Nos declaramos en resistencia pacífica - Por los Pueblos Mayas q’eqchi, Poqomchi y Achi

Nos declaramos en resistencia pacífica

Por los Pueblos Mayas q’eqchi, Poqomchi y Achi - Guatemala, 23 de mayo de 2013

Las comunidades de la de las Micro Regiones de Ribaco, Panima, Monte Blanco, Matanzas y Panchisivic, ubicadas en la Sierra de las Minas del Municipio de Purulha B.V. Miembros del consejo de los pueblos de Tezulutlán, CPT “MANUEL TOT” A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, ORGANIZACIONES Y PUEBLO EN GENERAL

MANIFESTAMOS:

Los Pueblos Mayas q’eqchi, Poqomchi y Achi, habitamos ancestralmente hace más de mil años el territorio de Tezulutlan hoy conocido como las Verapaces, en el cual hemos Cosmo-Habitado (vivir en armonía y equilibrio) y hemos desarrollado nuestra Cosmo-Existencia (Complementariedad, con los demás seres vivos) esta cosmovisión nos permitió desarrollar una práctica de vida, de amor y respeto por la madre naturaleza y la madre tierra, este amor y respeto es el que ha permitido que nuestra territorio y tierra tenga abundantes elementos naturales (agua, tierra, bosque etc.) conservados hasta nuestros tiempos.

A partir de la Invasión y Colonización Española nuestros territorios empezaron a ser saqueados por sus riquezas naturales, es así como se empieza a explotar el bosque y se establecen explotaciones mineras tales como, la mina Kaquipeck, la Mina Suquinay y la mina Oxeck y de igual forma nuestros abuelos y abuelas son obligados a vivir en pueblos controlados, pagando tributos o impuestos a la corona española por medio del trabajo y la entrega de cosechas.

Con el gobierno de Justo Rufino Barrios, se nos despoja de cientos de caballerías de nuestras tierras para ser entregada a colonizadores alemanes a quienes se les concede el derecho de propietarios, estableciendo de esta forma los latifundios cafetaleros y el colonato como forma de trabajo esclavo para la producción de café…

Con la guerra interna del país fuimos obligados a desplazarnos internamente para sobrevivir a la agresión que el ejército realizo en nuestras comunidades con sus planes de tierra arrasada…. Sin embargo cientos de comunidades fueron destruidas y miles de hermanos masacrados…

Sin embargo los abuelos y abuelas que resistieron a la invasión y colonización española, el despojo y colonización alemana, la guerra interna…. Lograron mantener su práctica de vida en diferentes territorios comunitarios ubicados principalmente en lo que hoy se conoce como sierra de las minas, sierra de chama, sierra sta. Cruz, Chocon Machacas, cerro San gil, Sierra Chinaja, Franja Transversal del Norte y el Sur de Belice.

En la sierra de las minas en Purulha Baja Verapaz vivimos más de cien comunidades mayas Q’eqchi y Poqomchi y quienes hemos cuidado y resguardado el bosque y la tierra y es por ello que los territorios donde cosmo-habitamos exista fuentes abundantes de agua, elemento natural que hoy está en la mira e empresas hidroeléctricas que pretenden explotar para la generación de energía hidroeléctrica.

A partir de la declaración de área protegida de la sierra de las minas en el año 1,990, cientos de familias mayas q’eqchi-Poqomchi han sido desplazadas y reubicadas sus comunidades por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- y la Fundación Defensores de la Naturaleza, obligando a las comunidades a abandonar el territorio comunitario que por cientos de años han posesionado y resguardado.

También en nuestras montañas y en nuestra madre tierra, existen minerales metálicos que empresas mineras buscan explotar a gran escala pretendiendo establecer explotaciones mineras en territorios comunitarios como la montaña quisis, cerro mocohan, montaña suquinay entre otros.

Otra problemática que actualmente enfrentamos es la conflictividad agraria ya que cientos de comunidades a un hoy el estado no reconoce el derecho histórico de la tierra, la posesión y la propiedad como tal, sin embargo las instituciones del estado garantizan la propiedad de los grandes latifundios, teniendo como consecuencia diversos desalojos judiciales y extrajudiciales tales como los que se dieron en la sierra de las minas durante los años 2009 y al 2011, donde principalmente las comunidades de Caliha y Moxante vivieron una serie de desalojos extrajudiciales perpetrados por grupos paramilitares al servicio de terratenientes de la zona.

Hechos que culminaron con el desalojo judicial de la comunidad Caliha dictado por el juzgado de primera instancia penal de Salamá en enero del año 2011… y que en el año 2012 la sala 6ta. De apelaciones declarara nulo el juicio y ordenara la restitución de las tierras a las familias de la comunidad Caliha sin embargo esta orden no se cumple todavía… razón también por la cual también fue asesinado en el mes de febrero del año 2013 el líder de la comunidad Tomas Quej.

Por ello DENUNCIAMOS:

Que desde el año dos mil se han venido dando en nuestro territorio exploración minera actividad que se ha desarrollado sin conocimiento y consentimiento de nuestras comunidades, dichas exploraciones se llevan a cabo en tierras comunitarias, fincas privadas y la zona de amortiguamiento del Biotopo del Quetzal; dichas exploraciones dan indicios de que empresas mineras transnacionales y nacionales como MAYANIQUEL S.A., NICHROMET GUATEMALA, S.A., Tenango Mining CO, S.A., con el consentimiento del Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas, pretenden la explotación de metales como oro, plomo, zinc y otros en nuestro territorio, sin que esta actividad signifique un verdadero desarrollo para nuestro pueblo.

En el año dos mil nueve se dio inicio a la construcción de la hidroeléctrica Sulin HIDROSULIN, empresa propiedad de la familia TORREBIARTE; dicho proyecto ha significado para la comunidad Peña del Ángel destrucción del centro eco turístico, perdida de bosque destrucción de cultivos como café, cardamomo, naranja y otros; efecto de ello la consecuencia de un deslave derivado de la apertura y construcción de una carretera que la empresa llevo a cabo.

En el AREA PROTEGIDA de la sierra de las minas se encuentra en proceso de construcción una serie de hidroeléctricas denominadas “HIDRO SAQJA 1, 2 Y 3” proyectos que ya están causando daños a cientos de familias y las comunidades ya que se están desviando los cauces naturales de los riachuelos y ríos, contaminando las fuentes de agua y restringiendo a las personas el acceso al agua.

Que tanto las instituciones como El CONAP el Ministerio de Medio Ambiente, INAB y Defensores de la Naturaleza no se han pronunciado respecto a la explotación minera y construcción de hidroeléctricas considerando pues que la mayoría de estos proyectos se afectaran las áreas protegidas del Biotopo del Quetzal y el Biosfera de la Sierra de las Minas.

Que en diversos espacios y ocasiones hemos manifestado nuestro descontento y desaprobación como comunidades a dichos proyectos, sin embargo nuestras peticiones no han sido escuchadas ni por la municipalidad, el CONAP, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Central, sino más bien vemos con preocupación cómo estas instituciones del estado protegen los intereses de dichas empresas (hidroeléctricas y mineras) y tratan de manipular a las comunidades.

Ante esta situación DECLARAMOS:

LAS COMUNIDADES MAYAS Q’EQCHI Y POQOMCHI QUE HABITAMOS EN LA SIERRA DE LAS MINAS DE LAS MICRO REGIONES, MATANZAS, MONTE BLANCO, RIBACO Y PANIMA, HACIENDO USO DE NUESTRO DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, NOS DECLARAMOS EN “RESISTENCIA PACIFICA”.

COMUNIDADES MAYAS Q’EQCHI Y POQOMCHI

URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS

URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS

POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS

CMI Guatemala / Waqib Kej

El día de hoy 16 de octubre se informo por parte del Sistema Penitenciario al

Juzgado de Primera Instancia del municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la

mañana el transporte en el que se trasladaban los presos políticos del caso de

Barillas sufrió un atentado a la altura del kilometro 34 de la carretera

Interamericana. Por esta razón se cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado

Sergio Vives, hasta el momento no se reportan heridos, aunque aun se están

haciendo averiguaciones.

Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del

kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve

de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros

de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se

realizaría en el Juzgado de este municipio.

Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés

León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez

López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro

Miguel.

Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las

razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado

repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las

órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y

violaciones al debido proceso.

Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la

celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación

privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber

tenido debido proceso.

También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio

de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que

ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa.

Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.

Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos

e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las

demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos

de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención

ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a

delinquir y desorden público.

Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos

Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en

Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque

Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la

fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una

hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.

El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que

además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro,

intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que

quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos

democráticos, su vida y su futuro.

Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de

investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de

los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por

la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el

servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se

realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el

atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la

imposición del Estado de Sitio.

Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de

justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de

criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio

Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e

injustas.

Con información de: Licenciado Sergio Vives.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Totonicapán y de las luchas sociales en Guatemala

Estimados compañeros y compañeras:

Ante la sangre que ha vuelto a correr en el pueblo de Totonicapán, pedimos su solidaridad para EXIGIR la inmediata destitución de los Ministros de Gobernación y Defensa Nacional de Guatemala, que tanto daño están haciendo contra las luchas sociales en Guatemala.

Si Ud. está de acuerdo con firmar esta carta, por favor responda al correo:solidaridadcontotonicapan@gmail.com. Vamos a esperar hasta el día lunes 8 de octubre, para mandar la carta el día martes 9 a primera hora.

Además le agradeceremos mucho que circule esta nota a todos sus contactos!

Nuestra solidaridad con el pueblo de Totonicapán y de las luchas sociales en Guatemala.

¡¡¡NO AL RETORNO DE LA REPRESIÓN MILITAR EN GUATEMALA!!!

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CARTA ABIERTA A LOS PRESIDENTES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE GUATEMALA, PIDIENDO LA DESTITUCIÓN DE LOS MINISTROS DE GOBERNACIÓN Y DE DEFENSA NACIONAL, MAURICIO LÓPEZ BONILLA Y ULISES NOÉ ANZUETO RESPECTIVAMENTE, ANTE LA VIOLENCIA UTILIZADA EN CONTRA DEL PUEBLO DE TOTONICAPÁN Y DE LAS LUCHAS SOCIALES EN GUATEMALA

 

Nosotros y nosotras, estudiantes, académicos, activistas y todos los indignados e indignadas por los hechos ocurridos en Totonicapán el día 4 de octubre de 2012, nacionales y extranjeros, manifestamos nuestro repudio por la violencia utilizada por el Gobierno de Guatemala para reprimir una manifestación pacífica organizada por los 48 cantones de Totonicapán, en la que expresaban su opinión respecto de la propuesta de reformas constitucionales, la modificación de la carrera magisterial y el alza de la tarifa eléctrica.

 

Para la comunidad nacional e internacional, a pesar de las declaraciones oficiales presentadas por el mandatario, Otto Pérez Molina, y sus ministros de Gobernación y Defensa Nacional, Mauricio López Bonilla y Ulises Noé Anzueto respectivamente, así como la ambigüedad con la que está procediendo el Procurador de Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, está claro que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala arremetieron contra los manifestantes con abuso de violencia. Mientras las autoridades de los 48 cantones se encontraban en Ciudad de Guatemala para iniciar una reunión de negociación con el presidente Otto Pérez Molina, las fuerzas públicas reprimieron a los manifestantes que se encontraban en la carretera Interamericana, disparando a quemarropa contra la población y dejando un saldo de ocho muertos y treinta y cuatro personas heridas –de las cuales treinta sufrieron heridas de arma de fuego mientras que los otros cuatro sufrieron intoxicaciones por los gases lacrimógenos. Asimismo, según testimonio de los pobladores, mientras esto sucedía se sobrevolaba el área con helicópteros militares para intimidar a los manifestantes y para reaccionar bélicamente en caso que fuera “necesario”.

 

A nuestro criterio, la forma como procedieron las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala muestra claramente que este tipo de “operaciones” sigue respondiendo a políticas de contrainsurgencia, de las que tanto Otto Pérez Molina como Mauricio López Bonilla tienen vasta experiencia. Ello implica la criminalización de la acción colectiva y de las luchas sociales a todo nivel, sean indígenas, campesinas, estudiantiles, etc. En lo que va de su mandato, se ha comprobado que el ministro de Gobernación reacciona inmediatamente con violencia indiscriminada, sin buscar medios de negociación que respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto el derecho a la libre locomoción que insistentemente demandan las élites económicas, como los derechos de organización y defensa de la vida que son reclamos justos de las entidades colectivas que se manifiestan públicamente. En sus declaraciones públicas, Mauricio López Bonilla ha acusado a los movimientos sociales de ser “criminales” y “terroristas”, en un afán de desvirtuar las luchas de esos movimientos y como justificación para su acción represiva. Reiteradamente ha dicho que no va a tolerar cualquier intento de atentar contra el “orden público” y la “anarquía”, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué entiende el señor López Bonilla por “orden” y “anarquía”? Para él, el “desorden público” y la “anarquía” empiezan cuando los estudiantes se organizan en contra de las medidas autoritarias del Ministerio de Educación o cuando las comunidades resisten en la defensa de sus territorios y de sus derechos individuales y colectivos fundamentales. Con esto, claramente vemos cómo la política de seguridad del Estado tiene al movimiento popular como un “enemigo interno” al que hay que controlar y eliminar.

 

Denunciamos la mentira con la que se ha estado manejando la información tanto por las entidades oficiales como por los medios de comunicación social –nacionales e internacionales. Respondiendo a la lógica contrainsurgente antes expuesta, los funcionarios de gobierno han dicho que las fuerzas de seguridad no portaban armas, pero existen fotografías que claramente muestran lo contrario. Posteriormente Otto Pérez Molina ha confirmado que los efectivos policiales y militares sí portaban armas, y que hicieron uso de las mismas respondiendo a “provocaciones” de la población, “disparando al aire” supuestamente en defensa propia. Ahora bien, ¿por qué la gente que se manifestaba iniciaría un enfrentamiento contra la policía y el ejército, sabiendo de antemano su superioridad militar?, ¿qué obtendrían con ello si las autoridades de los 48 cantones estaban ya por iniciar la reunión con el mandatario? Vemos entonces cómo las declaraciones de los funcionarios públicos muestran su intención de evadir su responsabilidad y en su lugar, culpar a la población de la violencia acontecida.

 

Por lo anterior, los y las abajo firmantes, nos unimos a las demandas expresadas en comunicados de distintas organizaciones y de la sociedad civil, anexos a esta carta (ver archivo adjunto), y además EXIGIMOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OTTO PÉREZ MOLINA, LA INMEDIATA DESTITUCIÓN DE LOS MINISTROS DE GOBERNACIÓN, MAURICIO LÓPEZ BONILLA, Y DE DEFENSA NACIONAL, ULISES NOÉ ANZUETO.

 

Finalmente nos solidarizamos con el pueblo de Totonicapán haciendo nuestro también el dolor causado por los compañeros asesinados como por la represión y el terror vivido y revivido en estos días. Asimismo apoyamos las justas demandas de los hermanos y hermanas del pueblo de Totonicapán y las decisiones que tomen las autoridades de los 48 cantones. 

FIRMAS

Sta Cruz Barillas: los intereses tras una estado de sitio

Podeu consultar la informació del següent enllaç Sta Cruz Barillas: los intereses tras un estado de sitio en la qual podem trobar quins són els interessos reals de les empreses hidroelèctriques, de capital estranger, que pugnen i lluiten obertament contra les comunitats indígenes a Guatemala pels preciats recursos naturals i com el govern d'Otto Pérez Molina (+ info), un personatge realment esfereïdor, els dóna cobertura total criminalitzant els líders i lideresses d'aquestes comunitats.

Més informacions sobre el conflicte obert a Sta Cruz Barillas.

Xerrada: "La criminalització de la defensa dels drets humans. El cas de Mèxic, Guatemala i Colòmbia