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dimarts, 27 de maig del 2014

Mi Estado es La Puya y mi presidenta se llama Martina - Gabriela Carrera

Mi Estado es La Puya y mi presidenta se llama Martina
Gabriela Carrera

El estado de Guatemala está en plena contradicción, y en total cuestionamiento. Es un Estado saqueado por una suma de gobiernos que llegan a vender al mejor postor lo que no es de ellos, sino de todos. Sacan ganancia, y nada más importa.
Lunes 26 de Mayo de 2014
Desconozco al Estado cobarde y criminal del general Otto Pérez Molina y del teniente coronel Mauricio López Bonilla, jamás retirados de un ejército que regresó desde hace ya algunos años a ser Estado y a ser gobierno.
Ante este estado de violencia, de represión, de intimidación y todas aquellas características propias de un Estado de dictadura, está la gente que cree en lo que este Estado debiera de hacer, porque ya nadie cree en este, nadie cree en el gobierno de hoy que dijo hacer de este Estado, otro.
El viernes 23 de mayo, a las afueras de San José del Golfo, un hombre de civil nos para, nos dice que desde ahí el camino es por “cuenta y riesgo de cada quién”, detrás de él un picop con las placas tapadas. Caminamos más de tres kilómetros, a nuestro costado había radiopatrullas, policías en las palanganas de los carros, sentados, durmiendo algunos. Son más de 70 radiopatrullas y 20 buses. Al llegar donde hace algunos meses estábamos celebrando la misa de alegría por esos dos años de resistencia, están los policías, sentados, esperando; todo está en desorden, alrededor de ellos, la basura de una mala bolsa de almuerzo –una lata de frijol y algo de tomar–, nos miraban. Han pasado dos horas ya de haber lanzado con saña gases lacrimógenos a ancianos, mujeres, niños, pero el aire está tan cargado que comenzamos inmediatamente a llorar. Al fondo los comunitarios, y frente a ellos los antimotines que han barrido con todo. Veo a uno recoger el casquillo de una bala de escopeta.
“A más represión, más resistencia pacífica”, dicen las mujeres de La Puya. Siguen ahí, de pie, rezando, cantando, pidiendo que los dejen defender su tierra, su agua. Las intimidan, se comen su comida, les botan el agua que llega para los comunitarios. Hoy no tienen el mismo lugar para guardarse del sol o la lluvia, se los han quitado. Pero ellas improvisan un nuevo lugar para resistir. Desde ahí dan las gracias a las muestras de cariño y solidaridad de muchos, y devuelven ese cariño ofreciendo de lo que ellos comen, pero también ofreciendo el corazón que los mueve a todos ellos a mantenerse en ese suelo que alguien, con razón, llamó sagrado. Los hombres ayudan con la comida, otros se sientan y comienzan a cantar, porque la lucha que tiene mucho de humanidad, tiene mucho de alegría. Ahí están los heridos, “listos para la agarrada que viene”, dice un hombre de la comunidad.
Desconozco al Estado cobarde y criminal del general Otto Pérez Molina y del teniente coronel Mauricio López Bonilla, jamás retirados de un ejército que regresó desde hace ya algunos años a ser Estado y a ser gobierno. Yo soy apátrida del proyecto que dice ser de país y es de pagar cuentas pendientes de favores anteriores, yo no soy ciudadana de ese Estado que se atreve a golpear, a saquear, a robar los bienes de una comunidad. Ese Estado que no sirve para la comunidad, se lo dejo al gobierno porque es tal para cual.

Mi Estado se llama La Puya. No debe nada a nadie, sabe defender lo que es suyo, mantiene la frente muy alto, no se rinde, no se vende. El Estado al que pertenezco sabe organizarse para resistir, el Estado del que me siento orgullosa cuida a los suyos, contagia solidaridad, valentía. Sabe lo que significa el bien común y la repartición de la riqueza. Sabe que la violencia no lleva a nada y  no cree en ella. Lo suyo no es la intimidación, si no es la intimidación que nace de quien es honesto. Mi presidenta se llama Martina, es una mujer mayor que ha estado ahí desde el inicio. Puede ser ella, o cualquier otra mujer que hoy, mientras usted está leyendo esto sigue ahí, de pie, defendiendo su vida y la de muchos otros. 

divendres, 24 de maig del 2013

El Estado de Sitio y Prevención, atenta contra los Derechos Humanos individuales y colectivos de las mujeres y los pueblos en Jalapa y Santa Rosa

El Estado de Sitio y Prevención, atenta contra los Derechos Humanos individuales y colectivos de las mujeres y los pueblos en Jalapa y Santa Rosa
La delegación para verificar del respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y los pueblos, integrada por organizaciones de mujeres y feministas, mayas, mestizas y xinkas de los cuatro puntos cardinales del país, que estuvo presente el 20 y 21 de mayo pasados en la Comunidad indígena Xinka de Xalapán y Mataquescuintla (Jalapa),  y en San Rafael Las Flores (Santa Rosa), concluyó que el cese de garantías constitucionales en esas localidades tiene un fuerte impacto en la vida de las mujeres por el control militar en toda la región. 
Las mujeres que habitan el territorio xinka ancestral del oriente del país, están viviendo en su cotidianidad la imposición militar, lo cual contradice el compromiso de Estado asumido en los Acuerdos de Paz, su Ley Marco,  de respetar y promover  la revitalización de la identidad étnica de los pueblos indígenas y su libre autodeterminación.
El presidente Otto Pérez Molina a partir del 2 de mayo impuso ilegalmente el Estado de Sitio y una semana después el Estado de Prevención. Tal situación motivó el viaje de esta delegación, la cual constató los siguientes hechos:
·      Allanamientos de viviendas de forma violenta por elementos del ejército y la Policía Nacional Civil, en horas ilegales y en algunos casos con personal cubierto con pasamontañas y vestidos de civil.
·      En Santa María Xalapàn se han violado los derechos humanos con el allanamiento ilegal de la iglesia de la Comunidad de Palo Verde, donde fueron intimidadas las mujeres del coro, integrantes del Consejo Parroquial y COCODE. Además se observó que el Ejército tomo como centro de operaciones la Escuela de Educación Primaria de la aldea La Fuente.
·      Actos de persecución política y estigmatización de mujeres organizadas, sus familias y comunidades que defienden la vida, el territorio: cuerpo- tierra. Se les vincula con narcotráfico, terrorismo y crimen organizado; y se les imputan delitos sin pruebas.
·      Acoso sexual por parte de elementos del ejército a mujeres jóvenes y madres solteras, a quienes se les impide el derecho a la libre locomoción.
·      Personas respetadas y reconocidas en las comunidades han sido objeto de persecución, dado que su liderazgo es considerado una amenaza por parte de las fuerzas de seguridad.
·      Deterioro de la economía familiar debido a que las mujeres no salen de sus casas por miedo a dejar solas a sus hijas e hijos, y los hombres han visto disminuidas sus actividades agrícolas y comerciales. En el caso de las familias de los detenidos la carga de trabajo de las mujeres se ha incrementado, dejando en ellas la responsabilidad de sostener a sus familias, el pago de las costas judiciales y todos los gastos derivados de estos hechos.
·      Se observaron graves efectos psicológicos en mujeres, niñas y niños, por la manera violenta en que han operado los allanamientos e interrogatorios; lo cual ha generado un incremento de enfermedades, ocasionando gastos a las familias ante la mala y poca cobertura de los servicios de salud.
·      Daños en casas de habitación y enseres, los cuales tienen costos que las familias han asumido. Mujeres se han visto obligadas a brindar alimentación a quienes efectúan los allanamientos, personas que incluso han robado comida, dinero y joyas.
·      En la mayoría de casos no hubo presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos incumpliendo con las funciones de garantizar el resguardo de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.
A decir de las personas entrevistadas, la mayoría de las capturas, particularmente la de Laura Leonor Vásquez Pineda, se ha realizado sin pruebas y se observa que los delitos que se les imputan a personas de las comunidades de Santa María Xalapán, Mataquescuintla y San Rafael Las Flores, están haciéndose de manera cruzada para provocar el distanciamiento entre los pueblos. Los hechos de persecución, hostigamiento y apresamiento responde a una lógica de disociación entre familiares, vecinas/os y comunidades para desarticular los movimientos sociales que presentan resistencia frente a la operación extractiva de la Minera San Rafael y otros problemas estructurales.
Asimismo, señalaron que la población  no respalda los proyectos de minería, los cuales se han impulsado irrespetando los mecanismos de consulta previa, libre e informada del pueblo xinka y sus autoridades. Ello se ha demostrado a través de consultas comunitarias pero el gobierno las inválida, contradiciendo leyes nacionales y convenios internacionales suscritos por Guatemala tal como el Convenio 169.
Las mujeres xinkas y mestizas entrevistadas, coincidieron en señalar que la instalación de estos proyectos confronta a la misma población. Se aprovecha el empobrecimiento y la necesidad de trabajo de las personas de las comunidades para justificar la implantación de los mismos, sin tomar en cuenta la degradación de los elementos naturales, dejando contaminación, enfermedades y destrucción de la madre tierra.
Asimismo afirmaron que el gobierno usa a las instituciones estatales, instalaciones de la policía, municipalidades y escuelas públicas para el control de la población. En San Rafael las Flores la promoción para la instalación de un destacamento militar representa una amenaza a los principios de una sociedad democrática.
Con base en lo antes expuesto, la delegación que asistió a los tres municipios antes mencionados, plantea las siguientes exigencias a los funcionarios públicos e instituciones estatales que correspondan:
a) La desmilitarización inmediata de la zona, el respeto a la decisión y los derechos de las comunidades, así como la autonomía ancestral de las mujeres y los pueblos para que las comunidades puedan vivir en paz, armonía y alegría.
b) El cumplimiento al mandato constitucional de procurar el bien común y no inclinarse para favorecer a los intereses de las empresas nacionales y transnacionales.
c) La liberación inmediata de Laura Leonor Vásquez Pineda y de todas las personas detenidas injustamente en el país por la defensa de territorios.
d) El cese del hostigamiento y persecución a las personas que luchan por la defensa de la vida, y el territorio: tierra-cuerpo.

Las organizaciones de mujeres y feministas decimos:
¡FUERA las empresas extractivas!
¡Por el derecho a defender y a ejercer nuestros derechos!

Iximulew, 23 de Mayo de 2013
Alianza De Mujeres Rurales, Asociación Feminista La Cuerda, UNAMG, Movimiento De Mujeres Tz’ununijá, Centro De Medios Independientes, Prodessa,  UDEFEGUA, Red de Mujeres Defensoras, Alianza Política Sector De Mujeres y sus Organizaciones, AMISMAXAJ, AFEDES, SEFCA, Voces De Mujeres, AMARC, ADIURI, AMUCV,  Consejo De Mujeres Cristianas, Marcha Mundial de Mujeres y Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna.
 Imágenes integradas 1

divendres, 10 de maig del 2013

Capturas, agresiones y represión policial en contra los pueblos de San Mateo y Barillas en Huehuetenango


No paren d'arribar més exemples constantment de la repressió de les comunitats indígenes i sobretot de la lluita pacífica de guatmaltencs i guatemaltenques contra les empreses transnacionals que volen apropiar-se dels seus recursos naturals i vendre la riquesa del seu país per quatre rals. Un exemple més...



jueves, 9 de mayo de 2013


Capturas, agresiones y represión policial en contra los pueblos de San Mateo y Barillas en Huehuetenango


Por Redacción Prensa Comunitaria


Intento de nuevas capturas en Barillas

En horas de la mañana personas particulares, aparentemente miembros de la Policía Nacional Civil a bordo de vehículos particulares, detuvieron a dos personas que pertenecen a la Sociedad Civil de Barillas, que han sido parte del grupo que defienden los derechos humanos, el territorio y el agua de Barillas, ellos son Mynor López y Manuel Molina López,  hubo un tercer detenido.

La población en el centro de Barillas al darse cuenta de que un grupo de personas vestidas de particular capturaban a éstas dos personas y los introducían a vehículos particulares, reaccionaron frente a la esta acción, principalmente familiares. La Policía Nacional Civil -PNC en Barillas contaba ya con equipo antidisturbios, se presume que fueron movilizados agentes de las fuerzas especiales de la PNC quienes ante la movilización de las personas en el centro de Barillas, comenzaron a hacer uso de las armas, lanzando gas lacrimógeno en contra de la población.

El saldo de la intervención de la PNC en Barillas es de varias personas con serios daños respiratorios tras la inhalación de este tipo de gas, otras personas que registraron varias heridas. Dos mujeres tuvieron que ser internadas en un hospital por mostrar un cuadro serio de intoxicación por el gas lacrimógeno,   horas más tarde fueron dadas de alta. Además la acción policial afectó a cientos de niños y niñas de la escuela de párvulos cercana, por intoxicación, quedando herida una madre de familia[1].

Al mismo tiempo el grupo de personas vestidas de civil al irse por la carretera, con las personas detenidas rumbo a Huehuetenango fueron detenidos en San Mateo Ixtatan.

En San Mateo Ixtatán

En este municipio la gente se movilizó puesto que no quedaba claro para la población, si se trataba de un secuestro, entonces fueron detenidos por miles de personas, quienes exigieron que fueran inmediatamente liberadas las personas detenidas.  La PNC en Santa Mateo Ixtatán también estaba preparada con equipos antidisturbios quienes inmediatamente sin mediar o dialogar con la población iniciaron a lanzar gases lacrimógenos, buscando dispersar a la población que se concentró en el centro del municipio, nuevamente hay personas seriamente intoxicadas por la inhalación de los gases.

A través de las radios comunitarias se informó que la población mantiene lacalma, con mucha tranquilidad y quieren que los supuestos agentes policíacos puedan retirarse del municipio, estas personas trasladaban a los barillenses capturados horas antes en la Villa de Barillas, se transportaban a bordo de un Pick Up marca Totoya Hilux color beige cromado, placas particulares P984PG doble tracción.

La utilización de fuerzas de la seguridad del Estado para la persecución penal y la captura de personas vinculadas a defensa del territorio, la vida y la lucha pacifica del pueblo de Barillas, es un acto contradictorio puesto que representantes de la sociedad civil y de las comunidades de Barillas tal como lo informó, en una nota la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango - ADH, había un ambiente democrático que ha caracterizado ésta lucha pues“la población de Barillas iniciaron conversaciones con el Ministerio de Energía y Minas MEM, por la problemática con la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz, estas conversaciones cuentan con la intermediación de Monseñor Álvaro Ramazzinni.”

Líderes de Barillas ven con preocupación que pueda haber personas infiltradas que interfieran con los procesos sociales y que buscan empujar y tergiversar de forma acelerada los procesos de oposición y lucha pacifica que se llevan. 

Esta situación es alarmante porque puede estarse creando un escenario de conflictividad, en el que provocan a la población para disminuir sus luchas, imponer los intereses de las empresas, criminalizar a las luchadoras sociales y defensores de derechos humanos e intervenir con la fuerza estatal.

Tanto en medios de comunicación, como mediante diligencias policiales, en los últimos días se ha iniciado nuevamente una oleada de criminalización a la protesta social, acusando nuevamente de delitos no cometidos a las personas que pertenecen a la sociedad civil de Barillas y que sigue manifestando su rechazo a la hidroeléctrica. Es preciso puntualizar que Rubén Herrera está encarcelado injustamente y que aún no se han cerrado dos casos en los que fueron encarcelados injusta e ilegalmente 11 personas ni se ha aclarado el asesinato de Andrés Pedro Miguel. 
La ADH en un comunicado manifestó: “Hacemos un llamado a las comunidades y líderes en general no caer en la provocación y continuar el curso de la manifestación pacífica y la búsqueda de una salida política y justa a esta problemática.”


[1] Policía antimotines aprehende a dos personas y lanzan bombas lacrimógenas a pobladores. Santa Cruz Barillas. 9 de mayo de 2013. http://www.santacruzbarillas.org/policia-antimotines-aprehende-a-dos-personas-y-lanzan-bombas-lacrimogenas/

Corresponsables de SantaCruzBarillas documentaron momentos cuando los agentes antidisturbios de la PNC accionaron sus armas contra la población de Barillas. 





Desde NotiBarillas también se documento el accionar violento de las fuerzas del Estado en contra de la población de Barillas: