dimecres, 28 de maig del 2014

Segueix la repressió a Guatemala! - ¡REPRESION EN 12 COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ!!!!!!

¡REPRESION EN 12 COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ!!!!!!

Nuevamente se vive una fuerte tensión en las 12 comunidades de san Juan Sacatepéquez, ya que el presidente OTTO PEREZ MOLINA QUISO DESALOJAR a la población que estaban reunidos resguardando los bosques por la amenaza de la construcción de la carretera a partir del kilometro 38.5 conectando a la cementera. 
 
Se concentraron mas de2,000 COMUNITARIOS Y COMUNITARIAS EN UNA DE LAS COMUNIDADES QUE ES LOS PAJOQUES, Otto Pérez Molina n en helicóptero al ver la presencia de la población se dirigió hacia la planta Cementera, Hoy las 12 comunidades de San Juan una vez más están viviendo represión como la represión que se está viviendo en las comunidades de LA PUYA, esta amenaza es y seguirá constantemente de parte del Estado de Guatemala y El Ministerio de Comunicaciones.

También queremos denunciar la presencia de un contingente de Policías en el lugar de la concentración, al servicio de los que ejercen la represión, se presentaron también delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos.

PETICION:
Solicitamos al gobierno de Guatemala y las empresas interesadas en la destrucción de nuestro territorio, respetar nuestras decisiones y los resultados de nuestras consultas comunitarias  realizadas el 13 de mayo del 2,007, donde hemos decidido que NO permitimos la invasión de nuestro territorio.
Al Estado de Guatemala y al Ministerio de comunicaciones respetar nuestras propiedades privadas, ya que Cementos progreso y el ministerio de comunicaciones están invadiendo y  expropiando nuestros terrenos para llevar a cabo la construcción del ANILLO REGIONAL.

A todas las instancias de Derechos Humanos estar atentos ante las situaciones de represiones que se puedan llevar a cabo.

¡COMUNIDADES EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 27 DE MAYO DE 2014!

dimarts, 27 de maig del 2014

La Puya, una embestida - Oswaldo J. Hernández

La Puya, una embestida
(extret de http://www.plazapublica.com.gt/content/la-puya-una-embestida)

Tras dos años de plantar oposición ante la mina, la resistencia de La Puya ha enfrentado su primera derrota. Las máquinas, con el apoyo de la PNC, han regresado para construir el proyecto minero El Tambor. Los comunitarios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a pesar de ello, deciden quedarse.

AUTOR
Sábado 24 de Mayo de 2014

Esta vez, dos años más tarde, los comunitarios de La Puya, esperaban que, de nuevo, la estrategia funcionara. Los cantos, los coros, la alabanza, era ya el sonido ambiente ante la negación de retirada de la maquinaria y las fuerzas de seguridad… Nadie pensaba retirarse.
El Estado firmó un contrato con una empresa. El Estado, mediante la policía, asegura que eso se cumpla. Pero el Estado nunca preguntó a las comunidades y, sobre todo, durante 10 años no informó sobre la existencia de la licencia de exploración otorgada a Exmingua, el primer permiso que debe otorgar el Ministerio de Energía y Minas
La madrugada del viernes 23 de mayo, aún oscuro, el ruido de las máquinas —los motores de una retroexcavadora y 10 camiones de volteo- despertaron a los vecinos del camino que une a San Pedro Ayampuc con el municipio de San José del Golfo. Las máquinas, como había sucedido en otras ocasiones a lo largo de dos años, no iban solas, a su lado, resguardando el avance lento y retumbante, se acompañaban de los pasos apresurados de cientos de policías y de los motores de varias docenas de radio patrullas. A esa hora, todo el contingente se dirigía a la entrada de la mina Progreso VII Derivado, una de las 12 partes del proyecto minero El Tambor. Pero también máquinas y policías avanzaban al encuentro de la resistencia comunitaria La Puya, instalada desde hace dos años y tres meses frente a la entrada de la mina Progreso VII Derivado.
“Hicimos lo que habíamos hecho otras veces”, explicaba Carlos Montenegro, uno de los comunitarios en resistencia, cerca de las 11 de la mañana: “Nos plantamos frente a las máquinas. Las mujeres y los niños rezaron. Detuvieron así a los camiones, la máquina, los mineros y la policía en la entrada de la resistencia”.
Montenegro y otros comunitarios a su alrededor, a pesar de las máquinas detenidas, a esa hora de la mañana se mostraban preocupados. “Hoy lucen diferentes, se ven decididos. Otra veces han salido huyendo”, indicaba uno de ellos, observando a la fila de policías que, con escudos y toletes, había bloqueado por completo el camino.
Yolanda Oquelí, una de las lideresas de la resistencia, también daba una explicación de cómo habían detenido el ingreso de la máquinas durante la madrugada. La resistencia, decía, ante la llegada de la policía, esperaba la presencia de un juez de paz para que verificara la condición pacífica de los comunitarios: “El encargado de la operación policiaca, Pedro Esteban García, de entrada amenazó con arrestarnos. Y no, no traía una orden de juez para desalojar a la resistencia. Lo único que cargaba era una orden administrativa de cuidar el ingreso de las máquinas”.
La historia de La Puya contra la empresa minera enfrentaba así un nuevo episodio de los muchos que ha tenido durante dos años. El primero, por ejemplo, el que inició todo, sucedió el 1 de marzo de 2012, cuando Estela Reyes, una pequeña mujer, se paró frente a una excavadora y la hizo retroceder. El 8 de mayo de ese mismo año, durante otra madrugada, un convoy de máquinas se detuvo en el camino una vez que decenas de mujeres se tendieron en el suelo, cantaron coros y rezaron para impedir que las excavadoras entraran a la mina. Meses más tarde, en diciembre, los antimotines fueron rechazados una vez más con cantos y rezos.
Esta vez, dos años más tarde, los comunitarios de La Puya, esperaban que, de nuevo, la estrategia funcionara. Los cantos, los coros, la alabanza, era ya el sonido ambiente ante la negación de retirada de la maquinaria y las fuerzas de seguridad… Nadie pensaba retirarse.
La resistencia incómoda
Desde que La Puya se consolidó como resistencia comunitaria ante un proyecto minero, su forma de oposición ha sido emulada en otras partes de Guatemala. Es un campamento organizado por distintas comunidades, con turnos de 24 horas, y que se establecen ya sea frente a un proyecto minero, o un proyecto hidroeléctrico. No dejar que entren las máquinas, tampoco los empleados, es parte de la consigna. Defender la tierra, el agua, la vida, son los argumentos. En Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, la resistencia se llama Nuevo Amanecer. EnChuarrancho, en Guatemala, la resistencia está en proceso de consolidación. En San Rafael Las Flores, entre los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, se quiso implementar algo similar. El jefe de seguridad de la mina San Rafael, Alberto Rotondo, sabía que no podía permitir que sucediera: “No podemos permitir que se establezca la gente de la resistencia; otra Puya, no”, sentenció.
La Puya ha resultado ser algo incómodo para gobierno y empresarios, una piedra en el zapato desde su fundación. “Es un sentido político de resistencia. Por eso el gobierno ha tenido que establecer mesas de diálogo con las comunidades”, resaltaba Antonio Reyes, líder de la resistencia.
La llegada de las máquinas y la policía esta mañana, dicen los comunitarios, ocurrió a tan sólo dos días después del último intento de diálogo, el 21 de mayo de 2014. La intención fue la de reunirse con el gobierno y las empresas Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua) y Kappes, Cassiday&Associates (KCA). “La reunión fue inviable, no dejaron entrar a los medios de comunicación independientes, no querían que se difundieran los argumentos de la empresa. Decidimos retirarnos a causa de ello”, señalaba Oquelí.
“El diálogo se agotó por todas las vías”, explicaba Dennis Colindres Guevara, representante de Exmingua y coordinador del ingreso de la maquinaria esta madrugada. “Durante dos años se ha intentado llegar a un consenso, pero las posturas son demasiado radicales. La empresa cuenta con licencia de explotación desde 2011. Existe un contrato entre el Estado de Guatemala y nuestra empresa. Y en 2012, se dio una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le dice al Ministerio de Gobernación: ‘usted tiene que hacer expedita la vía para la libre locomoción’. En ese marco de ideas estamos haciendo cumplir nuestro derecho”.
—¿Hace dos días el diálogo se rompió? —se cuestionó a Colindres.
—Hubo un berrinche. Debido a sus posturas radicales (de los comunitarios). Hay falta de voluntad de diálogo. Queremos que se cumplan nuestros derechos contractuales con el Estado de Guatemala— contestó para dar argumentos sobre por qué ahora, por qué hoy, por qué las máquinas y la policía.
El Estado firmó un contrato con una empresa. El Estado, mediante la policía, asegura que eso se cumpla. Pero el Estado nunca preguntó a las comunidades y, sobre todo, durante 10 años no informó sobre la existencia de la licencia de exploración otorgada a Exmingua, el primer permiso que debe otorgar el Ministerio de Energía y Minas. La empresa, aseguran en la resistencia, tampoco lo hizo y dejó respuestas poco claras en el Estudio de Impacto Ambiental, como el agua a utilizar o el tratamiento que se dará a los minerales. El Estado lo aprobó. 
Libre locomoción Vs. Derecho de Protesta
La juez de paz se llama Ana Guevara. Viene apresurada desde el juzgado de Paz de San José del Golfo. Viene a verificar, tras la petición de una exhibición personal por parte de las comunidades, que la oposición, la resistencia, no haya sido golpeada, ni desalojada, ni amenazada. También verifica que el derecho de todos sea cumplido. Bajo el sol de mediodía Guevara es una especie de árbitro; más bien un maestro de escuela ante una riña inevitable. Se le ve incómoda.
—El libre derecho de locomoción— insiste Colindres.
—El derecho de protesta— argumentan los comunitarios.
—Hay que respetar el derecho de todos— dice Guevara.
—Queremos que sea posible un acuerdo— intenta Mario Minera, representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
La conversación es un intento de que no ocurra un enfrentamiento. Oquelí, representante de las comunidades, explica que el proceso de diálogo todavía no está agotado. “La empresa no puede dejar de lado ese proceso. No puede decidir sin haber llegado a un acuerdo con nosotros y con el Gobierno”.
Colindres, repite, propiedad privada / derecho de locomoción / mis máquinas / mi derecho / La Constitución. La juez, luego de veinte minutos, decide: “respetar el derecho de todos. Nadie evade el derecho de protesta. Y nadie puede limitar la libertad de locomoción”. En sus palabras apenas hay argumentos jurídicos, explicaciones. Su sentencia, según entiende, resulta salomónica. Ordena a la policía custodiar la entrada de las máquinas a mina Progreso VII Derivado. Ordena trasladarlas directamente al interior de  la resistencia: La Puya es la entrada a la mina. Hay movimiento. Los cascos se colocan sobre la cabeza. Se forman columnas largas de agentes de la policía. Se golpean los bastones sobre los escudos en señal de ánimo, de nervios, de susto.
La gente reza. Los motores bufan.
La gente canta. El humo sale de las máquinas.
La PDH observa, derrotada.
La primera acción es de la resistencia que retrocede, que se repliega en dirección del campamento frente a la entrada de la mina. Ancianos, mujeres, quedan adelante. Los hombres se acomodan en el último frente. Esperan, cantan, permanecen sentados, otros rezan. Los camiones, la maquinaría avanza. Al lado de las máquinas, cientos de policías las custodian. Caminan y quitan todo lo que estorbe a su paso. La juez Guevara se retira con prisa. “Es complicado, es complicado”, balbucea, se tropieza. El enfrentamiento es inevitable. Lo sabe. Huye, se esfuma. 
Tres embestidas
Hay una tensión que dura más de 300 metros antes del primer golpe. Otra de 30 minutos antes del primer arresto (una mujer). Y una más, que no se agota durante toda la tarde, que inicia con el primer lanzamiento de una bomba lacrimógena. Explota. Arden los ojos, la garganta, el esófago, todo es gas, es gris, es humo, huele a pimienta, se vuelve difícil respirar. Las  máquinas avanzan.
La gente se dispersa. La policía gana terreno. Una lluvia de piedras, palos, los hace retroceder. La resistencia se reorganiza. Sólo hombres esta vez. Esperan una segunda oleada, una nueva embestida de parte de la policía. “¡Qué viva La Puya!”, gritan. “No a la minería”, exclaman. Un policía, desde lejos, se pregunta fastidiado por qué diablos aprueban las licencias de extracción. Otro tira una piedra, grande. Otro insulta y regresa a enfrentar a la resistencia. Y vuelven a caer las bombas, el humo, desde un lado. Los leños, las rocas desde el otro. Las máquinas, entre tanto, no han dejado de avanzar.
Un policía ha caído herido. Una anciana tiene la cabeza abierta. Los dos han comenzado a sangrar. Sus compañeros, cada cual desde su lado del enfrentamiento, los consigue llevar a resguardo. Otra bomba cae. Más humo. Más policías. Más bombas. Menos gente en la resistencia. La retroexcavadora se mueve, el conductor sabe que ha llegado a su posición, a tan sólo unos metros de la entrada de la mina.
Los motores rugen. La gente ha dejado de rezar.
La máquina entra en la mina. La gente ha dejado de cantar.
Gran parte del campamento de resistencia ha quedado inhabilitado. En tanto la retroexcavadora se hace paso en el interior de la mina, la gente sólo observa, frustrada, imposibilitada. Hay comunitarios en la cima de algunas colinas, otros sobre el camino. La policía, como en el inicio, custodia el avance de las máquinas.
Más de 15 civiles fueron heridos y llevados a centros de emergencia. 11 agentes de la PNC fueron lesionados durante el enfrentamiento. Fue el saldo total que dieron a conocer los Bomberos Voluntarios y los Municipales.
“El contingente se quedará durante una semana en el lugar”, explica un agente de la policía.

En la resistencia, con los comunitarios lejos de su campamento, los agentes han ocupado  las instalaciones de La Puya. . Una señora, Carolina Hernández, llora, dice que a esa hora, todo tranquilo, a las 5 de la tarde sus lágrimas son de verdad, no las falsas de las bombas. Vilma Carrera, pequeña y pragmática, ha regresado a limpiar el desorden, barre, sacude, dice: “Queda recomponerse. Estar aquí”. La Puya ha perdido campo, parte de su techo, un 20 por ciento del campamento, pero mientras limpia, ella lo recupera, centímetro a centímetro, con la escoba, reordenando, levantando a los agentes de la PNC, sacándolos de allí para que la dejen, sí, levantar la resistencia y poner agua para el café de la tarde.

Mi Estado es La Puya y mi presidenta se llama Martina - Gabriela Carrera

Mi Estado es La Puya y mi presidenta se llama Martina
Gabriela Carrera

El estado de Guatemala está en plena contradicción, y en total cuestionamiento. Es un Estado saqueado por una suma de gobiernos que llegan a vender al mejor postor lo que no es de ellos, sino de todos. Sacan ganancia, y nada más importa.
Lunes 26 de Mayo de 2014
Desconozco al Estado cobarde y criminal del general Otto Pérez Molina y del teniente coronel Mauricio López Bonilla, jamás retirados de un ejército que regresó desde hace ya algunos años a ser Estado y a ser gobierno.
Ante este estado de violencia, de represión, de intimidación y todas aquellas características propias de un Estado de dictadura, está la gente que cree en lo que este Estado debiera de hacer, porque ya nadie cree en este, nadie cree en el gobierno de hoy que dijo hacer de este Estado, otro.
El viernes 23 de mayo, a las afueras de San José del Golfo, un hombre de civil nos para, nos dice que desde ahí el camino es por “cuenta y riesgo de cada quién”, detrás de él un picop con las placas tapadas. Caminamos más de tres kilómetros, a nuestro costado había radiopatrullas, policías en las palanganas de los carros, sentados, durmiendo algunos. Son más de 70 radiopatrullas y 20 buses. Al llegar donde hace algunos meses estábamos celebrando la misa de alegría por esos dos años de resistencia, están los policías, sentados, esperando; todo está en desorden, alrededor de ellos, la basura de una mala bolsa de almuerzo –una lata de frijol y algo de tomar–, nos miraban. Han pasado dos horas ya de haber lanzado con saña gases lacrimógenos a ancianos, mujeres, niños, pero el aire está tan cargado que comenzamos inmediatamente a llorar. Al fondo los comunitarios, y frente a ellos los antimotines que han barrido con todo. Veo a uno recoger el casquillo de una bala de escopeta.
“A más represión, más resistencia pacífica”, dicen las mujeres de La Puya. Siguen ahí, de pie, rezando, cantando, pidiendo que los dejen defender su tierra, su agua. Las intimidan, se comen su comida, les botan el agua que llega para los comunitarios. Hoy no tienen el mismo lugar para guardarse del sol o la lluvia, se los han quitado. Pero ellas improvisan un nuevo lugar para resistir. Desde ahí dan las gracias a las muestras de cariño y solidaridad de muchos, y devuelven ese cariño ofreciendo de lo que ellos comen, pero también ofreciendo el corazón que los mueve a todos ellos a mantenerse en ese suelo que alguien, con razón, llamó sagrado. Los hombres ayudan con la comida, otros se sientan y comienzan a cantar, porque la lucha que tiene mucho de humanidad, tiene mucho de alegría. Ahí están los heridos, “listos para la agarrada que viene”, dice un hombre de la comunidad.
Desconozco al Estado cobarde y criminal del general Otto Pérez Molina y del teniente coronel Mauricio López Bonilla, jamás retirados de un ejército que regresó desde hace ya algunos años a ser Estado y a ser gobierno. Yo soy apátrida del proyecto que dice ser de país y es de pagar cuentas pendientes de favores anteriores, yo no soy ciudadana de ese Estado que se atreve a golpear, a saquear, a robar los bienes de una comunidad. Ese Estado que no sirve para la comunidad, se lo dejo al gobierno porque es tal para cual.

Mi Estado se llama La Puya. No debe nada a nadie, sabe defender lo que es suyo, mantiene la frente muy alto, no se rinde, no se vende. El Estado al que pertenezco sabe organizarse para resistir, el Estado del que me siento orgullosa cuida a los suyos, contagia solidaridad, valentía. Sabe lo que significa el bien común y la repartición de la riqueza. Sabe que la violencia no lleva a nada y  no cree en ella. Lo suyo no es la intimidación, si no es la intimidación que nace de quien es honesto. Mi presidenta se llama Martina, es una mujer mayor que ha estado ahí desde el inicio. Puede ser ella, o cualquier otra mujer que hoy, mientras usted está leyendo esto sigue ahí, de pie, defendiendo su vida y la de muchos otros. 

Resistencias masivas frente a la agresión permanente - Andrés Cabanas


Andrés Cabanas

El desalojo violento del campamento antiminero en San José del Golfo (23 de mayo) y las intensas amenazas de encarcelamiento de líderes comunitarios en el área norte de Huehuetenango (inicio de mayo) configuran una nueva fase de la ofensiva contra actores en resistencia.

La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas, que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a nivel mundial. 
El marco contextual, jurídico y político de las recientes agresiones
El lujo de fuerza (física y/o verbal) exhibido en los territorios señalados, y la voluntad expresada de llegar hasta el final, se enmarcan en la necesidad de asegurar proyectos económicos estratégicos. La violencia es proporcional a las necesidades de las empresas transnacionales, empresarios locales y actores institucionales, quienes juegan contra el tiempo o con los tiempos, porque conciben 2014 como el año de la reconfiguración autoritaria del poder, para la profundización del modelo de acumulación.
Así, los recientes ataques se apoyan en medidas de corte político y jurídico que institucionalizan la agresión. Entre otras:
·         la elaboración de una batería de leyes penalizadoras de la resistencia (ley de túmulos, ley de celulares, ley de servidumbres en discusión);
·         la defensa de los derechos de las empresas frente a los derechos colectivos y las finanzas del Estado (ley de inversión y empleo);
·         la apertura de un nuevo ciclo en el Ministerio Público y el sistema de justicia, ¿más proclive a la criminalización?;
·         la discusión sobre nuevas figuras para penalizar la resistencia (derecho penal del enemigo, según análisis de Gustavo Illescas, de Centro de Medios Independientes, que mitigaría la dificultad de conducir procesos por terrorismo);
·         la apuesta política por la confrontación: en San José del Golfo se ataca a la resistencia pacífica, inmersa en un proceso de negociación. En Huehuetenango se señala con nombres y apellidos a los dirigentes que interlocutan con el gobierno. Se cierran peligrosamente espacios democráticos. ¿Se buscan respuestas violentas de las comunidades?;
·         la consolidación del gobierno (o la figura de Pérez Molina) a partir de la concentración de poder;
·         el llamado (efectuado por la Vicepresidenta del Gobierno y empresarios privados en Huehuetenango) a reactivar órdenes de captura no ejecutadas, a concluir –con condenas- procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios, y a abrir cuando y donde sea necesarios nuevos procesos;
·         el (re) empoderamiento del Ejército y la progresiva construcción militarizada de la Policía Nacional Civil (fuerzas élite de combate). 
La ampliación del periodo presidencial (o la reelección vía reforma constitucional u otras) forma parte de esta reconfiguración autoritaria. Por parte de sectores económicos poderosos crece el convencimiento de que el actual gobierno y/ un modelo personalista, centralista, de limitación de derechos, es el único adecuado para garantizar la gobernabilidad empresarial y los negocios. En este marco se produce un debate o se genera un acuerdo tácito: la reelección del Partido Patriota o directamente del equipo gobernante (vía ampliación de mandato u otras) a cambio del apoyo irrestricto (cuando sea necesario, violento) del aparato del Estado y las fuerzas de seguridad a la expansión de las empresas. 
El pacto de la impunidad (para el fin del juicio por genocidio y la elección de nueva fiscal), que incluye a actores de la oligarquía, economía criminal, economía emergente, militares y gubernamentales, es la sombrilla protectora de esta nueva amenaza. 
La agresión estructural 
Inserta en una coyuntura inmediata, la agresión contra las resistencias es, sin embargo, estructural, de carácter raizal y permanente. En su ensayo Los golpes de espectro completo, la socióloga mexicana Ana Esther Ceceña identifica tres características de las guerras hoy, aplicables a la disputa por la territorialidad: el avasallamiento, la simultaneidad y la impunidad.
El avasallamiento opta “por una purga general, relacionada con las tareas de prevención y disuasión pero con propósitos de más larga duración”. La simultaneidad implica “atacar sin tregua por todos lados al mismo tiempo, como un ataque de un enjambre de avispas, en todos los ámbitos de la vida social” (no se refiere solamente a persecución directa sino a ataques desde lo legal, institucional, campañas mediáticas). La impunidad refiere la “invalidación de los referentes formales de justicia y moralidad social, a partir de comportamientos ilegales. Se pierden referentes sociales garantizadores, es decir, el Estado de Derecho, y aparecen como dupla indisoluble el estado de excepción y una tierra de nadie”. Esto sucede en un contexto donde la guerra no es un medio sino el fin para el despojo permanente (guerras infinitas) y donde el enemigo es la otredad en todas sus formas, sobre todo aquello que “no se conoce y que siempre ha estado invisible”.
Así, la agresión contra organizaciones y luchas sociales y de los pueblos en Guatemala es permanente. Se ejerce con carácter simultáneo y planificado. Se desarrolla en fases que no implican sosiego sino reacomodos y reconfiguraciones. Se renueva, avanza, genera nuevos métodos y desecha otros. Persigue judicial y políticamente. Combina el garrote y el diálogo (no los sustituye sino los articula, ver al respecto El Observador). Ahoga de forma financiera. Confronta y divide en el nivel comunitario. Busca el aislamiento de organizaciones a través de la deslegitimación. Atemoriza. Se infiltra y socava confianzas. Involucra actores privados, fuerzas de seguridad, paramilitares, actores gubernamentales, actores internacionales. Se impulsa desde el gobierno, el Congreso, las empresas, los operadores de justicia incluso en niveles micro (jueces de paz, agentes fiscales), columnistas, programas de radio y televisión. Ubica como enemigos a quienes no encajan en la visión dominante. Se multiplica en la indiferencia, la pasividad y el desinterés. Se extiende focalizada o generalizadamente. Tiene, siempre, una voluntad política desmovilizadora, un efecto ejemplificador. 
Defensa del optimismo
El carácter estructural y permanente, de espectro completo, de la agresión, no la convierte en indetenible. La agresión se acelera porque la consolidación de resistencias pone el peligro el modelo de acumulación y el proyecto político de dominación. El otro, el enemigo desconocido que menciona Ana Esther Ceceña, es en Guatemala la organización de pueblos y comunidades por la defensa del territorio y la vida, con capacidad de paralizar proyectos extractivos, que opta por la condena y la cárcel antes que por la sumisión. No es casual la fuerza empleada para desmantelar el campamento de San José del Golfo, convertido en símbolo de lucha. 
Los análisis de actores y riesgos realizados por el gobierno y empresas transnacionales mencionan intereses criminales, población manipulada, organizaciones de la capital o extranjeras como actores principales de la resistencia, en cualquier cosa unas pocas personas en cada lugar. Pero la resistencia se fortalece y crece en sus dinámicas propias: la defensa del territorio, el actor montaña, la dinámica tiempo-memoria-historia, el pueblo como sujeto activo, la libertad y la identidad como motor, los derechos como referente. Es una lucha que va más allá de la resistencia contra empresas transnacionales, de la defensa del agua y los recursos. Es la lucha y la razón de la dignidad: frente a la violencia, la división, la explotación, la imposición y la mercantilización de la vida. Es una lucha en ascenso, progresivamente consciente, argumentada, integral: abarca la cosmovisión, la comprensión de la naturaleza, la comprensión de la actuación del poder, pero también la comprensión de un sentido filosófico e integral de vida. Rebasa viejos esquemas y actores comunismo-insurgencia-izquierdas.
Es irreal pensar que el sistema por sí mismo va a moderar sus impulsos económico-destructivos (la generación de riqueza a partir de la destrucción ambiental y social). Pero no es incorrecto creer que es posible enfrentarlo, a condición de… La condicionalidad implica, parafraseando a Ana Esther Ceceña, concebir resistencias de espectro completo. Es decir, la posibilidad de enfrentar el modelo a partir de la generación de condiciones adecuadas, traducidas en condiciones organizativas. Entre otras, este condicionalidad puede convertirse en realidad:
Si utilizamos todos los instrumentos de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica, comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (lo que implica articular actores y sectores). La lucha electoral, disociada de las movilizaciones y demandas comunitarias y de los pueblos, y desarticulada de los sujetos comunitarios, se convierte así en un ejercicio inútil, costoso, funcional a la reproducción del sistema.
Si entendemos y analizamos mejor el poder corporativo, desde sus estrategias y lógicas de acumulación y reproducción, más allá de la propiedad formal de las empresas (cómo se articula la economía criminal con la formal; cómo funcionan los fondos de inversión; cómo se construyen las cadenas de propiedad y mando en un marco de opacidad societaria; cómo se integran empresas y sectores de acumulación; cuáles son las estrategias permanentes y las cambiantes...) 
Si promovemos formación y análisis político y estratégico constante, autocrítico, no complaciente, en cualquier momento: en la tranquilidad y durante la emergencia.
Si no caemos en la provocación de la guerra y la violencia como mal necesario, como continuación de la política por otros medios, como la única forma de detener la ofensiva armada del capital.
Si acumulamos, y por tanto concebimos la articulación como vocación política, permanente y sistemática, irrenunciable, sin la cual no hay emancipación.
Si no existe una sola estrategia, una sola forma de entendernos, una sola organización, aunque es imprescindible la unidad, la coincidencia en planteamientos estratégicos, la conducción política unificada(Domingo Hernández Ixcoy).
Si politizamos la indignación y los estallidos sociales previsibles. Si le disputamos el terreno a la indiferencia.
Si no imaginamos o exacerbamos diferencias entre expresiones de resistencia a través de pueblos, comunidades y organizaciones. O si, de existir estas diferencias como insuperables, las debatimos y solucionamos.
Si combinamos acciones de emergencia inmediata con medidas a medio y largo plazo.

Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo plazo, a la construcción de un mundo nuevo.
El proyecto de acumulación y dominación de territorios y pueblos no va adelante "pase lo que pase”, como afirman prominentes empresarios transnacionales (Luis Castro Valdivia en Barillas). El futuro no está escrito, se construye en la interrelación y disputa de actores y proyectos.
Se trata de revertir la historia y su interpretación, construida desde el poder, frecuentemente derrotista. San José del Golfo, 23 de mayo: dice la prensa que ya está liberada la entrada a la empresa minera, el campamento de la Puya, símbolo de la resistencia, cae.
Lo que sucede en realidad es el triunfo de la idea de resistencia pacífica comunitaria frente a un modelo construido sobre la violencia y sustentado por la fuerza.
Lo que sucede es la constatación de la fortaleza acumulada durante dos años de campamento en el lugar conocido como La Puya: construcción de organización, comunidad y solidaridad, en la mayor escuela de formación política de la comunidad
Lo que sucede es que después del 23 de mayo se rearticulan la indignación y las solidaridades.
Se cierra un campamento y se abre la necesidad de encontrar nuevas vías y formas para continuar la resistencia, necesariamente estructurales, integrales y articuladas. 

La agresión permanente, en apariencia fortaleza, es en realidad signo de debilidad de un modelo concebido desde la exclusión y para la exclusión, al que se debe enfrentar con las armas contrarias: la participación masiva, que construya un país y un mundo de todxs y para todxs.