Declaración de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) al finalizar su visita al municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz : inquietud frente a la creciente militarización del municipio

Guatemala: Un país donde las cárceles acrisolan la mística revolucionaria de sus profetas encarcelados

Guatemala: Un país donde las cárceles acrisolan la mística revolucionaria de sus profetas encarcelados

Ollantay Itzamná

América Latina

sep 292014

Enviado a la página web de Redes Cristianas

La historia guatemalteca recordará este período neoliberal, no sólo como una dolorosa época de despojo-expulsión, y disolución de los derechos humanos, sino también como una etapa de la criminalización más cruenta de la defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra.

A las y los defensores de derechos, y a cuantos se atreven a despertar y a organizar a la población despojada, el Estado-empresa neoliberal los declara ipso facto “enemigos internos”, los persigue y encarcela, si acaso no son asesinados selectivamente.

Hace más de 3 meses atrás, tres defensores de derechos del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fueron secuestrados por agentes particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE, e inmediatamente ligados a proceso penal (sin que existiera orden de detención). Uno de los secuestrados-encarcelados es Don Mauro Vay (MV), de 60 años de edad. Incansable defensor de derechos. Fundador y coordinador nacional de CODECA. Él, en la cárcel de Huehuetenango, nos concedió la siguiente aleccionadora e interpelante entrevista.

O.I. ¿Quién es Mauro Vay?

M.V. Soy campesino de la clase desposeída, dirigente consciente de la lucha revolucionaria. Vengo de una familia muy desposeída. Pero, en el transcurso de mi vida, he aprendido que no hay otro camino que hacer cambios. (…), persigo cambios y no me importa a cualquier costo.

O.I. ¿Qué le motivó y motiva a gastar su vida en la lucha social?

M.V. Al inicio, la pobreza, la experiencia de la vida en el campo. De cómo se manejaba la explotación, la discriminación. Esa es parte de una experiencia sufrida, por eso vi que era necesario luchar.

Por otro lado, la formación que recibí de un Jesuita, en los años 80, Padre Marcelo, de Bélgica. Con Él aprendí lo que es el compromiso cristiano. Desde allí, yo me consagré. Antes, yo sentía que era necesario hacer algo contra las injusticias, pero me entretenía con la orientación religiosa anterior que nos decían que es pecado hacer algo, es pecado. Yo sentía esa lucha interna entre lo que yo miraba en la realidad y lo que me decían que era pecado hacer algo por cambiar las injusticias. Desde aquella formación con el Jesuita comprendí mi compromiso cristiano (…), buscar las transformaciones sociales con dignidad sin importar el costo. Desde allí, me formalicé en la lucha revolucionaria.

O.I. ¿Qué le hizo perder el miedo a la cárcel, incluso a la muerte?

M.V. Yo siento que es la convicción de luchar y el sentir cristiano de que uno tiene que dar la vida por los demás. Esto me hace convencer de que yo no estoy perdido. Tengo una base cristiana y tengo una base social donde aprendí, en el campo, el sufrimiento, la explotación. La fe cristiana me hace convencer de que yo puedo arriesgarme, pero que también tengo la capacidad de evadir cualquier poder que hay en la tierra con la ayuda de Dios.

O.I. La mayoría de los ex guerrilleros se desmovilizaron y se acomodaron después de los Acuerdos de Paz. Don Mauro siguió en la lucha, ¿por qué?

M.V. Cada guerrillero tuvo su formación desde la estructura en la que estuvo. La mayoría de los guerrilleros fueron formados desde el punto de vista materialista. Entonces, se manejó una situación de capacidad de conciencia militar, pero la conciencia a veces cambia cuando no hay una fortaleza espiritual en la persona.

Yo considero que eso, a muchos de los ex combatientes, lo desvaneció al cambiar de situación de vida. Pero, también hay muchos ex combatientes que espiritualmente se consagraron en el conocimiento y en la convicción, y, ahora, siguen en la lucha. En mi caso, mi convicción religiosa, mi experiencia de sufrimiento, la compresión y la fuerza espiritual que tengo me mantiene y mantendrá en la lucha.

O.I. Ud. comenzó en la lucha social, luego transitó a la lucha militar, y finalmente se incorporó en la lucha sociopolítica, ¿por qué esos quiebres?

M.V. Por eso. Dada la coyuntura he aprendido mucho. Yo empecé en lo religioso, luego en la lucha social campesina, luego en la lucha militar. Y, ahorita, que se firmó los Acuerdos de Paz, nunca desconocí del movimiento social, inmediatamente formé el movimiento social, y sé las estrategias del movimiento social, porque nací de ese movimiento social.

La lucha militar fue transitorio, y en el momento en que lo pidió la necesidad. A la firma de los Acuerdos de Paz era necesario, pues, la lucha social. Y lo hice, porque estoy formado. Tengo la capacidad política y militar.

O.I. ¿Qué buscaban las guerrillas, y qué busca, ahora, CODECA?

M.V. Cambiar el sistema. Estoy encarcelado por que el sistema capitalista neoliberal nos asume como enemigos a todos cuantos luchamos por los derechos. En la guerrilla aprendimos a identificar al enemigo. Sé que se cometieron muchos errores, pero aprendimos de esos errores. El hostigamiento militar nos distrajo del objetivo de la construcción del poder local. Ahora, vamos por la construcción del poder de abajo hacia arriba para hacer las transformaciones estructurales.

Con la guerrilla no logramos la expansión organizativa, ahora sí tenemos organización a nivel nacional. Con la guerrilla no hemos logrado el involucramiento de la clase media, con el movimiento sí lo estamos logrando.

O.I. ¿Qué le motivó a organizar CODECA?

M.V. La misma necesidad, el mismo proceso, la misma convicción revolucionaria, el mismo compromiso cristiano. Era necesario hacer algo. Yo no tenía contacto con ningún movimiento. Los movimientos en ese tiempo eran clandestinos. Por eso tuve que formar CODECA. Yo quise integrarme a los movimientos existentes, pero no tuve oportunidad. Yo busqué a los movimientos, pero no pude encontrar en ese tiempo. Por esa razón fui obligado a formar a CODECA. Aun estando CODECA, yo quise ser miembro de otro movimiento. Yo no quería encabezar. Yo quería empujar desde abajo y que otros encabezaran. Probamos en CUC (Comité de Unidad Campesina) y en CONAMPRO, pero los líderes eran demasiados celosos. No pudimos integrarnos. Por eso, a ley tuvimos que formar CODECA con otros compañeros y compañeras.

O.I. ¿Cuáles son los impactos que deja con su lucha desde la organización?

M.V. Ahorita, yo veo que ya hay mayor organización, con una definición ideológica cada vez más clara. En el país, hay y existió montón de organizaciones pero sin definición clara de lo que se quiere. Ahora, ya existe una definición clara con visión de país. CODECA plantea hacer las transformaciones estructurales en el Estado y en la sociedad.

Esta visión política, ideológica, de transformaciones estructurales con visión de país, no teníamos antes. Antes sólo estuvimos organizados por demandas sectoriales, y no con una visión de país.

O.I. ¿Cómo hacer estas transformaciones estructurales en Guatemala?

M.V. La base principal es la organización. Para promover la organización hay que utilizar varios argumentos, varias demandas que representen a todos los sectores del país. Nuestra demanda inicial fue el acceso a tierra. Luego, los derechos laborales y la recuperación de los bienes y servicios comunes privatizados. Ahora, las transformaciones estructurales del país.

Ahorita, yo estoy en la cárcel, pero la expansión organizativa ya está. Sabía que la lucha por la recuperación de la energía eléctrica era riesgoso, pero las circunstancias organizativas eran necesarias, y no me arrepiento. Las ideas y la lucha siguen, y eso me satisface.

La gente ya tiene información y formación. Ahora, si quienes están organizados siguen optando políticamente por la derecha, pues, por lo menos ya saben a qué se atienen.

Ahora, no podemos darnos el lujo de dividir a la izquierda. Debemos fortalecer a la izquierda.

O.I. ¿Cómo cambiar la mentalidad de muchos dirigentes actuales de la izquierda política que no creen en la asamblea, desobedecen a las bases sociales, no creen en los movimientos sociales?

M.V. Esos pensamientos radicales de algunos dirigentes de la izquierda van a ser transitorios. Por un lado, porque la población se está organizando y va asumiendo responsabilidad. Por el otro lado, que también ya están caducando. Ellos están caducando físicamente e ideológicamente. Queda el nuevo liderazgo. Yo confío en el nuevo liderazgo. No en ese liderazgo idiota que ha estado, y que simplemente se han sentido de nombre revolucionarios, pero más no de acción. Lo que estamos planteando y promoviendo es una revolución de acción.

NOTICIAS QUE NO SALEN EN LOS MEDIOS - Guatemala

NOTICIAS QUE NO SALEN EN LOS MEDIOS

#Video
PNC DISPARA CONTRA POBLACIÓN DESARMADA, crónica de los hechos

Mientras la ciudad capital celebraba un feriado mas el pasado 15 de Agosto, un contingente de la Policía Nacional Civil disparaba contra la población en Semococh Alta Verapaz, dejando como saldo trágico 3 muertos...

EL CONFLICTO:
Monte Olivo
Comunidad fundada en 1986 a orillas del río Dolores, poco después del conflicto armado interno, era un lugar tranquilo donde no habían dificultades para trabajar. La tranquilidad de Monte Olivo se vió violentada en 2008 cuando el finquero David Leonel Ponce compró la finca Xalajá en Cangüinic, para construir la represa de la hidroeléctrica Santa Rita sobre el río Dolores.

Luego de que los vecinos solicitaran una consulta comunitaria, en 2011 la empresa Hidro Santa Rita contrató maquinaria para iniciar el dragado del río en las próximidades de la comunidad.

El 9 de febrero de 2012, 20 comunidades se manifestaron en contra del proyecto hidroeléctrico y exigieron el retiro de los camiones y la maquinaria como respuesta el gobierno represivo de la "mano dura" colocó un destacamento militar en la comunidad y un puesto de control en la entrada, sin embargo la comunidad de manera organizada y pacifica logró retirar el destacamento militar el 5 de abril de 2012, a partir de ese momento el conflicto se intensifico, desde hostigamiento, criminalización de lideres del movimiento, hasta llegar al asesinato de dos niños.

A finales de enero de 2014 la represión llego a un punto álgido, pues se habían girado 16 órdenes de captura contra líderes de la Comunidad de Monte Olivo por diversas situaciones.

El 30 de julio de 2014 clandestinamente se firma un convenio entre representantes de la Hidroeléctrica, Gobierno y suspuestos representantes de la comunidad, "represenantes" que nadie conoce en la comunidad.

ENFRENTAMIENTO

Un contingente policial sin prescedentes, donde se solicitaron patrullas y agentes del El Progreso, San Marcos, Retalhuleu y muchos departamentos mas del país, se dirigia a Monte Olivo para desalojar la resitencia pacífica, en solidaridad vecinos de Semococh quisieron interrumpir el paso del contingente, estos respondieron disparando contra la población civil, muchos pobladores tuvieron que refugiarse en las montañas como en los tiempos del conflicto armado interno, el saldo trágico fue: 3 muertos, todos ellos vecinos de Semococh.

Puchica Muchá

 — amb Bayron Pérez a Semococh, Alta Verapaz, Guatemala

Comunidades en resistència contra cementeras - GUATEMALA

Las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia de San Juan Sacatepéquez
Ante la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y pueblos en general, en relación a la masacre suscitada el 19 y 20 de septiembre de 2014, hace saber que:

El día viernes 19 de septiembre, alrededor de las 21:45 horas, en la comunidad los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que un grupo de cinco comunitarios delegados por las autoridades locales, decidieron verificar lo que estaba sucediendo. A su encuentro salieron al menos diez hombres armados, que fueron identificados como trabajadores de la empresa cementera Cementos Progreso, quienes abrieron fuego contra los comunitarios sin mediar palabra, en donde hirieron de gravedad a tres de ellos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial, sin embargo el compañero Juan José Pajoc Chajaj murió pocos minutos después.

Las personas de la comunidad, al ver lo sucedido, decidieron acudir al lugar para entregar a la policía a los trabajadores de la empresa cementera, sin embargo éstos se dieron a la fuga y se refugiaron en una casa particular, en donde les acompañaban un grupo aproximado de 10 personas. Aproximadamente a las 22 horas personas de la comunidad llaman a la Policía Nacional Civil, para denunciar lo sucedido y pidieron presencia policial. Sin embargo, mientras esperaban la presencia de las autoridades, los trabajadores de la empresa cementera, comenzaron a abrir fuego nuevamente en contra de las y los comunitarios que rodeaban la vivienda. Seis personas más, resultaron gravemente heridas, en donde se encuentran los hermanos Hermenegildo y Francisco Pajoc Chajaj (hermanos del comunitario asesinado momentos antes) y, posteriormente fueron trasladados de emergencia al centro asistencial de San Juan Sacatepéquez, sin embargo, dos de los compañeros heridos, incluyendo a Justo Raxon Chocón de 28 años, fallecieron en la mañana del día 20, por la gravedad de las heridas provocadas por dichos grupos paralelos de la Cementera.

Ante la negativa de la policía Nacional Civil, de acudir al lugar en donde se estaba perpetrando esta masacre, las autoridades comunitarias delegaron una comisión para solicitar a la estación de la PNC de San Juan Sacatepéquez que acudieran a la comunidad los Pajoques ya que no cesaban los ataques con armas de fuego en contra de los comunitarios. Aproximadamente a las 23:45 horas la policía accedió a acompañarlos, sin embargo a pocos kilómetros de la comunidad decidieron no continuar hasta el punto argumentando que eran pocos elementos y que solicitarían más policías antimotines para poder entrar a la comunidad, sin embargo nunca hicieron presencia en la comunidad dichos elementos para tomar el control de la situación.

12 horas después, llega el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos a verificar lo sucedido. Y 15 horas después de los hechos se presenta el Ministro de Gobernación, Mauricio López B. con la intención de decretar un estado de sitio, que finalmente el Ministro impone la presencia policiaca por 2 días y 2 noches. (sábado día y noche, domingo día y noche).

Ante estos hechos DENUNCIAMOS:

1. La falta de voluntad y autoridad de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público destacados en San Juan Sacatepéquez.
2. Que los hechos son responsabilidad total de las personas que actúan en nombre de la Empresa Cementos Progreso y la negligencia del Estado.
3. Que es una acción paramilitar con el modus operandi, aplicada durante el conflicto armado interno.
4. Que es una acción que se ha orquestado para seguir criminalizando a los comunitarios que durante muchos años ha luchado por la vida y por la tierra.

RESPONSABILIZAMOS:

1. Al Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, por no escuchar ni atender las demandas de las comunidades que han planteado en distintas oportunidades, el rechazo del mega proyecto instalado, sin las respectivas consultas que constitucionalmente se deben de hacer.

2. Al Director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez, por no tomar las medidas necesarias, ni coordinar con las sub estaciones del área, para controlar los ataques armados en contra de los comunitarios de la comunidad los Pajoques en el momento en que se solicitó su intervención para que se apersonaran en el área.

3. Al Presidente Otto Perez Molina y al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla por colocar los aparatos de seguridad estatal al servicio de la iniciativa privada, en este caso a la empresa Cementos Progreso.

4. Al Ministerio Publico, por ignorar la violación a los derechos humanos de la comunidad de los Pajoques, cuya acción es proteger su propiedad de la expropiación de manera obligatoria que está ejecutando la empresa CEMENTOS PROGRESO y TORANSA S.A .

5. A la Empresa Cementera: CEMENTOS PROGRESO y a la Familia Novela – Torrebiarte, por atentar contra la vida de las comunidades y emplear la violencia para desarrollar este mega proyecto que atenta contra la Madre Tierra, los recursos naturales y contra los derechos humanos de los comunitarios.

EXIGIMOS:

1. Que el Ministerio Público asuma la responsabilidad de hacer una investigación objetiva y a profundidad, de las personas que provocaron dicha masacre en la comunidad de los Pajoques.

2. A la Presidencia de la República que detenga la continuidad de dichos mega proyectos, que ha costado la sangre derramada en esta masacre.

3. A la PNC que velen por la seguridad de las grandes mayorías, en este caso, de la ciudadanía que están defendiendo los recursos naturales existentes en las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez.

Las 12 comunidades manifiestan su solidaridad con las familias de los mártires caídos en la defensa del territorio y reiteramos nuestra resistencia pacífica como ha sido hasta hoy día, reiterando el rechazo a los mega proyectos, instalados en nuestro territorio.

¡Nuestra resistencia es por la vida de todas y todos!

Representantes de 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez

ONU DERECHOS HUMANOS MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR VULNERABILIDAD QUE AFRONTAN DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Ref. 072014

7 de julio de 2014

 

ONU DERECHOS HUMANOS MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR VULNERABILIDAD QUE AFRONTAN DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

 

GUATEMALA. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) manifiesta su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad que las defensoras y los defensores de derechos humanos y sus organizaciones -nacionales o internacionales- afrontan al realizar su trabajo de defensa de los derechos humanos, en particular la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas, en el marco de la explotación de los recursos naturales.

 

En este contexto, preocupa particularmente la reciente decisión de la Dirección General de Migración de cancelar la residencia temporal de dos defensores de derechos humanos quienes, en cumplimiento del mandato de Brigadas de Paz han dado acompañamiento internacional en Guatemala a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

 

ONU Derechos Humanos recuerda la importante labor que desempeña la cooperación internacional y el invaluable trabajo realizado por personas, grupos y asociaciones, nacionales e internacionales, en la  promoción  y defensa de los derechos humanos en Guatemala, como elementos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.

 

ONU Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades nacionales para que revisen la decisión de cancelar la residencia temporal a dos miembros de Brigadas de Paz y reconozcan públicamente la labor que desarrollan defensoras y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales en Guatemala.  Asimismo, llama a garantizar el ejercicio de sus labores en un entorno seguro y propicio, de conformidad con la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos (A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999) y la Resolución 22/6 sobre Protección a Defensores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (A/HRC/RES/22/6, 12 de abril de 2013).

 

***

 

Oficina del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala

4ª. avenida 12-48, zona 10. Tel. 2382-3400

informacion@ohchr.org.gt  / FB:  OACNUDHGuatemala  /  @Oacnudh_Gt

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

GTM 003 / 0714 / OBS 063

Hostigamiento / Actos de difamación

Guatemala

7 de julio de 2014

El Observatorio  para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional  de Derechos  Humanos  (FIDH), solicita su intervención  URGENTE  ante la siguiente situación en Guatemala.

Descripción de la situación:

El Observatorio  ha  recibido  con  grave  preocupación  informaciones  de  fuentes  fiables sobre la cancelación de la residencia temporal en Guatemala a dos personas del equipo de voluntarias y voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International  - PBI) en el país. PBI es una organización  no gubernamental  que trabaja para  la  protección  del  espacio  de  actuación  de  los/as  defensores/as   de  derechos humanos  y otros activistas  de la sociedad  civil que sufren represión  por su trabajo  no violento en pro de los derechos humanos, la paz y la justicia social.

Según  las informaciones  recibidas,  el día  1 de julio  de 2014,  tras  haber  sido  citados mediante  comunicación  escrita  de 25 de junio  de 2014  (recibida  el 26 de junio),  dos integrantes del grupo de PBI de nacionalidad española y chilena, se notificaron personalmente   ante   la  Dirección   General   de   Migración   (DGM)   del   Ministerio   de Gobernación. Durante la reunión, los dos voluntarios fueron informados de que por resoluciones  dictadas  el  mismo  1  de  julio  por  la  Subdirección   de  Operaciones  de Extranjería de la DGM, su residencia temporal quedaba cancelada y en consecuencia se les concedía el plazo de 10 días para abandonar el país.

Si bien es verdad que el artículo 92 de la Ley de Migración, prevé la facultad de la DGM de   cancelar   residencias   temporales   previamente   otorgadas   y   de   “suspender   la permanencia  de extranjeros  por razones de orden público, interés nacional y seguridad del Estado”, todas estas decisiones deben ser debidamente motivadas. Sin embargo, las dos  resoluciones  que  cancelan  la  residencia  temporal  de  los  dos  voluntarios  de  PBI carecen de razonamiento  alguno que fundamente  la decisión adoptada.  Frente a dicha decisión no justificada, los dos voluntarios de PBI, a través de su abogado, presentaron un recurso de revocatoria.

Según las mismas informaciones recibidas, los dos voluntarios afectados por dichas resoluciones,  estuvieron presentes, el pasado 23 de mayo de 2014, en La Puya, dónde observaron  el desalojo  violento  del plantón  de la Resistencia  Pacífica  de la Puya,  un grupo que viene luchando pacíficamente  en contra de la explotación  minera en el país. De hecho,  desde  febrero  del 2013, el Estado  de Guatemala,  estableció  el tema de la minería como un asunto de seguridad nacional. Durante dicha ocasión, miembros de la DGM, por medio de agentes de la Policía Nacional Civil, se acercaron a los miembros de PBI, pero al comprobar que el estatus migratorio estaba en orden, se retiraron del lugar.

El 3 de junio del 2014, el PBI alertó sobre los hechos anteriormente descritos1.

Según  las  mimas  informaciones,   tras  dicho  suceso,   los  medios   de  comunicación emitieron en repetidas ocasiones declaraciones difamatorias en contra de la presencia y trabajo  de  ‘extranjeros’   y  organizaciones   internacionales.   Entre  otros,  el  periodista Rolando Antonio Castillo López publicó un articulo el 27 de mayo de 2014 en el Diario de

1http://www.pbi-guatemala.org/field-projects/pbi-guatemala/latest-news/news/?

no_cache=1&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4272&cHash=e2a749c4c1508c6e7a7ff9e3d37166c2

Centroamérica   dónde,   entre   otras   afirmaciones,   decía   “sorprende   cuando   dicen representar  a  organizaciones  de  derechos  humanos  o  ambientalistas,  cuando  lo  que hacen es provocar, iniciar el fuego social que termina en enfrentamientos  entre grupos y fuerzas  de la seguridad”.  De  una  forma  similar,  el periodista  Humberto  Preti,  en otro artículo  publicado  el  31  de  mayo  en  la  Prensa  Libre,  afirmaba  que  el  voluntario  de nacionalidad   chileno  de  las  Brigadas  de  Paz  “[…]  está  ilegalmente   en  el  país”  y refiriéndose a todas las organizaciones internacionales presentes en el país comenta que “no sé a qué esperan nuestras autoridades para expulsar a ciertos grupos”. En relación al periódico llamado Prensa Libre, en un articulo del 26 de mayo de 2014, publicaba que: “[…] existen grupos foráneos interesados  en causar problemas sociales en el país […], se trata de un abuso a lo permitido a quienes tienen visa de turista”. Asimismo, la pagina de Facebook de la “Fundación Contra el Terrorismo Guatemala” el 6 de julio publicó una foto  con  dos  personas   que  llevan  las  camisetas   de  PBI,  pero  que  no  han  sido identificadas por el mismo PBI como voluntarios o trabajadores de la organización.  Bajo la foto se adjuntan  los siguientes  comentarios:  “¡Ya no más vividores  extranjeros  que lucran   de   la   confrontación   y   el   odio   entre   Guatemaltecos!”   y   “Si   las   Brigadas Internacionales son “de paz” ¿Por qué solo crean más conflicto?”.

El Observatorio condena rotundamente la decisión de la Dirección General de Migración de  cancelar  la  residencia  temporal  de  los  dos  voluntarios  de  PBI,  y  teme  que  dicha decisión  haya sido motivada  por falsas informaciones  emitidas  por algunos  medios  de comunicación y por su presencia en calidad de observadores durante el desalojo violento que tuvo lugar en La Puya el pasado 23 de mayo de 2014.

El Observatorio  alienta  a las  autoridades  guatemaltecas  a reconsiderar  su decisión  y anular las resoluciones injustificadas de la DGM del 1 de julio de 2014.

Antecedentes:

PBI cuenta con personería jurídica en Guatemala desde 1995, concedida el 10 de marzo de 1995 por el Ministerio  de Gobernación,  y, está debidamente  acreditada  y registrada frente a las instituciones públicas de acuerdo con las leyes nacionales. Asimismo, todos los voluntarios,  tras su llegada  al país, inician  los tramites  necesarios  para solicitar  la residencia temporal de acuerdo con las leyes migratorias de Guatemala. Así, PBI y sus voluntarios  actúan siempre de acuerdo a las leyes y de forma regular, se informa a las autoridades sobre las actividades que se llevan dentro del territorio y en el extranjero.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Guatemala instándolas a:

i.   Reconsiderar  su decisión y anular las resoluciones injustificadas de la DGM del de 1 de julio de 2014 por las que se cancela la residencia temporal de los dos voluntarios de PBI,  así  como  revocar  la  decisión  de  expulsar  del  territorio  guatemalteco  a  los  dos voluntarios de PBI;

ii.  Poner fin a todo tipo de hostigamiento  en contra de los miembros de PBI y de todos los defensores de derechos humanos en Guatemala;

iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los

Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de

1998, en particular en lo referente al:

- Artículo  1:  “Toda  persona  tiene  derecho,  individual  o  colectivamente,  a  promover  y procurar   la   protección   y   realización   de   los   derechos   humanos   y   las   libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”

- Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes  de toda persona, individual o colectivamente,  frente a toda violencia,  amenaza,  represalia,

discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante   del   ejercicio   legítimo   de   los   derechos   mencionados   en   la   presente Declaración”;

iv. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales   en  todo  el  país  de  conformidad  con  las  normas  internacionales   de derechos humanos ratificadas por Guatemala.

Direcciones:

•  Licenciado  Otto  Pérez  Molina,  Presidente  de  la  República  de  Guatemala,  Casa

Presidencial,  6 a. Avenida, 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala, Fax: +502.221.44.23;  +

502.238.35.79

•  Lic. Héctor Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación,  6a. Avenida 4-64, zona

4,  nivel  3,  Ciudad   de  Guatemala,   Fax:  +502.362.02.39   /  +502.362.02.37   Twitter:

@mingobguate

•  Sr.  Comisario   General   Telémaco   Pérez  Garcia,  Director   General   de  la  Policía

Nacional  Civil,  10a.  Calle  13-92  zona  1,  Ciudad  de  Guatemala  -  Guatemala.  Fax:  +

502.2251.9382

•  Don Jorge Eduardo De León Duque, Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH),

12  Avenida   12-72,  zona  1,  Ciudad   de  Guatemala,   Fax:+  502.238.17.34   E-  mail:

gmasariegos@pdh.org.gt Twitter:  @PDHgt

•  Lic.   Antonio   Arenales   Forno,   Comisión   Presidencial   de   Derechos   Humanos, COPREDEH, E-mail:  copredeh@copredeh.gob.gt ; 2a Avenida 10-50 Zona 9, Ciudad de Guatemala, FAX:+ 502.2334.0119. Twitter:  @COPREDEH

•  Lic. Thelma Esperanza  Aldana Hernández,  Fiscal General de la República,  Jefe del Ministerio Público, E-mail:  fiscalgeneral@pm.lex.gob.gt 15 Avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona, 8o nivel, Ciudad de Guatemala, FAX: + 502.2411-9124/ + 502.2411 93 26

•  Embajador  Luis  Fernando  Carrera  Castro,  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  2ª Avenida  4-17,  zona  10,  01010,  Ciudad  de Guatemala.  Tlf:  + 502  2410  0000,  E-mail: webmaster@minex.gob.gt

•  Sr. Embajador  Francisco  Villagrán  de León, Misión Permanente  de Guatemala  ante las  Naciones  Unidas  en  Ginebra.  Chemin  de  Sous-Bois  21,  1202  Ginebra.  FAX:  +

41.22.733.14.29. E-mail:  mission.guatemala@ties.itu.int ;  onusuiza@minex.gob.gt

•  Embajada  de  Guatemala  en  Bruselas,  185  avenue  Winston  Churchill,  1180  Uccle, Bélgica. Fax: + 32 2 344 64 99. Correo-E:  embaguate.belgica@skynet.be

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países.

***

Ginebra-París, 7 de julio de 2014.

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El  Observatorio,  programa  conjunto  de  la  OMCT  y  de  la  FIDH,  está  destinado  a  la protección de los defensores de derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:

• E-mail:  Appeals@fidh-omct.org

• Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / + 41 22 809.49.29

• Tel. y fax FIDH: (+33 1) 43 55.25.18 / 4355.18.80

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y DEL LIBRE EJERCICIO DE LA ABOGACIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA.

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y DEL LIBRE EJERCICIO DE LA ABOGACIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA.

         En  reunión del Comité permanente de dicha comisión,  celebrada el pasado dia 19 de junio de dos mil catorce se tomó, por unanimidad, el acuerdo de hacer público el siguiente pronunciamiento:

         La Comisión Permanente de la Comisión de Defensa de los Derechos de la persona y del libre ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona ha tenido conocimiento a través de los representantes del Gobierno plurinacional de las naciones mayas de Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poti y No Indigena, de la gravísima situación en la que se encuentran las personas de dichas comunidades.

En concreto, se informa que la concesión a varias empresas multinacionales por parte del Gobierno de la República de Guatemala de numerosas licencias para proyectos hidroeléctricos y de explotación de recursos mineros a cielo abierto está poniendo en riesgo, no solo el equilibrio medioambiental de la zona, sino lo que es más grave, la propia supervivencia de las personas y comunidades que vivían en estas tierras del altiplano guatemalteco.

De los datos aportados se desprende que la compra de las tierras, donde se pretenden realizar las actividades de explotación minera e hidroeléctrica, se ha llevado a cabo con engaño y bajo amenazas y coacciones y a través de personas interpuestas. Se ha podido constatar también  el soborno de líderes de las comunidades, la ocupación sin título alguno  de otros terrenos, el intento de introducir con nocturnidad máquinas para modificar la configuración de las tierras, la instalación de minas antipersona,  la contratación de empresas de seguridad externas que actúan al margen de las leyes e imponen situaciones por la fuerza, con lesiones por arma de fuego e incluso el homicidio. La  criminalización y no reconocimiento de los líderes comunitarios, se han convertido en las prácticas habituales de estas empresas multinacionales, amparadas por el silencio cómplice de los responsables políticos del estado guatemalteco.

Frente a ello, se indica que la única actuación del Gobierno ha sido el suspender las garantías constitucionales y la imposición de un estado de sitio, el decomiso de escrituras de propiedad y documentos de identificación, la persecución penal de los defensores de los derechos humanos y la tan socorrida como partidaria y vacía imputación de vinculaciones terroristas contra los representantes comunitarios.

Especial impacto han tenido estas conductas en las mujeres indígenas que han sufrido vejaciones, intimidación, abusos de autoridad, agresiones sexuales, detenciones ilegales, allanamiento en vivienda, etc.

En nuestro criterio, todas estas circunstancias descritas son incompatibles con un Estado de Derecho y con el obligatorio respeto a los derechos humanos exigible, en todo caso, de cualquier país que pretende aparecer ante la comunidad internacional como país democrático y obtener, por ello, el consiguiente reconocimiento internacional.

Es por ello que reclamamos que por las Autoridades competentes se tomen las medidas necesarias para garantizar:

·         Que se ponga fin a las medidas de excepción y represión que suponen limitación de los derechos humanos.

·         Que se persigan con celeridad las vulneraciones de la ley llevadas a cabo por los miembros de las empresas de seguridad privadas.

·         Que se respeten los derechos de propiedad y de cultivo que pertenecen históricamente a los pueblos de la comunidad indígena.

·         Que, previa a cualquier licencia de explotación hidroeléctrica o minera en la zona, se exija un informe de respeto a las condiciones medioambientales ratificado por los órganos de representación del Gobierno plurinacional de las  naciones mayas de Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poti y No Indigena.

·         Que se impongan normas de actuación del Gobierno de la República de Guatemala que determinen el respeto de los derechos humanos y los acuerdos internacionales sobre esta materia.

Todo ello, en el bien entendido que tomamos como propio el interés por mantenernos informados de los acontecimientos que se vayan produciendo en relación a este conflicto, así como de denunciar públicamente todas aquellas circunstancias que supongan vulneración de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos.

Barcelona, a veinte de junio de dos mil catorce

Segueix la repressió a Guatemala! - ¡REPRESION EN 12 COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ!!!!!!

¡REPRESION EN 12 COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ!!!!!!

Nuevamente se vive una fuerte tensión en las 12 comunidades de san Juan Sacatepéquez, ya que el presidente OTTO PEREZ MOLINA QUISO DESALOJAR a la población que estaban reunidos resguardando los bosques por la amenaza de la construcción de la carretera a partir del kilometro 38.5 conectando a la cementera. 

 

Se concentraron mas de2,000 COMUNITARIOS Y COMUNITARIAS EN UNA DE LAS COMUNIDADES QUE ES LOS PAJOQUES, Otto Pérez Molina n en helicóptero al ver la presencia de la población se dirigió hacia la planta Cementera, Hoy las 12 comunidades de San Juan una vez más están viviendo represión como la represión que se está viviendo en las comunidades de LA PUYA, esta amenaza es y seguirá constantemente de parte del Estado de Guatemala y El Ministerio de Comunicaciones.

También queremos denunciar la presencia de un contingente de Policías en el lugar de la concentración, al servicio de los que ejercen la represión, se presentaron también delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos.

PETICION:
Solicitamos al gobierno de Guatemala y las empresas interesadas en la destrucción de nuestro territorio, respetar nuestras decisiones y los resultados de nuestras consultas comunitarias  realizadas el 13 de mayo del 2,007, donde hemos decidido que NO permitimos la invasión de nuestro territorio.
Al Estado de Guatemala y al Ministerio de comunicaciones respetar nuestras propiedades privadas, ya que Cementos progreso y el ministerio de comunicaciones están invadiendo y  expropiando nuestros terrenos para llevar a cabo la construcción del ANILLO REGIONAL.

A todas las instancias de Derechos Humanos estar atentos ante las situaciones de represiones que se puedan llevar a cabo.

¡COMUNIDADES EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 27 DE MAYO DE 2014!

La Puya, una embestida - Oswaldo J. Hernández

La Puya, una embestida

(extret de http://www.plazapublica.com.gt/content/la-puya-una-embestida)

Oswaldo J. Hernández

Tras dos años de plantar oposición ante la mina, la resistencia de La Puya ha enfrentado su primera derrota. Las máquinas, con el apoyo de la PNC, han regresado para construir el proyecto minero El Tambor. Los comunitarios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a pesar de ello, deciden quedarse.

AUTOR

Oswaldo J. Hernández

Sábado 24 de Mayo de 2014

Esta vez, dos años más tarde, los comunitarios de La Puya, esperaban que, de nuevo, la estrategia funcionara. Los cantos, los coros, la alabanza, era ya el sonido ambiente ante la negación de retirada de la maquinaria y las fuerzas de seguridad… Nadie pensaba retirarse.

El Estado firmó un contrato con una empresa. El Estado, mediante la policía, asegura que eso se cumpla. Pero el Estado nunca preguntó a las comunidades y, sobre todo, durante 10 años no informó sobre la existencia de la licencia de exploración otorgada a Exmingua, el primer permiso que debe otorgar el Ministerio de Energía y Minas

La madrugada del viernes 23 de mayo, aún oscuro, el ruido de las máquinas —los motores de una retroexcavadora y 10 camiones de volteo- despertaron a los vecinos del camino que une a San Pedro Ayampuc con el municipio de San José del Golfo. Las máquinas, como había sucedido en otras ocasiones a lo largo de dos años, no iban solas, a su lado, resguardando el avance lento y retumbante, se acompañaban de los pasos apresurados de cientos de policías y de los motores de varias docenas de radio patrullas. A esa hora, todo el contingente se dirigía a la entrada de la mina Progreso VII Derivado, una de las 12 partes del proyecto minero El Tambor. Pero también máquinas y policías avanzaban al encuentro de la resistencia comunitaria La Puya, instalada desde hace dos años y tres meses frente a la entrada de la mina Progreso VII Derivado.

“Hicimos lo que habíamos hecho otras veces”, explicaba Carlos Montenegro, uno de los comunitarios en resistencia, cerca de las 11 de la mañana: “Nos plantamos frente a las máquinas. Las mujeres y los niños rezaron. Detuvieron así a los camiones, la máquina, los mineros y la policía en la entrada de la resistencia”.

Montenegro y otros comunitarios a su alrededor, a pesar de las máquinas detenidas, a esa hora de la mañana se mostraban preocupados. “Hoy lucen diferentes, se ven decididos. Otra veces han salido huyendo”, indicaba uno de ellos, observando a la fila de policías que, con escudos y toletes, había bloqueado por completo el camino.

Yolanda Oquelí, una de las lideresas de la resistencia, también daba una explicación de cómo habían detenido el ingreso de la máquinas durante la madrugada. La resistencia, decía, ante la llegada de la policía, esperaba la presencia de un juez de paz para que verificara la condición pacífica de los comunitarios: “El encargado de la operación policiaca, Pedro Esteban García, de entrada amenazó con arrestarnos. Y no, no traía una orden de juez para desalojar a la resistencia. Lo único que cargaba era una orden administrativa de cuidar el ingreso de las máquinas”.

La historia de La Puya contra la empresa minera enfrentaba así un nuevo episodio de los muchos que ha tenido durante dos años. El primero, por ejemplo, el que inició todo, sucedió el 1 de marzo de 2012, cuando Estela Reyes, una pequeña mujer, se paró frente a una excavadora y la hizo retroceder. El 8 de mayo de ese mismo año, durante otra madrugada, un convoy de máquinas se detuvo en el camino una vez que decenas de mujeres se tendieron en el suelo, cantaron coros y rezaron para impedir que las excavadoras entraran a la mina. Meses más tarde, en diciembre, los antimotines fueron rechazados una vez más con cantos y rezos.

Esta vez, dos años más tarde, los comunitarios de La Puya, esperaban que, de nuevo, la estrategia funcionara. Los cantos, los coros, la alabanza, era ya el sonido ambiente ante la negación de retirada de la maquinaria y las fuerzas de seguridad… Nadie pensaba retirarse.

La resistencia incómoda

Desde que La Puya se consolidó como resistencia comunitaria ante un proyecto minero, su forma de oposición ha sido emulada en otras partes de Guatemala. Es un campamento organizado por distintas comunidades, con turnos de 24 horas, y que se establecen ya sea frente a un proyecto minero, o un proyecto hidroeléctrico. No dejar que entren las máquinas, tampoco los empleados, es parte de la consigna. Defender la tierra, el agua, la vida, son los argumentos. En Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, la resistencia se llama Nuevo Amanecer. EnChuarrancho, en Guatemala, la resistencia está en proceso de consolidación. En San Rafael Las Flores, entre los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, se quiso implementar algo similar. El jefe de seguridad de la mina San Rafael, Alberto Rotondo, sabía que no podía permitir que sucediera: “No podemos permitir que se establezca la gente de la resistencia; otra Puya, no”, sentenció.

La Puya ha resultado ser algo incómodo para gobierno y empresarios, una piedra en el zapato desde su fundación. “Es un sentido político de resistencia. Por eso el gobierno ha tenido que establecer mesas de diálogo con las comunidades”, resaltaba Antonio Reyes, líder de la resistencia.

La llegada de las máquinas y la policía esta mañana, dicen los comunitarios, ocurrió a tan sólo dos días después del último intento de diálogo, el 21 de mayo de 2014. La intención fue la de reunirse con el gobierno y las empresas Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua) y Kappes, Cassiday&Associates (KCA). “La reunión fue inviable, no dejaron entrar a los medios de comunicación independientes, no querían que se difundieran los argumentos de la empresa. Decidimos retirarnos a causa de ello”, señalaba Oquelí.

“El diálogo se agotó por todas las vías”, explicaba Dennis Colindres Guevara, representante de Exmingua y coordinador del ingreso de la maquinaria esta madrugada. “Durante dos años se ha intentado llegar a un consenso, pero las posturas son demasiado radicales. La empresa cuenta con licencia de explotación desde 2011. Existe un contrato entre el Estado de Guatemala y nuestra empresa. Y en 2012, se dio una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le dice al Ministerio de Gobernación: ‘usted tiene que hacer expedita la vía para la libre locomoción’. En ese marco de ideas estamos haciendo cumplir nuestro derecho”.

—¿Hace dos días el diálogo se rompió? —se cuestionó a Colindres.

—Hubo un berrinche. Debido a sus posturas radicales (de los comunitarios). Hay falta de voluntad de diálogo. Queremos que se cumplan nuestros derechos contractuales con el Estado de Guatemala— contestó para dar argumentos sobre por qué ahora, por qué hoy, por qué las máquinas y la policía.

El Estado firmó un contrato con una empresa. El Estado, mediante la policía, asegura que eso se cumpla. Pero el Estado nunca preguntó a las comunidades y, sobre todo, durante 10 años no informó sobre la existencia de la licencia de exploración otorgada a Exmingua, el primer permiso que debe otorgar el Ministerio de Energía y Minas. La empresa, aseguran en la resistencia, tampoco lo hizo y dejó respuestas poco claras en el Estudio de Impacto Ambiental, como el agua a utilizar o el tratamiento que se dará a los minerales. El Estado lo aprobó. 

Libre locomoción Vs. Derecho de Protesta

La juez de paz se llama Ana Guevara. Viene apresurada desde el juzgado de Paz de San José del Golfo. Viene a verificar, tras la petición de una exhibición personal por parte de las comunidades, que la oposición, la resistencia, no haya sido golpeada, ni desalojada, ni amenazada. También verifica que el derecho de todos sea cumplido. Bajo el sol de mediodía Guevara es una especie de árbitro; más bien un maestro de escuela ante una riña inevitable. Se le ve incómoda.

—El libre derecho de locomoción— insiste Colindres.

—El derecho de protesta— argumentan los comunitarios.

—Hay que respetar el derecho de todos— dice Guevara.

—Queremos que sea posible un acuerdo— intenta Mario Minera, representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

La conversación es un intento de que no ocurra un enfrentamiento. Oquelí, representante de las comunidades, explica que el proceso de diálogo todavía no está agotado. “La empresa no puede dejar de lado ese proceso. No puede decidir sin haber llegado a un acuerdo con nosotros y con el Gobierno”.

Colindres, repite, propiedad privada / derecho de locomoción / mis máquinas / mi derecho / La Constitución. La juez, luego de veinte minutos, decide: “respetar el derecho de todos. Nadie evade el derecho de protesta. Y nadie puede limitar la libertad de locomoción”. En sus palabras apenas hay argumentos jurídicos, explicaciones. Su sentencia, según entiende, resulta salomónica. Ordena a la policía custodiar la entrada de las máquinas a mina Progreso VII Derivado. Ordena trasladarlas directamente al interior de  la resistencia: La Puya es la entrada a la mina. Hay movimiento. Los cascos se colocan sobre la cabeza. Se forman columnas largas de agentes de la policía. Se golpean los bastones sobre los escudos en señal de ánimo, de nervios, de susto.

La gente reza. Los motores bufan.

La gente canta. El humo sale de las máquinas.

La PDH observa, derrotada.

La primera acción es de la resistencia que retrocede, que se repliega en dirección del campamento frente a la entrada de la mina. Ancianos, mujeres, quedan adelante. Los hombres se acomodan en el último frente. Esperan, cantan, permanecen sentados, otros rezan. Los camiones, la maquinaría avanza. Al lado de las máquinas, cientos de policías las custodian. Caminan y quitan todo lo que estorbe a su paso. La juez Guevara se retira con prisa. “Es complicado, es complicado”, balbucea, se tropieza. El enfrentamiento es inevitable. Lo sabe. Huye, se esfuma. 

Tres embestidas

Hay una tensión que dura más de 300 metros antes del primer golpe. Otra de 30 minutos antes del primer arresto (una mujer). Y una más, que no se agota durante toda la tarde, que inicia con el primer lanzamiento de una bomba lacrimógena. Explota. Arden los ojos, la garganta, el esófago, todo es gas, es gris, es humo, huele a pimienta, se vuelve difícil respirar. Las  máquinas avanzan.

La gente se dispersa. La policía gana terreno. Una lluvia de piedras, palos, los hace retroceder. La resistencia se reorganiza. Sólo hombres esta vez. Esperan una segunda oleada, una nueva embestida de parte de la policía. “¡Qué viva La Puya!”, gritan. “No a la minería”, exclaman. Un policía, desde lejos, se pregunta fastidiado por qué diablos aprueban las licencias de extracción. Otro tira una piedra, grande. Otro insulta y regresa a enfrentar a la resistencia. Y vuelven a caer las bombas, el humo, desde un lado. Los leños, las rocas desde el otro. Las máquinas, entre tanto, no han dejado de avanzar.

Un policía ha caído herido. Una anciana tiene la cabeza abierta. Los dos han comenzado a sangrar. Sus compañeros, cada cual desde su lado del enfrentamiento, los consigue llevar a resguardo. Otra bomba cae. Más humo. Más policías. Más bombas. Menos gente en la resistencia. La retroexcavadora se mueve, el conductor sabe que ha llegado a su posición, a tan sólo unos metros de la entrada de la mina.

Los motores rugen. La gente ha dejado de rezar.

La máquina entra en la mina. La gente ha dejado de cantar.

Gran parte del campamento de resistencia ha quedado inhabilitado. En tanto la retroexcavadora se hace paso en el interior de la mina, la gente sólo observa, frustrada, imposibilitada. Hay comunitarios en la cima de algunas colinas, otros sobre el camino. La policía, como en el inicio, custodia el avance de las máquinas.

Más de 15 civiles fueron heridos y llevados a centros de emergencia. 11 agentes de la PNC fueron lesionados durante el enfrentamiento. Fue el saldo total que dieron a conocer los Bomberos Voluntarios y los Municipales.

“El contingente se quedará durante una semana en el lugar”, explica un agente de la policía.

En la resistencia, con los comunitarios lejos de su campamento, los agentes han ocupado  las instalaciones de La Puya. . Una señora, Carolina Hernández, llora, dice que a esa hora, todo tranquilo, a las 5 de la tarde sus lágrimas son de verdad, no las falsas de las bombas. Vilma Carrera, pequeña y pragmática, ha regresado a limpiar el desorden, barre, sacude, dice: “Queda recomponerse. Estar aquí”. La Puya ha perdido campo, parte de su techo, un 20 por ciento del campamento, pero mientras limpia, ella lo recupera, centímetro a centímetro, con la escoba, reordenando, levantando a los agentes de la PNC, sacándolos de allí para que la dejen, sí, levantar la resistencia y poner agua para el café de la tarde.