dijous, 23 d’octubre del 2014
dissabte, 4 d’octubre del 2014
Guatemala: Un país donde las cárceles acrisolan la mística revolucionaria de sus profetas encarcelados
sep 292014
Enviado a la página web de Redes Cristianas
La historia guatemalteca recordará este período neoliberal, no sólo como una dolorosa época de despojo-expulsión, y disolución de los derechos humanos, sino también como una etapa de la criminalización más cruenta de la defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra.
A las y los defensores de derechos, y a cuantos se atreven a despertar y a organizar a la población despojada, el Estado-empresa neoliberal los declara ipso facto “enemigos internos”, los persigue y encarcela, si acaso no son asesinados selectivamente.
Hace más de 3 meses atrás, tres defensores de derechos del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fueron secuestrados por agentes particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE, e inmediatamente ligados a proceso penal (sin que existiera orden de detención). Uno de los secuestrados-encarcelados es Don Mauro Vay (MV), de 60 años de edad. Incansable defensor de derechos. Fundador y coordinador nacional de CODECA. Él, en la cárcel de Huehuetenango, nos concedió la siguiente aleccionadora e interpelante entrevista.
O.I. ¿Quién es Mauro Vay?
M.V. Soy campesino de la clase desposeída, dirigente consciente de la lucha revolucionaria. Vengo de una familia muy desposeída. Pero, en el transcurso de mi vida, he aprendido que no hay otro camino que hacer cambios. (…), persigo cambios y no me importa a cualquier costo.
O.I. ¿Qué le motivó y motiva a gastar su vida en la lucha social?
M.V. Al inicio, la pobreza, la experiencia de la vida en el campo. De cómo se manejaba la explotación, la discriminación. Esa es parte de una experiencia sufrida, por eso vi que era necesario luchar.
Por otro lado, la formación que recibí de un Jesuita, en los años 80, Padre Marcelo, de Bélgica. Con Él aprendí lo que es el compromiso cristiano. Desde allí, yo me consagré. Antes, yo sentía que era necesario hacer algo contra las injusticias, pero me entretenía con la orientación religiosa anterior que nos decían que es pecado hacer algo, es pecado. Yo sentía esa lucha interna entre lo que yo miraba en la realidad y lo que me decían que era pecado hacer algo por cambiar las injusticias. Desde aquella formación con el Jesuita comprendí mi compromiso cristiano (…), buscar las transformaciones sociales con dignidad sin importar el costo. Desde allí, me formalicé en la lucha revolucionaria.
O.I. ¿Qué le hizo perder el miedo a la cárcel, incluso a la muerte?
M.V. Yo siento que es la convicción de luchar y el sentir cristiano de que uno tiene que dar la vida por los demás. Esto me hace convencer de que yo no estoy perdido. Tengo una base cristiana y tengo una base social donde aprendí, en el campo, el sufrimiento, la explotación. La fe cristiana me hace convencer de que yo puedo arriesgarme, pero que también tengo la capacidad de evadir cualquier poder que hay en la tierra con la ayuda de Dios.
O.I. La mayoría de los ex guerrilleros se desmovilizaron y se acomodaron después de los Acuerdos de Paz. Don Mauro siguió en la lucha, ¿por qué?
M.V. Cada guerrillero tuvo su formación desde la estructura en la que estuvo. La mayoría de los guerrilleros fueron formados desde el punto de vista materialista. Entonces, se manejó una situación de capacidad de conciencia militar, pero la conciencia a veces cambia cuando no hay una fortaleza espiritual en la persona.
Yo considero que eso, a muchos de los ex combatientes, lo desvaneció al cambiar de situación de vida. Pero, también hay muchos ex combatientes que espiritualmente se consagraron en el conocimiento y en la convicción, y, ahora, siguen en la lucha. En mi caso, mi convicción religiosa, mi experiencia de sufrimiento, la compresión y la fuerza espiritual que tengo me mantiene y mantendrá en la lucha.
O.I. Ud. comenzó en la lucha social, luego transitó a la lucha militar, y finalmente se incorporó en la lucha sociopolítica, ¿por qué esos quiebres?
M.V. Por eso. Dada la coyuntura he aprendido mucho. Yo empecé en lo religioso, luego en la lucha social campesina, luego en la lucha militar. Y, ahorita, que se firmó los Acuerdos de Paz, nunca desconocí del movimiento social, inmediatamente formé el movimiento social, y sé las estrategias del movimiento social, porque nací de ese movimiento social.
La lucha militar fue transitorio, y en el momento en que lo pidió la necesidad. A la firma de los Acuerdos de Paz era necesario, pues, la lucha social. Y lo hice, porque estoy formado. Tengo la capacidad política y militar.
O.I. ¿Qué buscaban las guerrillas, y qué busca, ahora, CODECA?
M.V. Cambiar el sistema. Estoy encarcelado por que el sistema capitalista neoliberal nos asume como enemigos a todos cuantos luchamos por los derechos. En la guerrilla aprendimos a identificar al enemigo. Sé que se cometieron muchos errores, pero aprendimos de esos errores. El hostigamiento militar nos distrajo del objetivo de la construcción del poder local. Ahora, vamos por la construcción del poder de abajo hacia arriba para hacer las transformaciones estructurales.
Con la guerrilla no logramos la expansión organizativa, ahora sí tenemos organización a nivel nacional. Con la guerrilla no hemos logrado el involucramiento de la clase media, con el movimiento sí lo estamos logrando.
O.I. ¿Qué le motivó a organizar CODECA?
M.V. La misma necesidad, el mismo proceso, la misma convicción revolucionaria, el mismo compromiso cristiano. Era necesario hacer algo. Yo no tenía contacto con ningún movimiento. Los movimientos en ese tiempo eran clandestinos. Por eso tuve que formar CODECA. Yo quise integrarme a los movimientos existentes, pero no tuve oportunidad. Yo busqué a los movimientos, pero no pude encontrar en ese tiempo. Por esa razón fui obligado a formar a CODECA. Aun estando CODECA, yo quise ser miembro de otro movimiento. Yo no quería encabezar. Yo quería empujar desde abajo y que otros encabezaran. Probamos en CUC (Comité de Unidad Campesina) y en CONAMPRO, pero los líderes eran demasiados celosos. No pudimos integrarnos. Por eso, a ley tuvimos que formar CODECA con otros compañeros y compañeras.
O.I. ¿Cuáles son los impactos que deja con su lucha desde la organización?
M.V. Ahorita, yo veo que ya hay mayor organización, con una definición ideológica cada vez más clara. En el país, hay y existió montón de organizaciones pero sin definición clara de lo que se quiere. Ahora, ya existe una definición clara con visión de país. CODECA plantea hacer las transformaciones estructurales en el Estado y en la sociedad.
Esta visión política, ideológica, de transformaciones estructurales con visión de país, no teníamos antes. Antes sólo estuvimos organizados por demandas sectoriales, y no con una visión de país.
O.I. ¿Cómo hacer estas transformaciones estructurales en Guatemala?
M.V. La base principal es la organización. Para promover la organización hay que utilizar varios argumentos, varias demandas que representen a todos los sectores del país. Nuestra demanda inicial fue el acceso a tierra. Luego, los derechos laborales y la recuperación de los bienes y servicios comunes privatizados. Ahora, las transformaciones estructurales del país.
Ahorita, yo estoy en la cárcel, pero la expansión organizativa ya está. Sabía que la lucha por la recuperación de la energía eléctrica era riesgoso, pero las circunstancias organizativas eran necesarias, y no me arrepiento. Las ideas y la lucha siguen, y eso me satisface.
La gente ya tiene información y formación. Ahora, si quienes están organizados siguen optando políticamente por la derecha, pues, por lo menos ya saben a qué se atienen.
Ahora, no podemos darnos el lujo de dividir a la izquierda. Debemos fortalecer a la izquierda.
O.I. ¿Cómo cambiar la mentalidad de muchos dirigentes actuales de la izquierda política que no creen en la asamblea, desobedecen a las bases sociales, no creen en los movimientos sociales?
M.V. Esos pensamientos radicales de algunos dirigentes de la izquierda van a ser transitorios. Por un lado, porque la población se está organizando y va asumiendo responsabilidad. Por el otro lado, que también ya están caducando. Ellos están caducando físicamente e ideológicamente. Queda el nuevo liderazgo. Yo confío en el nuevo liderazgo. No en ese liderazgo idiota que ha estado, y que simplemente se han sentido de nombre revolucionarios, pero más no de acción. Lo que estamos planteando y promoviendo es una revolución de acción.
dimarts, 23 de setembre del 2014
NOTICIAS QUE NO SALEN EN LOS MEDIOS - Guatemala
NOTICIAS QUE NO SALEN EN LOS MEDIOS
#Video
PNC DISPARA CONTRA POBLACIÓN DESARMADA, crónica de los hechos
Mientras la ciudad capital celebraba un feriado mas el pasado 15 de Agosto, un contingente de la Policía Nacional Civil disparaba contra la población en Semococh Alta Verapaz, dejando como saldo trágico 3 muertos...
EL CONFLICTO:
Monte Olivo
Comunidad fundada en 1986 a orillas del río Dolores, poco después del conflicto armado interno, era un lugar tranquilo donde no habían dificultades para trabajar. La tranquilidad de Monte Olivo se vió violentada en 2008 cuando el finquero David Leonel Ponce compró la finca Xalajá en Cangüinic, para construir la represa de la hidroeléctrica Santa Rita sobre el río Dolores.
Luego de que los vecinos solicitaran una consulta comunitaria, en 2011 la empresa Hidro Santa Rita contrató maquinaria para iniciar el dragado del río en las próximidades de la comunidad.
El 9 de febrero de 2012, 20 comunidades se manifestaron en contra del proyecto hidroeléctrico y exigieron el retiro de los camiones y la maquinaria como respuesta el gobierno represivo de la "mano dura" colocó un destacamento militar en la comunidad y un puesto de control en la entrada, sin embargo la comunidad de manera organizada y pacifica logró retirar el destacamento militar el 5 de abril de 2012, a partir de ese momento el conflicto se intensifico, desde hostigamiento, criminalización de lideres del movimiento, hasta llegar al asesinato de dos niños.
A finales de enero de 2014 la represión llego a un punto álgido, pues se habían girado 16 órdenes de captura contra líderes de la Comunidad de Monte Olivo por diversas situaciones.
El 30 de julio de 2014 clandestinamente se firma un convenio entre representantes de la Hidroeléctrica, Gobierno y suspuestos representantes de la comunidad, "represenantes" que nadie conoce en la comunidad.
ENFRENTAMIENTO
Un contingente policial sin prescedentes, donde se solicitaron patrullas y agentes del El Progreso, San Marcos, Retalhuleu y muchos departamentos mas del país, se dirigia a Monte Olivo para desalojar la resitencia pacífica, en solidaridad vecinos de Semococh quisieron interrumpir el paso del contingente, estos respondieron disparando contra la población civil, muchos pobladores tuvieron que refugiarse en las montañas como en los tiempos del conflicto armado interno, el saldo trágico fue: 3 muertos, todos ellos vecinos de Semococh.
Puchica Muchá
Comunidades en resistència contra cementeras - GUATEMALA
Las Doce Comunidades Organizadas
y en Resistencia de San Juan Sacatepéquez
Ante la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y pueblos en general, en relación a la masacre suscitada el 19 y 20 de septiembre de 2014, hace saber que:
Ante la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y pueblos en general, en relación a la masacre suscitada el 19 y 20 de septiembre de 2014, hace saber que:
El día viernes 19 de septiembre, alrededor de las
21:45 horas, en la comunidad los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, se escucharon
detonaciones de arma de fuego, por lo que un grupo de cinco comunitarios
delegados por las autoridades locales, decidieron verificar lo que estaba
sucediendo. A su encuentro salieron al menos diez hombres armados, que fueron
identificados como trabajadores de la empresa cementera Cementos Progreso,
quienes abrieron fuego contra los comunitarios sin mediar palabra, en donde
hirieron de gravedad a tres de ellos, quienes fueron trasladados a un centro
asistencial, sin embargo el compañero Juan José Pajoc Chajaj murió pocos
minutos después.
Las personas de la comunidad, al ver lo sucedido,
decidieron acudir al lugar para entregar a la policía a los trabajadores de la
empresa cementera, sin embargo éstos se dieron a la fuga y se refugiaron en una
casa particular, en donde les acompañaban un grupo aproximado de 10 personas.
Aproximadamente a las 22 horas personas de la comunidad llaman a la Policía
Nacional Civil, para denunciar lo sucedido y pidieron presencia policial. Sin
embargo, mientras esperaban la presencia de las autoridades, los trabajadores
de la empresa cementera, comenzaron a abrir fuego nuevamente en contra de las y
los comunitarios que rodeaban la vivienda. Seis personas más, resultaron
gravemente heridas, en donde se encuentran los hermanos Hermenegildo y
Francisco Pajoc Chajaj (hermanos del comunitario asesinado momentos antes) y,
posteriormente fueron trasladados de emergencia al centro asistencial de San
Juan Sacatepéquez, sin embargo, dos de los compañeros heridos, incluyendo a
Justo Raxon Chocón de 28 años, fallecieron en la mañana del día 20, por la
gravedad de las heridas provocadas por dichos grupos paralelos de la Cementera.
Ante la negativa de la policía Nacional Civil, de
acudir al lugar en donde se estaba perpetrando esta masacre, las autoridades
comunitarias delegaron una comisión para solicitar a la estación de la PNC de
San Juan Sacatepéquez que acudieran a la comunidad los Pajoques ya que no
cesaban los ataques con armas de fuego en contra de los comunitarios.
Aproximadamente a las 23:45 horas la policía accedió a acompañarlos, sin
embargo a pocos kilómetros de la comunidad decidieron no continuar hasta el
punto argumentando que eran pocos elementos y que solicitarían más policías
antimotines para poder entrar a la comunidad, sin embargo nunca hicieron
presencia en la comunidad dichos elementos para tomar el control de la
situación.
12 horas después, llega el Ministerio Público, la
Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos a verificar lo
sucedido. Y 15 horas después de los hechos se presenta el Ministro de
Gobernación, Mauricio López B. con la intención de decretar un estado de sitio,
que finalmente el Ministro impone la presencia policiaca por 2 días y 2 noches.
(sábado día y noche, domingo día y noche).
Ante estos hechos DENUNCIAMOS:
1. La falta de voluntad y autoridad de la Policía
Nacional Civil y Ministerio Público destacados en San Juan Sacatepéquez.
2. Que los hechos son responsabilidad total de las personas que actúan en nombre de la Empresa Cementos Progreso y la negligencia del Estado.
3. Que es una acción paramilitar con el modus operandi, aplicada durante el conflicto armado interno.
4. Que es una acción que se ha orquestado para seguir criminalizando a los comunitarios que durante muchos años ha luchado por la vida y por la tierra.
2. Que los hechos son responsabilidad total de las personas que actúan en nombre de la Empresa Cementos Progreso y la negligencia del Estado.
3. Que es una acción paramilitar con el modus operandi, aplicada durante el conflicto armado interno.
4. Que es una acción que se ha orquestado para seguir criminalizando a los comunitarios que durante muchos años ha luchado por la vida y por la tierra.
RESPONSABILIZAMOS:
1. Al Presidente de la República, Otto Fernando Pérez
Molina, por no escuchar ni atender las demandas de las comunidades que han
planteado en distintas oportunidades, el rechazo del mega proyecto instalado,
sin las respectivas consultas que constitucionalmente se deben de hacer.
2. Al Director de la Policía Nacional Civil, Telemaco
Pérez, por no tomar las medidas necesarias, ni coordinar con las sub estaciones
del área, para controlar los ataques armados en contra de los comunitarios de
la comunidad los Pajoques en el momento en que se solicitó su intervención para
que se apersonaran en el área.
3. Al Presidente Otto Perez Molina y al Ministro de
Gobernación, Mauricio López Bonilla por colocar los aparatos de seguridad
estatal al servicio de la iniciativa privada, en este caso a la empresa
Cementos Progreso.
4. Al Ministerio Publico, por ignorar la violación a
los derechos humanos de la comunidad de los Pajoques, cuya acción es proteger
su propiedad de la expropiación de manera obligatoria que está ejecutando la
empresa CEMENTOS PROGRESO y TORANSA S.A .
5. A la Empresa Cementera: CEMENTOS PROGRESO y a la
Familia Novela – Torrebiarte, por atentar contra la vida de las comunidades y
emplear la violencia para desarrollar este mega proyecto que atenta contra la
Madre Tierra, los recursos naturales y contra los derechos humanos de los
comunitarios.
EXIGIMOS:
1. Que el Ministerio Público asuma la responsabilidad
de hacer una investigación objetiva y a profundidad, de las personas que
provocaron dicha masacre en la comunidad de los Pajoques.
2. A la Presidencia de la República que detenga la
continuidad de dichos mega proyectos, que ha costado la sangre derramada en
esta masacre.
3. A la PNC que velen por la seguridad de las grandes
mayorías, en este caso, de la ciudadanía que están defendiendo los recursos
naturales existentes en las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez.
Las 12 comunidades manifiestan su solidaridad con las
familias de los mártires caídos en la defensa del territorio y reiteramos
nuestra resistencia pacífica como ha sido hasta hoy día, reiterando el rechazo
a los mega proyectos, instalados en nuestro territorio.
¡Nuestra resistencia es por la vida de todas y todos!
Representantes de 12 comunidades
de San Juan Sacatepéquez
dimarts, 8 de juliol del 2014
ONU DERECHOS HUMANOS MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR VULNERABILIDAD QUE AFRONTAN DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
| COMUNICADO DE PRENSA |
Ref. 072014
7 de julio de 2014
ONU DERECHOS HUMANOS MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR VULNERABILIDAD QUE AFRONTAN DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
GUATEMALA. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) manifiesta su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad que las defensoras y los defensores de derechos humanos y sus organizaciones -nacionales o internacionales- afrontan al realizar su trabajo de defensa de los derechos humanos, en particular la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas, en el marco de la explotación de los recursos naturales.
En este contexto, preocupa particularmente la reciente decisión de la Dirección General de Migración de cancelar la residencia temporal de dos defensores de derechos humanos quienes, en cumplimiento del mandato de Brigadas de Paz han dado acompañamiento internacional en Guatemala a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones.
ONU Derechos Humanos recuerda la importante labor que desempeña la cooperación internacional y el invaluable trabajo realizado por personas, grupos y asociaciones, nacionales e internacionales, en la promoción y defensa de los derechos humanos en Guatemala, como elementos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.
ONU Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades nacionales para que revisen la decisión de cancelar la residencia temporal a dos miembros de Brigadas de Paz y reconozcan públicamente la labor que desarrollan defensoras y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales en Guatemala. Asimismo, llama a garantizar el ejercicio de sus labores en un entorno seguro y propicio, de conformidad con la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos (A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999) y la Resolución 22/6 sobre Protección a Defensores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (A/HRC/RES/22/6, 12 de abril de 2013).
***
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala
4ª. avenida 12-48, zona 10. Tel. 2382-3400
informacion@ohchr.org.gt / FB: OACNUDHGuatemala / @Oacnudh_Gt
LLAMADO URGENTE
- EL OBSERVATORIO
GTM 003 / 0714 /
OBS 063
Hostigamiento /
Actos de difamación
Guatemala
7 de julio de 2014
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y
de la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH), solicita su intervención URGENTE
ante la siguiente situación en Guatemala.
Descripción de la
situación:
El Observatorio
ha
recibido con grave preocupación
informaciones de fuentes
fiables sobre la cancelación de la residencia
temporal en Guatemala a dos personas del equipo de voluntarias y voluntarios de
Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International - PBI) en el país. PBI es una organización no gubernamental que trabaja para la protección
del espacio de actuación
de los/as defensores/as de derechos
humanos y otros activistas de la sociedad civil que sufren represión por su trabajo
no violento en pro de los derechos humanos, la paz y la justicia social.
Según las informaciones recibidas, el día
1 de julio de 2014, tras haber
sido citados mediante comunicación escrita de 25 de junio
de 2014 (recibida el 26 de junio), dos integrantes del grupo de PBI de nacionalidad
española y chilena, se notificaron personalmente ante la Dirección
General de Migración
(DGM) del Ministerio
de Gobernación. Durante la reunión,
los dos voluntarios fueron informados de que por resoluciones dictadas el mismo
1 de julio
por la Subdirección de Operaciones
de Extranjería de la DGM, su residencia temporal
quedaba cancelada y en consecuencia se les concedía el plazo de 10 días para abandonar
el país.
Si bien es verdad
que el artículo 92 de la Ley de Migración, prevé la facultad de la DGM de cancelar residencias temporales previamente otorgadas y de “suspender
la permanencia de extranjeros por razones de orden público, interés nacional
y seguridad del Estado”, todas estas decisiones deben ser debidamente motivadas.
Sin embargo, las dos resoluciones que cancelan
la
residencia temporal de los dos voluntarios
de PBI carecen de razonamiento alguno que fundamente la decisión adoptada. Frente a dicha decisión no justificada, los dos
voluntarios de PBI, a través de su abogado, presentaron un recurso de revocatoria.
Según las mismas
informaciones recibidas, los dos voluntarios afectados por dichas resoluciones, estuvieron presentes, el pasado 23 de mayo de
2014, en La Puya, dónde observaron el desalojo
violento del plantón de la Resistencia Pacífica de la Puya,
un grupo que viene luchando pacíficamente en contra de la explotación minera en el país. De hecho, desde febrero
del 2013, el Estado de Guatemala, estableció el tema de la minería como un asunto de seguridad
nacional. Durante dicha ocasión, miembros de la DGM, por medio de agentes de la
Policía Nacional Civil, se acercaron a los miembros de PBI, pero al comprobar que
el estatus migratorio estaba en orden, se retiraron del lugar.
El 3 de junio del
2014, el PBI alertó sobre los hechos anteriormente descritos1.
Según las mimas
informaciones, tras dicho suceso, los medios de comunicación
emitieron en repetidas ocasiones declaraciones difamatorias en contra de la presencia
y trabajo de ‘extranjeros’
y organizaciones internacionales. Entre otros, el
periodista Rolando Antonio Castillo López
publicó un articulo el 27 de mayo de 2014 en el Diario de
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Centroamérica dónde, entre otras afirmaciones, decía “sorprende cuando dicen representar
a organizaciones de derechos
humanos o ambientalistas,
cuando lo que hacen
es provocar, iniciar el fuego social que termina en enfrentamientos entre grupos y fuerzas de la seguridad”. De una forma similar,
el periodista Humberto Preti, en
otro artículo publicado el 31 de mayo
en la Prensa
Libre, afirmaba que el voluntario de nacionalidad chileno
de las Brigadas
de Paz “[…]
está ilegalmente
en el país”
y refiriéndose a todas las organizaciones
internacionales presentes en el país comenta que “no sé a qué esperan nuestras autoridades
para expulsar a ciertos grupos”. En relación al periódico llamado Prensa Libre,
en un articulo del 26 de mayo de 2014, publicaba que: “[…] existen grupos foráneos
interesados en causar problemas sociales
en el país […], se trata de un abuso a lo permitido a quienes tienen visa de turista”.
Asimismo, la pagina de Facebook de la “Fundación Contra el Terrorismo Guatemala”
el 6 de julio publicó una foto con dos personas que llevan las
camisetas de PBI, pero
que no han sido identificadas por el mismo PBI como voluntarios
o trabajadores de la organización. Bajo la
foto se adjuntan los siguientes comentarios: “¡Ya no más vividores extranjeros que lucran
de la confrontación y el odio entre Guatemaltecos!” y “Si las Brigadas
Internacionales son “de paz” ¿Por qué solo crean más conflicto?”.
El Observatorio
condena rotundamente la decisión de la Dirección General de Migración de cancelar la residencia
temporal de los dos voluntarios
de PBI, y teme que
dicha decisión haya sido motivada por falsas informaciones emitidas por algunos medios de
comunicación y por su presencia en calidad de observadores durante el desalojo violento
que tuvo lugar en La Puya el pasado 23 de mayo de 2014.
El Observatorio
alienta a las autoridades
guatemaltecas a reconsiderar su decisión y anular las resoluciones injustificadas de la
DGM del 1 de julio de 2014.
Antecedentes:
PBI cuenta con personería
jurídica en Guatemala desde 1995, concedida el 10 de marzo de 1995 por el Ministerio de Gobernación, y, está debidamente acreditada y registrada frente a las instituciones públicas
de acuerdo con las leyes nacionales. Asimismo, todos los voluntarios, tras su llegada al país, inician los tramites necesarios para solicitar la residencia temporal de acuerdo con las leyes
migratorias de Guatemala. Así, PBI y sus voluntarios actúan siempre de acuerdo a las leyes y de forma
regular, se informa a las autoridades sobre las actividades que se llevan dentro
del territorio y en el extranjero.
Acción solicitada:
Favor dirigirse
a las autoridades de Guatemala instándolas a:
i. Reconsiderar su decisión y anular las resoluciones injustificadas
de la DGM del de 1 de julio de 2014 por las que se cancela la residencia temporal
de los dos voluntarios de PBI, así como revocar
la decisión de expulsar
del territorio guatemalteco a los dos voluntarios de PBI;
ii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los miembros de PBI y de todos los
defensores de derechos humanos en Guatemala;
iii. Asegurar la
aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los
Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de
1998, en particular
en lo referente al:
- Artículo 1: “Toda
persona tiene derecho,
individual o colectivamente,
a
promover y procurar la protección y realización
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional
e internacional.”
- Artículo 12.2:
“El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia,
discriminación,
negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;
iv. De manera general,
garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo
el país de
conformidad con las
normas internacionales de derechos
humanos ratificadas por Guatemala.
Direcciones:
• Licenciado Otto Pérez
Molina, Presidente de la República de Guatemala,
Casa
Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala,
Fax: +502.221.44.23; +
502.238.35.79
• Lic. Héctor Mauricio
López Bonilla, Ministro de Gobernación, 6a.
Avenida 4-64, zona
4, nivel 3,
Ciudad
de Guatemala,
Fax: +502.362.02.39
/ +502.362.02.37
Twitter:
• Sr. Comisario
General Telémaco
Pérez Garcia, Director
General de la
Policía
Nacional Civil, 10a.
Calle 13-92 zona
1, Ciudad de
Guatemala - Guatemala.
Fax: +
502.2251.9382
• Don Jorge Eduardo
De León Duque, Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH),
12 Avenida
12-72, zona 1,
Ciudad
de Guatemala,
Fax:+ 502.238.17.34
E- mail:
gmasariegos@pdh.org.gt Twitter: @PDHgt
• Lic. Antonio Arenales Forno, Comisión Presidencial de Derechos
Humanos, COPREDEH, E-mail: copredeh@copredeh.gob.gt ; 2a Avenida 10-50
Zona 9, Ciudad de Guatemala, FAX:+ 502.2334.0119. Twitter: @COPREDEH
• Lic. Thelma Esperanza
Aldana Hernández, Fiscal General de la República, Jefe del Ministerio Público, E-mail: fiscalgeneral@pm.lex.gob.gt 15 Avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona,
8o nivel, Ciudad de Guatemala, FAX: + 502.2411-9124/ + 502.2411 93 26
• Embajador Luis Fernando
Carrera Castro, Ministro de Relaciones
Exteriores, 2ª Avenida 4-17, zona
10,
01010, Ciudad de Guatemala. Tlf: + 502
2410 0000, E-mail:
webmaster@minex.gob.gt
• Sr. Embajador Francisco Villagrán de León, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en
Ginebra. Chemin de
Sous-Bois 21, 1202
Ginebra. FAX: +
• Embajada de Guatemala
en
Bruselas, 185 avenue Winston
Churchill, 1180 Uccle,
Bélgica. Fax: + 32 2 344 64 99. Correo-E: embaguate.belgica@skynet.be
Favor escribir también
a las Representaciones Diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países.
***
Ginebra-París, 7
de julio de 2014.
Favor informarnos
sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de la FIDH, está
destinado a la protección
de los defensores de derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles
una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar el
Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
• Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / + 41
22 809.49.29
• Tel. y fax FIDH: (+33 1) 43 55.25.18 / 4355.18.80
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y DEL LIBRE EJERCICIO DE LA ABOGACIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA.
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y DEL LIBRE EJERCICIO DE LA ABOGACIA DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA.
En reunión del Comité permanente
de dicha comisión, celebrada el pasado
dia 19 de junio de dos mil catorce se tomó, por unanimidad, el acuerdo de hacer
público el siguiente pronunciamiento:
La Comisión
Permanente de la Comisión de Defensa de los Derechos de la persona y del libre
ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona ha tenido
conocimiento a través de los representantes del Gobierno plurinacional de las
naciones mayas de Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poti y No Indigena, de la
gravísima situación en la que se encuentran las personas de dichas comunidades.
En concreto,
se informa que la concesión a varias empresas multinacionales por parte del
Gobierno de la República de Guatemala de numerosas licencias para proyectos
hidroeléctricos y de explotación de recursos mineros a cielo abierto está
poniendo en riesgo, no solo el equilibrio medioambiental de la zona, sino lo
que es más grave, la propia supervivencia de las personas y comunidades que vivían
en estas tierras del altiplano guatemalteco.
De los datos
aportados se desprende que la compra de las tierras, donde se pretenden
realizar las actividades de explotación minera e hidroeléctrica, se ha llevado
a cabo con engaño y bajo amenazas y coacciones y a través de personas
interpuestas. Se ha podido constatar también
el soborno de líderes de las comunidades, la ocupación sin título alguno de otros terrenos, el intento de introducir
con nocturnidad máquinas para modificar la configuración de las tierras, la instalación
de minas antipersona, la contratación de
empresas de seguridad externas que actúan al margen de las leyes e imponen
situaciones por la fuerza, con lesiones por arma de fuego e incluso el
homicidio. La criminalización y no
reconocimiento de los líderes comunitarios, se han convertido en las prácticas
habituales de estas empresas multinacionales, amparadas por el silencio
cómplice de los responsables políticos del estado guatemalteco.
Frente a ello,
se indica que la única actuación del Gobierno ha sido el suspender las
garantías constitucionales y la imposición de un estado de sitio, el decomiso
de escrituras de propiedad y documentos de identificación, la persecución penal
de los defensores de los derechos humanos y la tan socorrida como partidaria y vacía
imputación de vinculaciones terroristas contra los representantes comunitarios.
Especial
impacto han tenido estas conductas en las mujeres indígenas que han sufrido
vejaciones, intimidación, abusos de autoridad, agresiones sexuales, detenciones
ilegales, allanamiento en vivienda, etc.
En nuestro
criterio, todas estas circunstancias descritas son incompatibles con un Estado
de Derecho y con el obligatorio respeto a los derechos humanos exigible, en
todo caso, de cualquier país que pretende aparecer ante la comunidad
internacional como país democrático y obtener, por ello, el consiguiente
reconocimiento internacional.
Es por ello
que reclamamos que por las Autoridades competentes se tomen las medidas necesarias
para garantizar:
·
Que se ponga fin a las medidas de excepción y
represión que suponen limitación de los derechos humanos.
·
Que se persigan con celeridad las vulneraciones
de la ley llevadas a cabo por los miembros de las empresas de seguridad
privadas.
·
Que se respeten los derechos de propiedad y de
cultivo que pertenecen históricamente a los pueblos de la comunidad indígena.
·
Que, previa a cualquier licencia de explotación
hidroeléctrica o minera en la zona, se exija un informe de respeto a las
condiciones medioambientales ratificado por los órganos de representación del
Gobierno plurinacional de las naciones
mayas de Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poti y No Indigena.
·
Que se impongan normas de actuación del Gobierno
de la República de Guatemala que determinen el respeto de los derechos humanos
y los acuerdos internacionales sobre esta materia.
Todo ello, en
el bien entendido que tomamos como propio el interés por mantenernos informados
de los acontecimientos que se vayan produciendo en relación a este conflicto, así
como de denunciar públicamente todas aquellas circunstancias que supongan
vulneración de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos.
Barcelona, a
veinte de junio de dos mil catorce
dissabte, 5 de juliol del 2014
Des de Brigades Internacionals de Pau de Catalunya ens informen de la situació del l'equip a Guatemala.
La Dirección General de Migración de Guatemala ha cancel·lat la visa de dos membres de PBI Guatemala (una espanyola i un xilè). Aquesta cancel·lació té lloc després de l'observació que aquestes dues persones van fer del desallotjament violent a La Puya el passat 23 de maig i que va venir seguida de greus difamacions a mitjans de comunicació en contra d'"estrangers" i organitzacions internacionals.
És una situació molt greu que, com ja sabeu, respon a una estratègia més àmplia de deslegitimació de la feina en defensa dels drets humans a Guatemala i de tota acció de suport.
En aquests moments estem activant la nostra xarxa de suport (cos diplomàtic, MAECs*, etc.) per a exercir pressió i que s'anul·lin les resolucions de cancel·lació, així com també que es doni suport públic a la feina d'acompanyament internacional que PBI Guatemala porta fent des
de 1983.
Mari Vera
Brigades Internacionals de Pau de Catalunya
*Ministeris d'Assumptes Exteriors i de Cooperació
Julio de 2014. Guatemala
CARTA ABIERTA:
cancelación de residencia temporal
a dos PERSONAS
voluntarias de Brigadas INTERNACIONALES de Paz
Un nuevo ataque contra el derecho a
defender derechos humanos
2 de julio de 2014
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Guatemala quiere llamar la
atención y compartir su profunda preocupación debido a la cancelación de la
residencia temporal en Guatemala a dos personas del equipo de voluntarias y
voluntarios de PBI en el país. Se trata de una medida adoptada por la Subdirección
de Operaciones de Extranjería, de la Dirección General de Migración (DGM) -
Ministerio de Gobernación, en dos resoluciones del 1 de julio, sin que consten
las razones o hechos que motivan la decisión. La situación resultante, afecta a
ambas personas y a su estatus migratorio, así como a la labor de acompañamiento
y observación internacional para la defensa de derechos humanos que PBI realiza
en Guatemala desde hace más de 30 años.
El 1 de julio
2014, dos integrantes del equipo de PBI, de nacionalidad chilena y española, se presentaron ante la institución
mencionada, que les había citado mediante notificación escrita de 25 de junio
(recibida el 26) con el fin de proporcionar, respectivamente, “información
referente a su Residencia Temporal”. Durante la reunión, en presencia de la
representante legal de PBI en el país y de un abogado, ambas personas fueron
informadas de que quedaba cancelada su residencia temporal y que contaban con
un plazo de 10 días para abandonar el país. Sin embargo, las resoluciones que
recibieron por escrito carecen de razonamiento alguno sobre hechos concretos que
fundamenten la decisión adoptada.
PBI cuenta con personería jurídica en
Guatemala desde 1995[1], y está
debidamente registrada y acreditada ante las instancias públicas competentes, contando
con representación legal y capacidad de obrar y actuar en el marco de su
mandato y misión. Cada voluntario y voluntaria de PBI inicia el trámite de solicitud
de residencia temporal a su llegada al país cumpliendo con la normativa migratoria.
En todo momento, PBI y sus voluntarios y voluntarias en Guatemala actúan dentro
del marco legal. Regularmente, las autoridades nacionales son informadas de
nuestro quehacer en el país y en el exterior.
El voluntario y la voluntaria de PBI a quienes se refieren
las resoluciones, mantuvieron presencia internacional en La Puya el 23 de mayo
y observaron el desalojo violento del plantón de la Resistencia Pacífica de la
Puya, sobre el cual PBI alertó en junio[2]. Representantes de la DGM presentes en La Puya en el momento del
desalojo, se retiraron del lugar sin dirigirse directamente a las personas
interesadas, tras comprobar que su situación migratoria estaba en orden mediante
la verificación de su documentación identificativa por agentes de policía.
En las semanas
siguientes, varios medios de comunicación guatemaltecos se
expresaron de forma difamatoria en contra de “extranjeros” y organizaciones internacionales.
Nos preocupa que la decisión de retirar
la residencia temporal a dos integrantes del equipo de PBI pueda tener relación
con informaciones falsas recogidas en medios de comunicación sobre el trabajo
de observación internacional durante el desalojo.
En el actual contexto caracterizado por el cierre de
espacios para defensores y defensoras de derechos humanos, nos preocupa
asimismo que las resoluciones mencionadas perjudiquen las posibilidades de acompañamiento y observación
internacional para contribuir a proteger espacios no-violentos de resolución de
conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Guatemala. La labor que desarrolla PBI en el país responde, en todo caso,
a la petición de organizaciones y actores sociales que tienen derecho a
defender tales derechos, y a solicitar acompañamiento y observación internacional
cuando debido a ello enfrentan amenazas y agresiones.
[1] Concedida el 10 de marzo de 1995 mediante Acuerdo Ministerial
148-95, del Ministerio de Gobernación.
[2] PBI, “Desalojo violento de la Resistencia Pacífica de La Puya”,
Guatemala, 3.06.2014, http://www.pbi-guatemala.org/field-projects/pbi-guatemala/latest-news/news/?no_cache=1&L=0&tx_ttnews[tt_news]=4272&cHash=e2a749c4c1508c6e7a7ff9e3d37166c2
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