Nos declaramos en resistencia pacífica - Por los Pueblos Mayas q’eqchi, Poqomchi y Achi

Nos declaramos en resistencia pacífica

Por los Pueblos Mayas q’eqchi, Poqomchi y Achi - Guatemala, 23 de mayo de 2013

Las comunidades de la de las Micro Regiones de Ribaco, Panima, Monte Blanco, Matanzas y Panchisivic, ubicadas en la Sierra de las Minas del Municipio de Purulha B.V. Miembros del consejo de los pueblos de Tezulutlán, CPT “MANUEL TOT” A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, ORGANIZACIONES Y PUEBLO EN GENERAL

MANIFESTAMOS:

Los Pueblos Mayas q’eqchi, Poqomchi y Achi, habitamos ancestralmente hace más de mil años el territorio de Tezulutlan hoy conocido como las Verapaces, en el cual hemos Cosmo-Habitado (vivir en armonía y equilibrio) y hemos desarrollado nuestra Cosmo-Existencia (Complementariedad, con los demás seres vivos) esta cosmovisión nos permitió desarrollar una práctica de vida, de amor y respeto por la madre naturaleza y la madre tierra, este amor y respeto es el que ha permitido que nuestra territorio y tierra tenga abundantes elementos naturales (agua, tierra, bosque etc.) conservados hasta nuestros tiempos.

A partir de la Invasión y Colonización Española nuestros territorios empezaron a ser saqueados por sus riquezas naturales, es así como se empieza a explotar el bosque y se establecen explotaciones mineras tales como, la mina Kaquipeck, la Mina Suquinay y la mina Oxeck y de igual forma nuestros abuelos y abuelas son obligados a vivir en pueblos controlados, pagando tributos o impuestos a la corona española por medio del trabajo y la entrega de cosechas.

Con el gobierno de Justo Rufino Barrios, se nos despoja de cientos de caballerías de nuestras tierras para ser entregada a colonizadores alemanes a quienes se les concede el derecho de propietarios, estableciendo de esta forma los latifundios cafetaleros y el colonato como forma de trabajo esclavo para la producción de café…

Con la guerra interna del país fuimos obligados a desplazarnos internamente para sobrevivir a la agresión que el ejército realizo en nuestras comunidades con sus planes de tierra arrasada…. Sin embargo cientos de comunidades fueron destruidas y miles de hermanos masacrados…

Sin embargo los abuelos y abuelas que resistieron a la invasión y colonización española, el despojo y colonización alemana, la guerra interna…. Lograron mantener su práctica de vida en diferentes territorios comunitarios ubicados principalmente en lo que hoy se conoce como sierra de las minas, sierra de chama, sierra sta. Cruz, Chocon Machacas, cerro San gil, Sierra Chinaja, Franja Transversal del Norte y el Sur de Belice.

En la sierra de las minas en Purulha Baja Verapaz vivimos más de cien comunidades mayas Q’eqchi y Poqomchi y quienes hemos cuidado y resguardado el bosque y la tierra y es por ello que los territorios donde cosmo-habitamos exista fuentes abundantes de agua, elemento natural que hoy está en la mira e empresas hidroeléctricas que pretenden explotar para la generación de energía hidroeléctrica.

A partir de la declaración de área protegida de la sierra de las minas en el año 1,990, cientos de familias mayas q’eqchi-Poqomchi han sido desplazadas y reubicadas sus comunidades por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- y la Fundación Defensores de la Naturaleza, obligando a las comunidades a abandonar el territorio comunitario que por cientos de años han posesionado y resguardado.

También en nuestras montañas y en nuestra madre tierra, existen minerales metálicos que empresas mineras buscan explotar a gran escala pretendiendo establecer explotaciones mineras en territorios comunitarios como la montaña quisis, cerro mocohan, montaña suquinay entre otros.

Otra problemática que actualmente enfrentamos es la conflictividad agraria ya que cientos de comunidades a un hoy el estado no reconoce el derecho histórico de la tierra, la posesión y la propiedad como tal, sin embargo las instituciones del estado garantizan la propiedad de los grandes latifundios, teniendo como consecuencia diversos desalojos judiciales y extrajudiciales tales como los que se dieron en la sierra de las minas durante los años 2009 y al 2011, donde principalmente las comunidades de Caliha y Moxante vivieron una serie de desalojos extrajudiciales perpetrados por grupos paramilitares al servicio de terratenientes de la zona.

Hechos que culminaron con el desalojo judicial de la comunidad Caliha dictado por el juzgado de primera instancia penal de Salamá en enero del año 2011… y que en el año 2012 la sala 6ta. De apelaciones declarara nulo el juicio y ordenara la restitución de las tierras a las familias de la comunidad Caliha sin embargo esta orden no se cumple todavía… razón también por la cual también fue asesinado en el mes de febrero del año 2013 el líder de la comunidad Tomas Quej.

Por ello DENUNCIAMOS:

Que desde el año dos mil se han venido dando en nuestro territorio exploración minera actividad que se ha desarrollado sin conocimiento y consentimiento de nuestras comunidades, dichas exploraciones se llevan a cabo en tierras comunitarias, fincas privadas y la zona de amortiguamiento del Biotopo del Quetzal; dichas exploraciones dan indicios de que empresas mineras transnacionales y nacionales como MAYANIQUEL S.A., NICHROMET GUATEMALA, S.A., Tenango Mining CO, S.A., con el consentimiento del Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas, pretenden la explotación de metales como oro, plomo, zinc y otros en nuestro territorio, sin que esta actividad signifique un verdadero desarrollo para nuestro pueblo.

En el año dos mil nueve se dio inicio a la construcción de la hidroeléctrica Sulin HIDROSULIN, empresa propiedad de la familia TORREBIARTE; dicho proyecto ha significado para la comunidad Peña del Ángel destrucción del centro eco turístico, perdida de bosque destrucción de cultivos como café, cardamomo, naranja y otros; efecto de ello la consecuencia de un deslave derivado de la apertura y construcción de una carretera que la empresa llevo a cabo.

En el AREA PROTEGIDA de la sierra de las minas se encuentra en proceso de construcción una serie de hidroeléctricas denominadas “HIDRO SAQJA 1, 2 Y 3” proyectos que ya están causando daños a cientos de familias y las comunidades ya que se están desviando los cauces naturales de los riachuelos y ríos, contaminando las fuentes de agua y restringiendo a las personas el acceso al agua.

Que tanto las instituciones como El CONAP el Ministerio de Medio Ambiente, INAB y Defensores de la Naturaleza no se han pronunciado respecto a la explotación minera y construcción de hidroeléctricas considerando pues que la mayoría de estos proyectos se afectaran las áreas protegidas del Biotopo del Quetzal y el Biosfera de la Sierra de las Minas.

Que en diversos espacios y ocasiones hemos manifestado nuestro descontento y desaprobación como comunidades a dichos proyectos, sin embargo nuestras peticiones no han sido escuchadas ni por la municipalidad, el CONAP, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Central, sino más bien vemos con preocupación cómo estas instituciones del estado protegen los intereses de dichas empresas (hidroeléctricas y mineras) y tratan de manipular a las comunidades.

Ante esta situación DECLARAMOS:

LAS COMUNIDADES MAYAS Q’EQCHI Y POQOMCHI QUE HABITAMOS EN LA SIERRA DE LAS MINAS DE LAS MICRO REGIONES, MATANZAS, MONTE BLANCO, RIBACO Y PANIMA, HACIENDO USO DE NUESTRO DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, NOS DECLARAMOS EN “RESISTENCIA PACIFICA”.

COMUNIDADES MAYAS Q’EQCHI Y POQOMCHI

Defensors i defensores de drets humans en situació de gran hostilitat a Guatemala.

SOLICITAMOS PROTECCIÓN ANTE DIFAMACIÓN, AMENAZAS E INCITACIÓN A DELINQUIR REALIZADA A TRAVÉS DE ARTÍCULOS, LIBELOS, ANÓNIMOS Y DECLARACIONES DE ORGANIZACIONES DE EXTREMA DERECHA

Foto/s21

El 14 de mayo del 2013, varias personas e instituciones que tememos por nuestra seguridad como defensoras y defensores de derechos humanos colocamos ante el Señor Procurador de Derechos Humanos, LICENCIADO JORGE DE LEON DUQUE, una denuncia que el día de hoy, 22 de mayo ratificamos:

EL CONTEXTO

1. Desde noviembre del 2011, personas organizadas en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), la Asociación de Familiares de Militares y Amigos de Militares (FAMILIA) y la Fundación contra el Terrorismo han iniciado una campaña de desinformación, estigmatización y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos señalándoles de ser guerrilleros que han continuado la lucha y que ahora pretenden tomar el poder por otras vías. Estos señalamientos se han realizado para deslegitimar tanto las figuras públicas del Ministerio Público, el Organismo Judicial y de la Procuraduría de Derechos Humanos y las organizaciones sociales y de derechos humanos que están de una u otra manera involucrados en el proceso por genocidio y actividades contra deberes de humanidad en contra del Jefe de Estado de Facto entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983.

2. Esta campaña subió de intensidad después de los hechos de Totonicapán ocurridos en octubre del 2012, ya que se empezó a incorporar dentro de la campaña tanto a defensores y defensoras de derechos de los pueblos indígenas, de la defensa de la tierra y territorio y se levantó más claramente una campaña en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos que son extranjeras. Con el intento de aprobación del Decreto 4084, a esta campaña se suma Chapines Unidos por Guate que se especializa en el señalamiento y desprestigio de extranjeros ligados al CUC, Plataforma Agraria, la Pastoral de la Tierra y otras organizaciones campesinas; así como a organizaciones como Brigadas de Paz Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.

3. En el 2013, hemos visto la publicación de tres insertos periodísticos y una lista de fotografías que han llevado la campaña de estigmatización a una de amenazas que son abiertamente dirigidas tanto en editoriales como en declaraciones de prensa, particularmente, por parte del Presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Más recientemente apareció otra página en facebook que dice “Los Guatemaltecos No Somos Genocidas” que también reproduce estos llamados. Esto sucede en el marco de una creciente polarización en torno al uso de los recursos naturales y el acceso a justicia por parte de las víctimas que ha generado ya ataques en contra de los defensores de derechos humanos, tal es el caso de lo ocurrido en San Juan Sacatepéquez a Daniel Pascual en el mes de enero del 2013.

4. Preocupa profundamente que este clima ha generado un aumento importante de los ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se refleja tanto en los asesinatos como en las agresiones. Entre los 14 defensores asesinados en los últimos meses, lamentando el asesinato de Carlos Hernández en Jocotán y Pablo Daniel Pedro en Santa Eulalia, dos personas a quiénes no se le hubiera tocado si este ambiente favorable a la violencia se hubiera detenido.

SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS

1. El día viernes, 3 de mayo empezó a circular un documento denominado “Los Rostros de la Infamia” que contiene las fotografías de funcionarios públicos, defensores y defensoras de derechos humanos y embajadores con un mensaje para que no se olvide y que se les haga pagar la infamia de haber procesado por genocidio al General Efraín Ríos Montt. El día lunes, 6 de mayo se tuvo conocimiento de una parte de este documento que plantea esquemáticamente el plan que se orquesta desde las organizaciones y se puede observar que se utiliza la táctica del espejo, esto es señalar de la planificación e impulso de la estrategia a las personas que son las víctimas de la misma. Con este listado de fotos y los listados de personas y organizaciones señaladas previamente, suman 76 organizaciones de derechos humanos y sociales nacionales e internacionales con presencia nacional y 57 defensoras y defensores de derechos humanos señalados en forma individual.

2. El día domingo, 28 de abril circuló el tercer pasquín de la Fundación contra el Terrorismo con un señalamiento en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, académicos e incluso parientes de otras personas señaladas anteriormente, culpándoles ya sea de ser actores directos o comparsas de la farsa orquestada por la Iglesia Católica con el EGP y a través del Ministerio Público.

3. El día domingo, 14 de abril circuló el segundo pasquín de la Fundación contra el Terrorismo donde se sacan fotografías y listados de nombres de defensores y defensoras de derechos humanos. Allí se empieza a listar organizaciones que son consideradas culpables por aparecer en páginas web de organizaciones de cooperación internacional.

4. El día domingo, 7 de abril circuló el primer pasquín de la Fundación contra el Terrorismo donde se trata de explicar sobre el pensamiento y los planes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), el presunto rol de la iglesia y cómo se continúa hasta el presente dicho plan a través de Claudia Paz y Paz y César Barrientos.

5. Varias personas y organizaciones afectadas por esta situación ya han presentado con anterioridad quejas en torno a estas publicaciones, las publicaciones de Chapines Unidos por Guate varios comunicados y campos pagados.

SOBRE LA ACCIÓN SOLICITADA

1. Se solicita al Procurador de Derechos Humanos que inicie un proceso de investigación en torno a las violaciones de derechos humanos que esta campaña incurre.

2. Se solicita al Procurador de Derechos Humanos que resuelva en torno al derecho a defender derechos humanos y en torno de la protección a la que tenemos derecho los defensores y defensoras de derechos humanos que incluye la prevención de la estigmatización.

3. Se solicita al Procurador de Derechos Humanos que solicite al Presidente de la República de Guatemala que actúe lo más pronto posible para detener la campaña y para dignificar a los defensores y defensoras de derechos humanos.

Action Aid

Almudena Bernabeu
Alvaro Ramazzini
Ana Lucrecia Molina
Angel Berna
Antonio Caba Jean Marie Simon 
Arturo Taracena Arriola José García Noval
Asociación CEIBA Juan José Hurtado Paz y Paz
Asociación Centro Ecuménico de Integración Juan Miguel Arrivillaga Hurtado
Asociación de Abogados Mayas de Guatemala Juan Tiney Ixbalam
Asociación de Desarrollo Ixcán Julia Esquivel
Asociación de Mujeres Campesinas Nuevo Julio Solórzano Foppa
Horizonte Kate Doyle
Asociación Grupo Integral de Mujeres Laura Esquivel
Sanjuaneras Laura Hurtado Paz y Paz
Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Leonor Hurtado Paz y Paz
Autoridades Indígenas Lucía Corral Hurtado
Asociación Integral de Productores Orgánicos de Luis Lara
Ixcán Luis Pedro Taracena
Asociación Maya Uk'u'x B'e Madre Tierra – Nan Tx'otx'
Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ) Magdalena Ceto Corio
Asociación por Nosotras Ixmukane Manuel Antonio González
Asociación Ukux B'e Manuel Gómez Avila
Bárbara Trentavizi Marielos Monzón
Carlos Figuera Ibarra Mario Alfonso Bravo
Celso Humberto Morales Mario Polanco
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala Mark Romeril
(CERIGUA) Marta Elena Casaus Arzú
Centro para la Acción Legal en Derechos Marta Elena Macz Pacay
Humanos - CALDH Miguel Angel Albizurez
Centro Pluricultural para la Democracia Miguel Angel Reyes Illescas
CIDSE Miguel Angel Sandoval
Claudia Virginia Samayoa Miserior
Colectivo de Estudios Rurales Ixim Movimiento Visionario de la Juventud
Colectivo Feminista de Mujeres de Izquierda Mynor Melgar
Colectivo Iniciativa de Memoria Histórica Nery Rodenas
Colectivo Madre Selfa Nieves Gómez Dupuis
Comisión Pastoral Paz y Ecología Norma Cruz
Comité de Unidad Campesina NOVIB
Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE) Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Coordinación de Acompañamiento Internacional Guatemala
de Guatemala Olga Alicia Paz y Paz Bailey
Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Oscar Conde
Salud Otilia Lux de Cotí
Coordinadora Nacional de Desplazados de Pamela Yates
Guatemala Pan para el Mundo
Coordinadora Nacional de Organizaciones Paola Cotí Lux
Campesinas Pastoral Social de la Tierra de la Diócesis de San
Daniel Pascual Marcos
Edda Gaviola Pastoral Social de Servicio Comunitaria
Edgar Pérez Pedro Esquina Tzinay
Emily Whiston Plataforma Agraria
Enrique Corral Alonzo Proyecto de Desarrollo Santiago
Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial Puente de Paz
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Rafael Rosal Paz y Paz
Federación Integral de Comercialización de Ramón Cadena
Cooperativas del Ixcán Raquel Saravia Valdez
Food First Information and Action Network Raúl Eduardo Ovando Jurado
Francisco Soto Raúl Molina Mejía
Frank La Rue Lewy Red Guatemalteca de Mujeres Positivas en Acción
Freddy Peccerely Ricardo Busquets
FRENA Ricardo Falla Sánchez
Frente Nacional de Lucha Rigoberta Menchú
Fundación Guillermo Toriello Roberto Madriz
Fundación Maya Ruth Piedrasanta Herrera
Fundación Myrna Mack Sandino Asturias
Fundación para el Desarrollo del Área Rural Sandra Morán
Fundación Sobrevivientes Seguridad en Democracia
Gabriela Carrera Silvia Solórzano Foppa
Grupo de Jóvenes Artistas Víctimas de la Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de
Represión Militar en San Juan Sacatepéquez Guatemala
Gustavo Meoño Brenner Susanne Jones
Héctor Reyes Tania Palencia Prado
Héctor Rosada Granados Trocaire
Hellen Mack Unidad de Protección a Defensoras y Defensores
Iduvina Hernández Batres de Derechos Humanos - Guatemala UDEFEGUA
Javier Monterroso Unidad del Movimiento Campesino de Génova y
Flores
Waquib Q'iej
Wolfang Krenmayr

Para que haya paz con justicia, querellantes, testigos y víctimas del genocidio seguirán adelante - CMI

Para que haya paz con justicia, querellantes, testigos y víctimas del genocidio seguirán adelante 

Publicado por cmi el 22 mayo, 2013 | 0 Comentarios

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En conferencia de prensa realizada el miércoles 22 de mayo, los querellantes adhesivos en el caso por genocidio del pueblo ixil señalaron al respecto que, debido a que en la jurisdicción ordinaria ya se había emitido una sentencia y que la Sala Tercera de Apelaciones  había indicado también que el Tribunal “A” de Mayor Riesgo actuó conforme a derecho en el proceso que sentenció a 80 años de cárcel al ex dictador Efraín Ríos Montt, no correspondía a la Corte de Constitucionalidad (CC) intervenir en un asunto “ordinario”. En cuanto a las acciones jurídicas que pudo tomar la defensa del condenado señalaron que el recurso de apelación especial debió ser la vía idónea para solicitar que se rectifique en cuanto a lo actuado si creían que existían vicios de procedimiento, ya fuese por motivos de forma  o de fondo. Explicaron que mientras el proceso se mantenga en el “ámbito ordinario”, por no haber vencido el plazo estipulado para apelar, no le corresponde a la CC indicar si una sentencia tiene vicios en el procedimiento.

Los abogados de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), presentaron a la CC tres acciones de “ampliación y revisión” de las resoluciones emitidas, pues razonan que éstas son ilegales incluso en cuanto al procedimiento ordenado, ya que se manda al mismo tribunal para que conduzca un nuevo juicio sobre el mismo caso, del que ya incluso ha emitido sentencia. Las acciones son de aclaración, enmienda y “procedimiento de nulidad”  , con las que esperan que –en un plazo máximo de 48 horas luego de presentadas, como lo establece la ley- los magistrados de la Corte emitan una nueva resolución que no contradiga las de la sala tercera de apelaciones y así enmiende el procedimiento que anula el juicio.

Por su parte, testigos en el juicio y víctimas de los acusados, manifestaron la profunda frustración y desconfianza, en el Estado de Guatemala, que esta serie de irregularidades judiciales les provocan. Según dijeron, las comunidades consideran que las instituciones y el Estado no los representan, sino que actúan a favor de intereses de personas  y grupos poderosos, con motivaciones cuestionables.  Afirmaron que es lamentable que la CC interfiera en la aplicación de justicia prestándose a respaldar interpretaciones de las leyes que tergiversan su espíritu, con el agravante de ser el resultado de procedimientos irregulares de la defensa de los acusados,  cuya estrategia ha sido la de obstaculizar el correcto desarrollo del juicio y retrasarlo o anularlo mediante la provocación de un gran número de incidentes.  Protestaron además por la falta de respeto que implica para las víctimas volver a rendir testimonio, así como el riesgo que eso representa. Dijeron que la injerencia de la CC en un proceso que no le correspondía por ser aún un “asunto ordinario”, al obligar a repetir el juicio, dificultará que algunos de los testigos de edad avanzada o condiciones frágiles de salud puedan presentarse nuevamente, debilitando el caso.

Por lo anterior, consideraron que hay falta de seriedad en el sistema judicial guatemalteco y debido a ello meditan acudir a  al sistema de justicia interamericana para demandar al Estado por negación de la justicia.

También se presentaron a la conferencia de prensa, representantes de los pueblos de Iximulew, autoridades ancestrales mayas, xincas y garífunas, quienes indicaron que su presencia era para acompañar al pueblo ixil. “Lamentamos y repudiamos este caso y como pueblos estamos claros que en Guatemala la justicia ha sido secuestrada por el poder económico, político y militar, eso es lamentable y desde nuestra visión como pueblos ancestrales que la justicia en Guatemala es comercializado, ya se volvió una mercancía… queremos decir a los tres magistrados -porque no fueron todos-, que cometieron un error grave. Es triste,  es vergonzoso, lo que está pasando.  Queremos decir a todo el pueblo que no se dejen engañar por todas esas maniobras que están haciendo en algunos medios de comunicación que se han dejado prestar para hacer todo ese engaño en contra del pueblo… no queremos  enfrentamientos, no queremos confrontación en contra del pueblo, nosotros lo que queremos es que haya paz y justicia, pero eso no habrá mientras se cometen todas esas cosas en contra del pueblo. También estamos claros que con el poder que tienen (económico, político y militar) podrán revocar una sentencia pero lo que no podrán revocar es esa mancha que llevan en la conciencia y esa vergüenza de Guatemala ante el mundo. Eso nadie lo puede revocar. No hay una corte, no hay una autoridad que pueda decir que no se cometió el genocidio. Eso no lo pueden quitar ante el mundo.  Pedimos a las instancias en materia de derechos humanos a nivel internacional que jueguen su papel y no se queden callados… Hermanos ixiles, sigan adelante.  Va a llegar un momento en la que le diremos a la CC su incapacidad, han violado la ley, enseñarles cómo se debe hacer la justicia. En ese camino estamos y vamos a llegar un día… Si ellos no saben cómo se aplica la justicia encuadrado en un derecho, encuadrado en normas que ellos mismos las violan, les invitamos  a que lleguen a nuestros humildes pueblos para enseñarles cómo se aplica y como se hace justicia, que nosotros sin pasar por la escuela y nuestras abuelas y abuelos sin pasar la escolaridad, saben humanamente como aplicar la justicia y si quieren sacar su doctorado cono nosotros con mucho gusto estamos en nuestros pueblos”.

¿Vuelve el Ejército a los territorios indígenas? via codpi.org

Article extret de codpi.org

¿Vuelve el Ejército a los territorios indígenas?

Territorio y recursos naturales - Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

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GUATEMALA.- Mientras el juicio contra el dictador Ríos Montt por actos de genocidio toca a su fin, el Gobierno de Guatemala, presidido por Otto Pérez Molina -otro general retirado-, ha ordenado de nuevo al Ejército ingresar en los territorios indígenas para proteger las inversiones de las empresas transnacionales.

Desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2012, Pérez Molina ha decretado dos estados de sitio. El primero de ellos, en el municipio de Barillas (territorio q'anjobal, departamento de Huetenango) y el segundo en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, afectando al territorio del pueblo xinka de Xalapán, entre otros. Estas decisiones desembocan en la ocupación militar  de decenas de comunidades, ocasionando numerosas violaciones a sus derechos humanos.

Con fecha 4 y 5 de mayo de 2013, una delegación conformada por Autoridades Ancestrales, representantes de diferentes pueblos y organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales, visitaron los municipios en los que se declaró el último estado de sitio el pasado 1 de mayo (municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los Municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa). Tras la visita, emitieron un Informe Preliminar de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos que analiza la naturaleza de este instrumento legal y recoge los impactos que proyecta sobre la población.

Es de reseñar que, tras las protestas y las dudas sobre su legalidad, el día 9 de mayo el Gobierno dejó sin efecto la declaratoria del estado de sitio, para pasar a imponer en estos mismos municipios el estado de prevención, manteniendo el mismo número de efectivos militares en los territorios, así como el recorte de las garantías constitucionales.

Estados de sitio, o la “legalización de los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades”

El estado de sitio representa un concepto equivalente al de estado de guerra, otorgando a las fuerzas armadas facultades para el mantenimiento del orden interno. Durante el mismo quedan suspendidos temporalmente los derechos constitucionales de la población afectada.

El Relator Especial de las Naciones Unidas Leandro Despouy sobre los derechos humanos y los estados de excepción, en su informe de 23 de junio de 1997, indicó que, “en muchos casos, los estados de excepción se habían transformado en el instrumento jurídico mediante el cual se pretendía "legalizar" los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades”. En efecto, casi ninguno de los regímenes de la época resistió a la tentación de justificar su irrupción o mantenimiento en el poder a través de este accionar represivo.Según señala el citado Informe de Verificación, “el decreto del estado de sitio forma parte de una política de remilitarización del Gobierno de Otto Pérez Molina, como soporte de la concesión de licencias a megaproyectos extractivos"

En la Guatemala actual, esta nueva declaración de estado de sitio evidencia la arbitrariedad con la que se trata de imponer el orden en territorios en los que pueblos indígenas están protagonizando movilizaciones y resistencias para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Derechos que, por otra parte, están recogidos en el Convenio 169 de la OIT, el cual forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco.

Según señala el citado Informe de Verificación, “el decreto del estado de sitio forma parte de una política de remilitarización del Gobierno de Otto Pérez Molina, como soporte de la concesión de licencias a megaproyectos extractivos enmarcados en un modelo de desarrollo inconsulto y destructivo. Es importante mencionar, que desde su llegada a la primera magistratura, se ha registrado un progresivo incremento a la represión, y se evidencia que los destacamentos militares creados se ubican cercanos a las instalaciones de los megaproyectos”.

El antecedente: el estado de sitio en Barillas

Durante el estado de sitio de Barillas, las comunidades denunciaron el hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad del EstadoEn mayo de 2012, y a raíz de la movilización comunitaria contra la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria de la española Hidralia Energía), se declaró un estado de sitio en el municipio, que duró 17 días. Durante el mismo, las comunidades denunciaron el hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad del Estado, que allanaron más de 30 viviendas, y que contaban con 50 órdenes de captura contra líderes comunitarios. Durante los allanamientos se produjeron agresiones sexuales y continuas faltas de respeto contra los y las pobladoras, así como acciones contrarias a la cosmovisión maya, en una reedición de las prácticas contrainsurgentes de los años 80.

Como resultado de esta ocupación militar fueron detenidos 14 dirigentes indígenas, de los cuales 8 pasaron más de 8 meses en prisión preventiva (siendo liberados finalmente en enero de 2013), sin que llegara finalmente a celebrarse juicio alguno.

Puedes acceder a mayor información sobre este caso en el mapa "La Tierra se defiende".

Un estado de sitio para defender los intereses de las mineras

Con fecha 1 de mayo de 2013 el Gobierno declara un nuevo estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla (territorio xinka) del Departamento de Jalapa; y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, durante treinta días.

La llegada de la mina San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources al territorio xinka suscitó desde el inicio una decidida resistencia por parte de las comunidades -muy especialmente, de las mujeres- para defender sus territorios y sus bienes naturales, en ejercicio de sus derechos colectivos. Frente a ello, la respuesta gubernamental se centró en la persecución jurídica, la criminalización y la difamación de líderes y autoridades ancestrales del pueblo xinka de Xalapán. En este contexto, se produjo un aumento de la represión contra los dirigentes, que desembocó en el secuestro de cuatro miembros del Parlamento Xinka, y en el asesinato de Exactación Marcos Ucelo, el pasado 17 de marzo de 2013.Frente a la resistencia comunitaria, la respuesta gubernamental se centró en la persecución jurídica, la criminalización y la difamación de líderes y autoridades ancestrales del pueblo xinka de Xalapán.

En el departamento de Santa Rosa, el ingreso de la empresa GoldCorp, subsidiaria de Tahoe Resources, para la exploración de la mina El Oasis, marcó el inicio en 2010 de la conocida como revolución de las flores: “marchas silenciosas realizadas por la población desde el pueblo [San Rafael las Flores] hasta la entrada de la mina, depositando flores para pedirles que se retiren, a la vez que se realizan plantones frente a la embajada de Canadá y las oficinas de la Minera San Rafael, para que respondan por los atropellos de las empresas mineras de ese país”. Ante la nula respuesta por parte de la empresa y de las administraciones, y de manera legal y pacifica, la población decidió instalar un plantón (campamento) en un predio cercano a la mina para impedir la continuidad de las obras.

Son estos hechos de resistencia los que han servido de excusa al Gobierno de Pérez Molina para declarar un estado de sitio de dudosa legalidad -tanto, que finalmente tuvo que desistir de él para convertirlo en un estado de excepción-, que hasta el momento ha causado las siguientes violaciones de derechos humanos, según el Informe de Verificación:

• Uso desmedido y desproporcionado de la fuerza (allanamientos de viviendas, registros violentos, destrozos).
• Amenazas e intimidaciones a autoridades ancestrales y dirigentes sociales.
• Robos.
• Humillaciones contra las mujeres.
• Efectos psicosociales.

Estas prácticas causan un impacto enorme en las comunidades afectadas, que observan cómo los mismos actores armados que desplegaron una cruenta represión durante el conflicto armado vuelven a ocupar violentamente sus territorios.

Y lo hacen, de nuevo, para defender unos intereses ajenos a los de los pueblos de Guatemala.

Puedes descargar el informe completo aquí.

Asesinato de Carlos Hernández - Defensor de derechos humanos en Guatemala

Ante el asesinato de Carlos Hernández, defensor de derechos humanos acompañado por PBI en años anteriores

Ciudad de Guatemala, marzo de 2013

El día 8 de marzo recibimos la noticia del cruel asesinato de Carlos Hernández, miembro del Sindicato Nacional de Salud, del Frente Nacional de Lucha (FNL), de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesia, Sindicales, Campesinas de Oriente (COPIISCO) y de la Asociación Campesina Camoteca del departamento de Chiquimula, municipio de Camotán. Según la información disponible al momento, regresando de Honduras en un vehículo le dispararon y asesinaron desde otro vehículo.

Estamos profundamente apenadas y consternados por este horrible crimen que acabó con la vida de un defensor de derechos humanos, luchador y comprometido con el bienestar de su comunidad y compañeros.
PBI Guatemala ha acompañado a la Asociación Campesina Camoteca desde el año 2009 al 2012. En el marco de esta labor hemos conocido y acompañado a Carlos Hernández en múltiples ocasiones, puesto que sufría, al igual que otros miembros de la Asociación Campesina Camoteca, todo tipo de agresiones y amenazas, incluyendo acusaciones judiciales desproporcionadas, debido a su compromiso para con la defensa de la vida, del medioambiente, de la salud y de los recursos naturales.
Nos solidarizamos en este momento de profunda tristeza y dolor con su familia, su comunidad y compañeros y compañeras de las organizaciones y plataformas donde participaba.
Esperamos que se investigue con prontitud este terrible suceso y se juzgue a los responsables, para que no quede impune y para que pueda haber esperanza de terminar algún día con la violencia que afecta gravemente al pueblo guatemalteco.
Al mismo tiempo, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de ataques y amenazas que sufren las organizaciones sociales y defensoras y defensores de derechos humanos en ésta y en otras regiones de Guatemala.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a que tome las medidas que considere adecuadas para asegurar la efectiva protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, especialmente a aquellos que como Carlos Hernández ya vienen sufriendo amenazas por su compromiso con los derechos económicos y sociales.

Brigadas Internacionales de Paz

Proyecto Guatemala

ENFOQUE nº26 - Informació sobre Santa Cruz de Barillas - GUATEMALA

Estimados y estimadas lectoras del boletín ENFOQUE y de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía:

Reciban un saludo del equipo que integramos la iniciativa El Observador. Les estamos trasladando la edición No. 26 de nuestro boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, el cual tiene la intención de aportar elementos sobre la persecución política y los presos políticos de Santa Cruz Barillas (ya liberados), para poder poner de manifiesto este carácter, así como denunciar las verdaderas causas de dicha represión que tienen origen en la negativa popular al proyecto hidroeléctrico Q’amb’alam I y II.

Además pretende analizar el contexto de criminalización, persecución y judicialización de la lucha social, que está profundizándose por parte de los grupos de poder en consolidación en el Estado, y en las estructuras del poder hegemónico.

Pretendemos poder aportar elementos que sirvan de argumentación política para los compañeros presos y perseguidos y perseguidas otros casos a lo largo y ancho del país.

Se aportan elementos legales que respaldan las demandas de las personas perseguidas y presas políticas, así como las irregularidades de este proceso, que parecen bajo un esquema Gramajista, una eliminación de los oponentes, en este caso al proyecto hidroeléctrico. Por último se presentan elementos e información claves de la empresa de capital español, Hidralia-Ecoener, así como su “modus operandi” fundado en la violencia y en su peculiar visión de la democracia.

Como siempre, solicitamos multiplicar y difundir esta nueva edición de ENFOQUE, y esperamos que sea un insumo para la discusión y el trabajo político.

También solicitamos enviarnos sus comentarios y observaciones, los cuales serán bien recibidos.

Atentamente,

Equipo de El Observador.

PBI: lluita contra la impunitat enfront a la violació del dret a l'alimentació

URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS

URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS

POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS

CMI Guatemala / Waqib Kej

El día de hoy 16 de octubre se informo por parte del Sistema Penitenciario al

Juzgado de Primera Instancia del municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la

mañana el transporte en el que se trasladaban los presos políticos del caso de

Barillas sufrió un atentado a la altura del kilometro 34 de la carretera

Interamericana. Por esta razón se cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado

Sergio Vives, hasta el momento no se reportan heridos, aunque aun se están

haciendo averiguaciones.

Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del

kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve

de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros

de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se

realizaría en el Juzgado de este municipio.

Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés

León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez

López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro

Miguel.

Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las

razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado

repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las

órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y

violaciones al debido proceso.

Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la

celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación

privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber

tenido debido proceso.

También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio

de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que

ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa.

Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.

Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos

e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las

demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos

de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención

ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a

delinquir y desorden público.

Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos

Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en

Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque

Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la

fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una

hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.

El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que

además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro,

intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que

quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos

democráticos, su vida y su futuro.

Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de

investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de

los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por

la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el

servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se

realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el

atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la

imposición del Estado de Sitio.

Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de

justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de

criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio

Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e

injustas.

Con información de: Licenciado Sergio Vives.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Totonicapán y de las luchas sociales en Guatemala

Estimados compañeros y compañeras:

Ante la sangre que ha vuelto a correr en el pueblo de Totonicapán, pedimos su solidaridad para EXIGIR la inmediata destitución de los Ministros de Gobernación y Defensa Nacional de Guatemala, que tanto daño están haciendo contra las luchas sociales en Guatemala.

Si Ud. está de acuerdo con firmar esta carta, por favor responda al correo:solidaridadcontotonicapan@gmail.com. Vamos a esperar hasta el día lunes 8 de octubre, para mandar la carta el día martes 9 a primera hora.

Además le agradeceremos mucho que circule esta nota a todos sus contactos!

Nuestra solidaridad con el pueblo de Totonicapán y de las luchas sociales en Guatemala.

¡¡¡NO AL RETORNO DE LA REPRESIÓN MILITAR EN GUATEMALA!!!

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CARTA ABIERTA A LOS PRESIDENTES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE GUATEMALA, PIDIENDO LA DESTITUCIÓN DE LOS MINISTROS DE GOBERNACIÓN Y DE DEFENSA NACIONAL, MAURICIO LÓPEZ BONILLA Y ULISES NOÉ ANZUETO RESPECTIVAMENTE, ANTE LA VIOLENCIA UTILIZADA EN CONTRA DEL PUEBLO DE TOTONICAPÁN Y DE LAS LUCHAS SOCIALES EN GUATEMALA

 

Nosotros y nosotras, estudiantes, académicos, activistas y todos los indignados e indignadas por los hechos ocurridos en Totonicapán el día 4 de octubre de 2012, nacionales y extranjeros, manifestamos nuestro repudio por la violencia utilizada por el Gobierno de Guatemala para reprimir una manifestación pacífica organizada por los 48 cantones de Totonicapán, en la que expresaban su opinión respecto de la propuesta de reformas constitucionales, la modificación de la carrera magisterial y el alza de la tarifa eléctrica.

 

Para la comunidad nacional e internacional, a pesar de las declaraciones oficiales presentadas por el mandatario, Otto Pérez Molina, y sus ministros de Gobernación y Defensa Nacional, Mauricio López Bonilla y Ulises Noé Anzueto respectivamente, así como la ambigüedad con la que está procediendo el Procurador de Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, está claro que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala arremetieron contra los manifestantes con abuso de violencia. Mientras las autoridades de los 48 cantones se encontraban en Ciudad de Guatemala para iniciar una reunión de negociación con el presidente Otto Pérez Molina, las fuerzas públicas reprimieron a los manifestantes que se encontraban en la carretera Interamericana, disparando a quemarropa contra la población y dejando un saldo de ocho muertos y treinta y cuatro personas heridas –de las cuales treinta sufrieron heridas de arma de fuego mientras que los otros cuatro sufrieron intoxicaciones por los gases lacrimógenos. Asimismo, según testimonio de los pobladores, mientras esto sucedía se sobrevolaba el área con helicópteros militares para intimidar a los manifestantes y para reaccionar bélicamente en caso que fuera “necesario”.

 

A nuestro criterio, la forma como procedieron las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala muestra claramente que este tipo de “operaciones” sigue respondiendo a políticas de contrainsurgencia, de las que tanto Otto Pérez Molina como Mauricio López Bonilla tienen vasta experiencia. Ello implica la criminalización de la acción colectiva y de las luchas sociales a todo nivel, sean indígenas, campesinas, estudiantiles, etc. En lo que va de su mandato, se ha comprobado que el ministro de Gobernación reacciona inmediatamente con violencia indiscriminada, sin buscar medios de negociación que respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto el derecho a la libre locomoción que insistentemente demandan las élites económicas, como los derechos de organización y defensa de la vida que son reclamos justos de las entidades colectivas que se manifiestan públicamente. En sus declaraciones públicas, Mauricio López Bonilla ha acusado a los movimientos sociales de ser “criminales” y “terroristas”, en un afán de desvirtuar las luchas de esos movimientos y como justificación para su acción represiva. Reiteradamente ha dicho que no va a tolerar cualquier intento de atentar contra el “orden público” y la “anarquía”, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué entiende el señor López Bonilla por “orden” y “anarquía”? Para él, el “desorden público” y la “anarquía” empiezan cuando los estudiantes se organizan en contra de las medidas autoritarias del Ministerio de Educación o cuando las comunidades resisten en la defensa de sus territorios y de sus derechos individuales y colectivos fundamentales. Con esto, claramente vemos cómo la política de seguridad del Estado tiene al movimiento popular como un “enemigo interno” al que hay que controlar y eliminar.

 

Denunciamos la mentira con la que se ha estado manejando la información tanto por las entidades oficiales como por los medios de comunicación social –nacionales e internacionales. Respondiendo a la lógica contrainsurgente antes expuesta, los funcionarios de gobierno han dicho que las fuerzas de seguridad no portaban armas, pero existen fotografías que claramente muestran lo contrario. Posteriormente Otto Pérez Molina ha confirmado que los efectivos policiales y militares sí portaban armas, y que hicieron uso de las mismas respondiendo a “provocaciones” de la población, “disparando al aire” supuestamente en defensa propia. Ahora bien, ¿por qué la gente que se manifestaba iniciaría un enfrentamiento contra la policía y el ejército, sabiendo de antemano su superioridad militar?, ¿qué obtendrían con ello si las autoridades de los 48 cantones estaban ya por iniciar la reunión con el mandatario? Vemos entonces cómo las declaraciones de los funcionarios públicos muestran su intención de evadir su responsabilidad y en su lugar, culpar a la población de la violencia acontecida.

 

Por lo anterior, los y las abajo firmantes, nos unimos a las demandas expresadas en comunicados de distintas organizaciones y de la sociedad civil, anexos a esta carta (ver archivo adjunto), y además EXIGIMOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OTTO PÉREZ MOLINA, LA INMEDIATA DESTITUCIÓN DE LOS MINISTROS DE GOBERNACIÓN, MAURICIO LÓPEZ BONILLA, Y DE DEFENSA NACIONAL, ULISES NOÉ ANZUETO.

 

Finalmente nos solidarizamos con el pueblo de Totonicapán haciendo nuestro también el dolor causado por los compañeros asesinados como por la represión y el terror vivido y revivido en estos días. Asimismo apoyamos las justas demandas de los hermanos y hermanas del pueblo de Totonicapán y las decisiones que tomen las autoridades de los 48 cantones. 

FIRMAS

Guatemala y la vigencia de la represión contra los pueblos indígenas

Extret de la següent web:

GUATEMALA.- Los pueblos mayas de Guatemala son los protagonistas de una resistencia histórica que les ha permitido pervivir hasta nuestros días. Durante los años 80, fueron capaces incluso de enfrentar el intento sostenido y sistemático de exterminio que desató contra ellos el Estado del que suponían eran parte.

Hoy -cuando gobierna uno de los militares responsables de aquel baño de sangre-, siguen vigentes los mismos mecanismos de represión de la dictadura, utilizados para garantizar los intereses económicos de las élites, transfiguradas en grandes empresas interesadas en explotar las riquezas naturales presentes en los territorios. Estos mecanismos, incluyen desde actos de violencia física -atentados y asesinatos- e intimidaciones, hasta una política de criminalización respaldada por los poderes públicos. Y tienen entre sus objetivos prioritarios a los movimientos, las comunidades, las autoridades y las organizaciones mayas, que están al frente de las luchas por la defensa de los territorios y los recursos naturales. Tan es así, que un reciente informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) denuncia que el 59% de las agresiones perpetradas en 2012 se han dirigido contra los pueblos indígenas y las organizaciones de defensa del medio ambiente.

El propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, informaba tras sumisión en el país en 2011, de que la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades. Señala también el uso indiscriminado que se hace de los estados de prevención por parte de los poderes públicos, la presencia creciente de las fuerzas de orden público en las comunidades y el uso excesivo de la fuerza por su parte. Además, denuncia la situación de impunidad en cuanto a los actos de hostigamiento y violencia física, incluyendo violencia sexual, en contra de los comunitarios, en un contexto marcado por la falta de acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia.

Durante los últimos meses, se han dado una serie de situaciones que dibujan un escenario extremadamente complejo, y que han colocado a los y las dirigentes indígenas, así como a los activistas que les acompañan, en una situación de grave vulnerabilidad.

Estado de sitio y criminalización, al servicio de una transnacional española. 
El pasado 1 de mayo, el presidente Otto Pérez-Molina declaró un estado de sitio en el municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango) durante 17 días, tomando como excusa las movilizaciones de protesta que se produjeron a raíz del asesinato -presuntamente a manos de la seguridad privada de la empresa- del líder comunitario Andrés Francisco Miguel. Estos hechos se produjeron en el marco de un conflicto que enfrenta a los pueblos de la región con la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, que pretende construir una central hidroeléctrica sobre el río Q'amb'alam, sin consentimiento comunitario.

Puedes obtener aquí más información sobre el caso.Allanamiento de una vivienda familiar en una comunidad de Barillas, durante el estado de sitio declarado en mayo de 2012

Tal y como denuncian diversos colectivos sociales, en una carta abierta, desde la instalación del estado de sitio en Barillas, “se emitieron 33 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas por “plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir, y terrorismo”, sin fundamento alguno”. Además, se está usando la figura delictiva de actividades de narcotráfico de manera totalmente tergiversada, aplicándolas a los grupos de población y a los colectivos sociales que se oponen al proyecto de la Hidro-Santa Cruz.

“Con estas órdenes de captura -añade la carta- el Estado guatemalteco está tratando como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar, a personas que se organizan y que ejercen sus derechos. Se está usando la ley y el proceso penal con fines políticos, como un instrumento punitivo para criminalizar y desarticular a las ciudadanas y ciudadanos de Barillas que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica”.

A día de hoy, continúan detenidos 11 activistas comunitarios, en el marco de un proceso judicial irregular que tiene como finalidad la criminalización de la protesta contra el megaproyecto.

El cemento contra la comunidad, en San Juan Sacatepéquez
Desde el 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. impulsa el Proyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica de cemento y una cantera en el territorio de varias comunidades mayas kakchikeles, del municipio de San Juan Sacatepéquez. Dicho proyecto se ha puesto en marcha sin haber consultado previamente a los pueblos, y se viene desarrollando en un marco de conflicto generalizado que está causando un enorme impacto sobre sus derechos humanos.

Las comunidades, en consulta popular, se declararon en contra de la cementeraEntre los hechos de violencia registrados, según ha podido documentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataques armados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, …), amenazas de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales que acompañan a las comunidades. Habitantes del municipio identificaron a los agresores como personal contratado de la empresa cementera.

Paralelamente, desde el año 2008 se inició el juicio en contra de tres comunitarios opuestos al proyecto, que a día de hoy siguen en prisión preventiva, a la espera de culminar un proceso que está siendo extremadamente largo y confuso.  

A pesar de todo ello, las comunidades sanjuaneras continúan haciendo valer el resultado de la consulta popular celebrada en mayo del 2007, en la que 8.946 habitantes expresaron su negativa a la construcción de la cementera -frente a 4, que votaron a favor-. A día de hoy, la empresa no ha podido culminar las instalaciones.

Intimidación y amenazas para acallar a la dirigencia indígena y social.
Una de las estrategias de control social que se están ejecutando en el país, es la intimidación permanente de los dirigentes indígenas y de otros líderes populares que acompañan a las comunidades en la defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. Durante los últimos meses hemos asistido a un aumento exponencial de estos hechos, que están impidiendo el desempeño del importante papel que estas personas juegan en la reivindicación de los derechos de sus pueblos.Lolita Chávez, del CPK

A finales de 2011 se presentaron en la Fiscalía General dos querellas penales contra un total de 53 activistas sociales y personalidades políticas, acusándoles de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Entre los denunciados se encuentran personas con un amplísimo bagaje en el acompañamiento a las comunidades indígenas que luchan por reconstruir sus memorias colectivas, acceder a la justicia y defender sus territorios de los nuevas agresiones. Si bien el proceso tiene escasos visos de prosperar, el objetivo de estigmatizar al movimiento, e intimidar a los activistas sociales y populares guatemaltecos se ha conseguido.

Domingo Hernández, de Uk'u'uxb'eA principios del presente año, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)denunció el ambiente de amenazas en que desarrolla su trabajo. Las amenazas se dirigen tanto contra sus integrantes, como contra varias comunidades que la organización acompaña en Alta y Baja Verapaz. Al respecto, PBI alertó de las intimidaciones y el clima de violencia que sufren las comunidades q'eqchi'es en el ejercicio de sus derechos territoriales.

En julio de 2012, la dirigente maya Lolita Chávez, del Consejo de los Pueblos K'iche' (CPK)sufrió una violenta agresión en la que resultaron heridas varias de sus compañeras, en lo que ha sido denunciado como un acto de intimidación en contra de su labor de acompañamiento a las comunidades de la región en la lucha contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos.

Y más recientemente, en el mes de septiembre, se han conocido las reiteradas amenazas y atentados perpetrados contra el líder maya Domingo Hernández Ixcoy, integrante de la Asociación Maya Uk'u'xb'e y miembro de la Convergencia Nacional Maya Waq'ib Kej, incluyendo el allanamiento de su vivienda. Domingo cuenta con una larga trayectoria de trabajo dirigido a fortalecer la lucha en defensa de la Madre Tierra, el territorio, y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

¿Un nuevo ciclo de resistencias y de confrontación?
En el espacio-tiempo que es la Guatemala actual, cuando ya han pasado más de 15 años desde que se firmó formalmente la paz, se está asistiendo a una confrontación brutal entre dos dinámicas opuestas.

Por un lado se encuentran las comunidades mayas de todo el país, que están tomando de nuevo las riendas de su historia, y ejercen una cerrada defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. En este camino de articulación de las luchas sociales, no sólo se está revitalizando el movimiento indígena y popular, sino que se está construyendo, desde abajo, un modelo de vida que pasa necesariamente por el respeto a la Madre Tierra y por el ejercicio irrenunciable de los derechos territoriales y de la autonomía comunitaria en la toma de decisiones.Desalojo de Los Encuentros (Sololá) en 2005

Así, y a pesar de haber padecido recientemente un intento de genocidio, los pueblos indígenas guatemaltecos iniciaron un nuevo ciclo de resistencias, que tuvo un punto de inflexión en 2005, cuando comunidades kakchikeles y k'iche's de Sololá se organizaron para impedir el paso de la maquinaria pesada que se utilizaría en la construcción de una mina en Huehuetenango (la Mina Marlin, en territorio mam). Ya entonces quedó patente la toma de conciencia y el aumento de las reivindicaciones que se estaba produciendo a nivel comunitario, y que se ha venido concretando en la celebración de decenas de consultas sobre megaproyectos, en un crecimiento exponencial de los actos públicos de reivindicación y, sobre todo, en un proceso de reestructuración social que recupera a las comunidades como sujeto político protagonista.

Por otro lado, la oligarquía de Guatemala -hoy, como ayer, aliada con el poder político y con el capital transnacional- recurre de nuevo a los mecanismos de terror que empleó durante los años de la guerra para tratar de enfrentar estos procesos comunitarios, capitalizar en sus manos las riquezas naturales del territorio, y mantener unos privilegios que hacen inviable al país, y que condenan a la miseria a la mayoría de la población.