
celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación
privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber
tenido debido proceso.
También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio
de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que
ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa.
Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.


Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos
e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las
demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos
de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención
ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a
delinquir y desorden público.
Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos
Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en
Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque
Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la
fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una
hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.
El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que
además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro,
intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que
quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos
democráticos, su vida y su futuro.
Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de
investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de
los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por
la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el
servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se
realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el
atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la
imposición del Estado de Sitio.
Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de
justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de
criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio
Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e
injustas.
Con información de: Licenciado Sergio Vives.

divendres, 12 d’octubre del 2012

Nuestra solidaridad con el pueblo de Totonicapán y de las luchas sociales en Guatemala

Estimados compañeros y compañeras:

Ante la sangre que ha vuelto a correr en el pueblo de Totonicapán, pedimos su solidaridad para EXIGIR la inmediata destitución de los Ministros de Gobernación y Defensa Nacional de Guatemala, que tanto daño están haciendo contra las luchas sociales en Guatemala.

Si Ud. está de acuerdo con firmar esta carta, por favor responda al correo:solidaridadcontotonicapan@gmail.com. Vamos a esperar hasta el día lunes 8 de octubre, para mandar la carta el día martes 9 a primera hora.

Además le agradeceremos mucho que circule esta nota a todos sus contactos!

Nuestra solidaridad con el pueblo de Totonicapán y de las luchas sociales en Guatemala.
¡¡¡NO AL RETORNO DE LA REPRESIÓN MILITAR EN GUATEMALA!!!

-----

CARTA ABIERTA A LOS PRESIDENTES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE GUATEMALA, PIDIENDO LA DESTITUCIÓN DE LOS MINISTROS DE GOBERNACIÓN Y DE DEFENSA NACIONAL, MAURICIO LÓPEZ BONILLA Y ULISES NOÉ ANZUETO RESPECTIVAMENTE, ANTE LA VIOLENCIA UTILIZADA EN CONTRA DEL PUEBLO DE TOTONICAPÁN Y DE LAS LUCHAS SOCIALES EN GUATEMALA

 
Nosotros y nosotras, estudiantes, académicos, activistas y todos los indignados e indignadas por los hechos ocurridos en Totonicapán el día 4 de octubre de 2012, nacionales y extranjeros, manifestamos nuestro repudio por la violencia utilizada por el Gobierno de Guatemala para reprimir una manifestación pacífica organizada por los 48 cantones de Totonicapán, en la que expresaban su opinión respecto de la propuesta de reformas constitucionales, la modificación de la carrera magisterial y el alza de la tarifa eléctrica.
 
Para la comunidad nacional e internacional, a pesar de las declaraciones oficiales presentadas por el mandatario, Otto Pérez Molina, y sus ministros de Gobernación y Defensa Nacional, Mauricio López Bonilla y Ulises Noé Anzueto respectivamente, así como la ambigüedad con la que está procediendo el Procurador de Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, está claro que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala arremetieron contra los manifestantes con abuso de violencia. Mientras las autoridades de los 48 cantones se encontraban en Ciudad de Guatemala para iniciar una reunión de negociación con el presidente Otto Pérez Molina, las fuerzas públicas reprimieron a los manifestantes que se encontraban en la carretera Interamericana, disparando a quemarropa contra la población y dejando un saldo de ocho muertos y treinta y cuatro personas heridas –de las cuales treinta sufrieron heridas de arma de fuego mientras que los otros cuatro sufrieron intoxicaciones por los gases lacrimógenos. Asimismo, según testimonio de los pobladores, mientras esto sucedía se sobrevolaba el área con helicópteros militares para intimidar a los manifestantes y para reaccionar bélicamente en caso que fuera “necesario”.
 
A nuestro criterio, la forma como procedieron las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala muestra claramente que este tipo de “operaciones” sigue respondiendo a políticas de contrainsurgencia, de las que tanto Otto Pérez Molina como Mauricio López Bonilla tienen vasta experiencia. Ello implica la criminalización de la acción colectiva y de las luchas sociales a todo nivel, sean indígenas, campesinas, estudiantiles, etc. En lo que va de su mandato, se ha comprobado que el ministro de Gobernación reacciona inmediatamente con violencia indiscriminada, sin buscar medios de negociación que respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto el derecho a la libre locomoción que insistentemente demandan las élites económicas, como los derechos de organización y defensa de la vida que son reclamos justos de las entidades colectivas que se manifiestan públicamente. En sus declaraciones públicas, Mauricio López Bonilla ha acusado a los movimientos sociales de ser “criminales” y “terroristas”, en un afán de desvirtuar las luchas de esos movimientos y como justificación para su acción represiva. Reiteradamente ha dicho que no va a tolerar cualquier intento de atentar contra el “orden público” y la “anarquía”, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué entiende el señor López Bonilla por “orden” y “anarquía”? Para él, el “desorden público” y la “anarquía” empiezan cuando los estudiantes se organizan en contra de las medidas autoritarias del Ministerio de Educación o cuando las comunidades resisten en la defensa de sus territorios y de sus derechos individuales y colectivos fundamentales. Con esto, claramente vemos cómo la política de seguridad del Estado tiene al movimiento popular como un “enemigo interno” al que hay que controlar y eliminar.
 
Denunciamos la mentira con la que se ha estado manejando la información tanto por las entidades oficiales como por los medios de comunicación social –nacionales e internacionales. Respondiendo a la lógica contrainsurgente antes expuesta, los funcionarios de gobierno han dicho que las fuerzas de seguridad no portaban armas, pero existen fotografías que claramente muestran lo contrario. Posteriormente Otto Pérez Molina ha confirmado que los efectivos policiales y militares sí portaban armas, y que hicieron uso de las mismas respondiendo a “provocaciones” de la población, “disparando al aire” supuestamente en defensa propia. Ahora bien, ¿por qué la gente que se manifestaba iniciaría un enfrentamiento contra la policía y el ejército, sabiendo de antemano su superioridad militar?, ¿qué obtendrían con ello si las autoridades de los 48 cantones estaban ya por iniciar la reunión con el mandatario? Vemos entonces cómo las declaraciones de los funcionarios públicos muestran su intención de evadir su responsabilidad y en su lugar, culpar a la población de la violencia acontecida.
 
Por lo anterior, los y las abajo firmantes, nos unimos a las demandas expresadas en comunicados de distintas organizaciones y de la sociedad civil, anexos a esta carta (ver archivo adjunto), y además EXIGIMOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OTTO PÉREZ MOLINA, LA INMEDIATA DESTITUCIÓN DE LOS MINISTROS DE GOBERNACIÓN, MAURICIO LÓPEZ BONILLA, Y DE DEFENSA NACIONAL, ULISES NOÉ ANZUETO.
 
Finalmente nos solidarizamos con el pueblo de Totonicapán haciendo nuestro también el dolor causado por los compañeros asesinados como por la represión y el terror vivido y revivido en estos días. Asimismo apoyamos las justas demandas de los hermanos y hermanas del pueblo de Totonicapán y las decisiones que tomen las autoridades de los 48 cantones. 

FIRMAS

dimecres, 3 d’octubre del 2012

Guatemala y la vigencia de la represión contra los pueblos indígenas

Extret de la següent web:

GUATEMALA.- Los pueblos mayas de Guatemala son los protagonistas de una resistencia histórica que les ha permitido pervivir hasta nuestros días. Durante los años 80, fueron capaces incluso de enfrentar el intento sostenido y sistemático de exterminio que desató contra ellos el Estado del que suponían eran parte.

Hoy -cuando gobierna uno de los militares responsables de aquel baño de sangre-, siguen vigentes los mismos mecanismos de represión de la dictadura, utilizados para garantizar los intereses económicos de las élites, transfiguradas en grandes empresas interesadas en explotar las riquezas naturales presentes en los territorios. Estos mecanismos, incluyen desde actos de violencia física -atentados y asesinatos- e intimidaciones, hasta una política de criminalización respaldada por los poderes públicos. Y tienen entre sus objetivos prioritarios a los movimientos, las comunidades, las autoridades y las organizaciones mayas, que están al frente de las luchas por la defensa de los territorios y los recursos naturales. Tan es así, que un reciente informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) denuncia que el 59% de las agresiones perpetradas en 2012 se han dirigido contra los pueblos indígenas y las organizaciones de defensa del medio ambiente.
El propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, informaba tras sumisión en el país en 2011, de que la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades. Señala también el uso indiscriminado que se hace de los estados de prevención por parte de los poderes públicos, la presencia creciente de las fuerzas de orden público en las comunidades y el uso excesivo de la fuerza por su parte. Además, denuncia la situación de impunidad en cuanto a los actos de hostigamiento y violencia física, incluyendo violencia sexual, en contra de los comunitarios, en un contexto marcado por la falta de acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia.
Durante los últimos meses, se han dado una serie de situaciones que dibujan un escenario extremadamente complejo, y que han colocado a los y las dirigentes indígenas, así como a los activistas que les acompañan, en una situación de grave vulnerabilidad.

Estado de sitio y criminalización, al servicio de una transnacional española. 
El pasado 1 de mayo, el presidente Otto Pérez-Molina declaró un estado de sitio en el municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango) durante 17 días, tomando como excusa las movilizaciones de protesta que se produjeron a raíz del asesinato -presuntamente a manos de la seguridad privada de la empresa- del líder comunitario Andrés Francisco Miguel. Estos hechos se produjeron en el marco de un conflicto que enfrenta a los pueblos de la región con la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, que pretende construir una central hidroeléctrica sobre el río Q'amb'alam, sin consentimiento comunitario.
Puedes obtener aquí más información sobre el caso.maiz en el sueloAllanamiento de una vivienda familiar en una comunidad de Barillas, durante el estado de sitio declarado en mayo de 2012
Tal y como denuncian diversos colectivos sociales, en una carta abierta, desde la instalación del estado de sitio en Barillas, “se emitieron 33 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas por “plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir, y terrorismo”, sin fundamento alguno”. Además, se está usando la figura delictiva de actividades de narcotráfico de manera totalmente tergiversada, aplicándolas a los grupos de población y a los colectivos sociales que se oponen al proyecto de la Hidro-Santa Cruz.
“Con estas órdenes de captura -añade la carta- el Estado guatemalteco está tratando como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar, a personas que se organizan y que ejercen sus derechos. Se está usando la ley y el proceso penal con fines políticos, como un instrumento punitivo para criminalizar y desarticular a las ciudadanas y ciudadanos de Barillas que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica”.
A día de hoy, continúan detenidos 11 activistas comunitarios, en el marco de un proceso judicial irregular que tiene como finalidad la criminalización de la protesta contra el megaproyecto.

El cemento contra la comunidad, en San Juan Sacatepéquez
Desde el 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. impulsa el Proyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica de cemento y una cantera en el territorio de varias comunidades mayas kakchikeles, del municipio de San Juan Sacatepéquez. Dicho proyecto se ha puesto en marcha sin haber consultado previamente a los pueblos, y se viene desarrollando en un marco de conflicto generalizado que está causando un enorme impacto sobre sus derechos humanos.
marcha sanjuan capital2Las comunidades, en consulta popular, se declararon en contra de la cementeraEntre los hechos de violencia registrados, según ha podido documentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataques armados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, …), amenazas de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales que acompañan a las comunidades. Habitantes del municipio identificaron a los agresores como personal contratado de la empresa cementera.
Paralelamente, desde el año 2008 se inició el juicio en contra de tres comunitarios opuestos al proyecto, que a día de hoy siguen en prisión preventiva, a la espera de culminar un proceso que está siendo extremadamente largo y confuso.  
A pesar de todo ello, las comunidades sanjuaneras continúan haciendo valer el resultado de la consulta popular celebrada en mayo del 2007, en la que 8.946 habitantes expresaron su negativa a la construcción de la cementera -frente a 4, que votaron a favor-. A día de hoy, la empresa no ha podido culminar las instalaciones.

Intimidación y amenazas para acallar a la dirigencia indígena y social.
Una de las estrategias de control social que se están ejecutando en el país, es la intimidación permanente de los dirigentes indígenas y de otros líderes populares que acompañan a las comunidades en la defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. Durante los últimos meses hemos asistido a un aumento exponencial de estos hechos, que están impidiendo el desempeño del importante papel que estas personas juegan en la reivindicación de los derechos de sus pueblos.lolita chavezLolita Chávez, del CPK
A finales de 2011 se presentaron en la Fiscalía General dos querellas penales contra un total de 53 activistas sociales y personalidades políticas, acusándoles de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Entre los denunciados se encuentran personas con un amplísimo bagaje en el acompañamiento a las comunidades indígenas que luchan por reconstruir sus memorias colectivas, acceder a la justicia y defender sus territorios de los nuevas agresiones. Si bien el proceso tiene escasos visos de prosperar, el objetivo de estigmatizar al movimiento, e intimidar a los activistas sociales y populares guatemaltecos se ha conseguido.
domingo hernandezDomingo Hernández, de Uk'u'uxb'eA principios del presente año, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)denunció el ambiente de amenazas en que desarrolla su trabajo. Las amenazas se dirigen tanto contra sus integrantes, como contra varias comunidades que la organización acompaña en Alta y Baja Verapaz. Al respecto, PBI alertó de las intimidaciones y el clima de violencia que sufren las comunidades q'eqchi'es en el ejercicio de sus derechos territoriales.
En julio de 2012, la dirigente maya Lolita Chávez, del Consejo de los Pueblos K'iche' (CPK)sufrió una violenta agresión en la que resultaron heridas varias de sus compañeras, en lo que ha sido denunciado como un acto de intimidación en contra de su labor de acompañamiento a las comunidades de la región en la lucha contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos.
Y más recientemente, en el mes de septiembre, se han conocido las reiteradas amenazas y atentados perpetrados contra el líder maya Domingo Hernández Ixcoy, integrante de la Asociación Maya Uk'u'xb'e y miembro de la Convergencia Nacional Maya Waq'ib Kej, incluyendo el allanamiento de su vivienda. Domingo cuenta con una larga trayectoria de trabajo dirigido a fortalecer la lucha en defensa de la Madre Tierra, el territorio, y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

¿Un nuevo ciclo de resistencias y de confrontación?
En el espacio-tiempo que es la Guatemala actual, cuando ya han pasado más de 15 años desde que se firmó formalmente la paz, se está asistiendo a una confrontación brutal entre dos dinámicas opuestas.
Por un lado se encuentran las comunidades mayas de todo el país, que están tomando de nuevo las riendas de su historia, y ejercen una cerrada defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. En este camino de articulación de las luchas sociales, no sólo se está revitalizando el movimiento indígena y popular, sino que se está construyendo, desde abajo, un modelo de vida que pasa necesariamente por el respeto a la Madre Tierra y por el ejercicio irrenunciable de los derechos territoriales y de la autonomía comunitaria en la toma de decisiones.losencuentros minesandcommunitiesDesalojo de Los Encuentros (Sololá) en 2005
Así, y a pesar de haber padecido recientemente un intento de genocidio, los pueblos indígenas guatemaltecos iniciaron un nuevo ciclo de resistencias, que tuvo un punto de inflexión en 2005, cuando comunidades kakchikeles y k'iche's de Sololá se organizaron para impedir el paso de la maquinaria pesada que se utilizaría en la construcción de una mina en Huehuetenango (la Mina Marlin, en territorio mam). Ya entonces quedó patente la toma de conciencia y el aumento de las reivindicaciones que se estaba produciendo a nivel comunitario, y que se ha venido concretando en la celebración de decenas de consultas sobre megaproyectos, en un crecimiento exponencial de los actos públicos de reivindicación y, sobre todo, en un proceso de reestructuración social que recupera a las comunidades como sujeto político protagonista.
Por otro lado, la oligarquía de Guatemala -hoy, como ayer, aliada con el poder político y con el capital transnacional- recurre de nuevo a los mecanismos de terror que empleó durante los años de la guerra para tratar de enfrentar estos procesos comunitarios, capitalizar en sus manos las riquezas naturales del territorio, y mantener unos privilegios que hacen inviable al país, y que condenan a la miseria a la mayoría de la población.

dijous, 23 d’agost del 2012

Els biocombustibles des del punt de vista de Guatemala

En aquest material adjunt podreu conèixer fins a quin punt la utilització de biocombustibles que des del punt de vista occidental és tant ben vist per anar deixant enrere el petroli per altra banda certs països on es planten aquests productes, veuen perillar la seva forma de vida i sobretot la seva autosuficiència alimentària plantant per exemple la palma africana.
En el material hi apareixen alguns fruits propis de Guatemala que us il·lustro amb una imatge:

Ayote 
Chilacayote 
Fruit de l'anacardo o marañón 
Blat de moro 
Cacau 
Camote 
Yuca

dijous, 9 d’agost del 2012

Sta Cruz Barillas: los intereses tras una estado de sitio

Podeu consultar la informació del següent enllaç Sta Cruz Barillas: los intereses tras un estado de sitio en la qual podem trobar quins són els interessos reals de les empreses hidroelèctriques, de capital estranger, que pugnen i lluiten obertament contra les comunitats indígenes a Guatemala pels preciats recursos naturals i com el govern d'Otto Pérez Molina (+ info), un personatge realment esfereïdor, els dóna cobertura total criminalitzant els líders i lideresses d'aquestes comunitats.




Més informacions sobre el conflicte obert a Sta Cruz Barillas.

dilluns, 6 d’agost del 2012

IV Festival del Medio Ambiente























Reunió amb famílies de becats i la comissió de beques

Aquesta reunió va servir per conèixer l'estat de projecte de beques que porta a terme el sindicat USTEC des de fa molts anys a la comunitat de Primavera del Ixcán. Aquestes beques serveixen per a que joves de la comunitat puguin seguir estudiant després del básico. Tal i com vam poder constatar per part de les familíes, sense aquest tipus d'ajuda, els joves de la comunitat no podrien seguir estudiant. Tot i això per a moltes famílies significa un esforç realment molt dur tenir un fill o filla estudiant fora de casa ja que les beques no cobreixen el 100% dels estudis amb la qual cosa la família ha de posar-ne la part que manca. És per tant una decisió que es pren a nivell de família i en la qual es posa l'esforç de tots els i les membres.
Les beques també tenen com a contrapartida que com que se'n poden donar ben poques es demana als i les estudiants que quan acabin els estudis l'esforç que ha realitzat la comunitat per formar-los reverteixi en la pròpia comunitat.
Un dels punts més importants en aquest projecte és que es demana que en el sistema de distribució de les beques es tingui en compte un equilibri entre sexes, i que tant noies com nois puguin ser considerats vàlids per gaudir-ne.
Esta reunión sirvió para dar a conocer el proyecto de becas que lleva a cabo des de hace muchísimos años el sindicato USTEC en la comunidad de Primavera del Ixcán. Estas becas sirven para que los y las jóvenes de la comunidad puedan tener la oportunidad de seguir estudiando cuando finalizan la etapa del básico. Pudimos constatar que sin esta ayuda la mayoría de familias no podría enviar a sus hijos e hijas a estudiar fuera de la comunidad aunque también significa un esfuerzo muy grande por parte de ellas ya que la beca no cubre el 100% del gasto a nivel económico y la familia tiene que poner la otra parte. Es una decisión que se toma en el seno de la familia y en la cual se implican todos sus miembros.
Las becas también tienen la contraparte que como se dan muy pocas se pide a los y las estudiantes que cuando finalicen sus estudios reviertan en la comunidad su aprendizaje.
Uno de los puntos básicos en este proyecto es la repartición equilibrada entre chicos y chicas, se tiene en cuenta por lo tanto que reviertan en la misma proporción.