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dissabte, 4 d’octubre del 2014

Guatemala: Un país donde las cárceles acrisolan la mística revolucionaria de sus profetas encarcelados


Enviado a la página web de Redes Cristianas

La historia guatemalteca recordará este período neoliberal, no sólo como una dolorosa época de despojo-expulsión, y disolución de los derechos humanos, sino también como una etapa de la criminalización más cruenta de la defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra.
A las y los defensores de derechos, y a cuantos se atreven a despertar y a organizar a la población despojada, el Estado-empresa neoliberal los declara ipso facto “enemigos internos”, los persigue y encarcela, si acaso no son asesinados selectivamente.
Hace más de 3 meses atrás, tres defensores de derechos del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fueron secuestrados por agentes particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE, e inmediatamente ligados a proceso penal (sin que existiera orden de detención). Uno de los secuestrados-encarcelados es Don Mauro Vay (MV), de 60 años de edad. Incansable defensor de derechos. Fundador y coordinador nacional de CODECA. Él, en la cárcel de Huehuetenango, nos concedió la siguiente aleccionadora e interpelante entrevista.

O.I. ¿Quién es Mauro Vay?
M.V. Soy campesino de la clase desposeída, dirigente consciente de la lucha revolucionaria. Vengo de una familia muy desposeída. Pero, en el transcurso de mi vida, he aprendido que no hay otro camino que hacer cambios. (…), persigo cambios y no me importa a cualquier costo.

O.I. ¿Qué le motivó y motiva a gastar su vida en la lucha social?
M.V. Al inicio, la pobreza, la experiencia de la vida en el campo. De cómo se manejaba la explotación, la discriminación. Esa es parte de una experiencia sufrida, por eso vi que era necesario luchar.
Por otro lado, la formación que recibí de un Jesuita, en los años 80, Padre Marcelo, de Bélgica. Con Él aprendí lo que es el compromiso cristiano. Desde allí, yo me consagré. Antes, yo sentía que era necesario hacer algo contra las injusticias, pero me entretenía con la orientación religiosa anterior que nos decían que es pecado hacer algo, es pecado. Yo sentía esa lucha interna entre lo que yo miraba en la realidad y lo que me decían que era pecado hacer algo por cambiar las injusticias. Desde aquella formación con el Jesuita comprendí mi compromiso cristiano (…), buscar las transformaciones sociales con dignidad sin importar el costo. Desde allí, me formalicé en la lucha revolucionaria.

O.I. ¿Qué le hizo perder el miedo a la cárcel, incluso a la muerte?
M.V. Yo siento que es la convicción de luchar y el sentir cristiano de que uno tiene que dar la vida por los demás. Esto me hace convencer de que yo no estoy perdido. Tengo una base cristiana y tengo una base social donde aprendí, en el campo, el sufrimiento, la explotación. La fe cristiana me hace convencer de que yo puedo arriesgarme, pero que también tengo la capacidad de evadir cualquier poder que hay en la tierra con la ayuda de Dios.

O.I. La mayoría de los ex guerrilleros se desmovilizaron y se acomodaron después de los Acuerdos de Paz. Don Mauro siguió en la lucha, ¿por qué?
M.V. Cada guerrillero tuvo su formación desde la estructura en la que estuvo. La mayoría de los guerrilleros fueron formados desde el punto de vista materialista. Entonces, se manejó una situación de capacidad de conciencia militar, pero la conciencia a veces cambia cuando no hay una fortaleza espiritual en la persona.
Yo considero que eso, a muchos de los ex combatientes, lo desvaneció al cambiar de situación de vida. Pero, también hay muchos ex combatientes que espiritualmente se consagraron en el conocimiento y en la convicción, y, ahora, siguen en la lucha. En mi caso, mi convicción religiosa, mi experiencia de sufrimiento, la compresión y la fuerza espiritual que tengo me mantiene y mantendrá en la lucha.

O.I. Ud. comenzó en la lucha social, luego transitó a la lucha militar, y finalmente se incorporó en la lucha sociopolítica, ¿por qué esos quiebres?
M.V. Por eso. Dada la coyuntura he aprendido mucho. Yo empecé en lo religioso, luego en la lucha social campesina, luego en la lucha militar. Y, ahorita, que se firmó los Acuerdos de Paz, nunca desconocí del movimiento social, inmediatamente formé el movimiento social, y sé las estrategias del movimiento social, porque nací de ese movimiento social.
La lucha militar fue transitorio, y en el momento en que lo pidió la necesidad. A la firma de los Acuerdos de Paz era necesario, pues, la lucha social. Y lo hice, porque estoy formado. Tengo la capacidad política y militar.

O.I. ¿Qué buscaban las guerrillas, y qué busca, ahora, CODECA?
M.V. Cambiar el sistema. Estoy encarcelado por que el sistema capitalista neoliberal nos asume como enemigos a todos cuantos luchamos por los derechos. En la guerrilla aprendimos a identificar al enemigo. Sé que se cometieron muchos errores, pero aprendimos de esos errores. El hostigamiento militar nos distrajo del objetivo de la construcción del poder local. Ahora, vamos por la construcción del poder de abajo hacia arriba para hacer las transformaciones estructurales.
Con la guerrilla no logramos la expansión organizativa, ahora sí tenemos organización a nivel nacional. Con la guerrilla no hemos logrado el involucramiento de la clase media, con el movimiento sí lo estamos logrando.

O.I. ¿Qué le motivó a organizar CODECA?
M.V. La misma necesidad, el mismo proceso, la misma convicción revolucionaria, el mismo compromiso cristiano. Era necesario hacer algo. Yo no tenía contacto con ningún movimiento. Los movimientos en ese tiempo eran clandestinos. Por eso tuve que formar CODECA. Yo quise integrarme a los movimientos existentes, pero no tuve oportunidad. Yo busqué a los movimientos, pero no pude encontrar en ese tiempo. Por esa razón fui obligado a formar a CODECA. Aun estando CODECA, yo quise ser miembro de otro movimiento. Yo no quería encabezar. Yo quería empujar desde abajo y que otros encabezaran. Probamos en CUC (Comité de Unidad Campesina) y en CONAMPRO, pero los líderes eran demasiados celosos. No pudimos integrarnos. Por eso, a ley tuvimos que formar CODECA con otros compañeros y compañeras.

O.I. ¿Cuáles son los impactos que deja con su lucha desde la organización?
M.V. Ahorita, yo veo que ya hay mayor organización, con una definición ideológica cada vez más clara. En el país, hay y existió montón de organizaciones pero sin definición clara de lo que se quiere. Ahora, ya existe una definición clara con visión de país. CODECA plantea hacer las transformaciones estructurales en el Estado y en la sociedad.
Esta visión política, ideológica, de transformaciones estructurales con visión de país, no teníamos antes. Antes sólo estuvimos organizados por demandas sectoriales, y no con una visión de país.

O.I. ¿Cómo hacer estas transformaciones estructurales en Guatemala?
M.V. La base principal es la organización. Para promover la organización hay que utilizar varios argumentos, varias demandas que representen a todos los sectores del país. Nuestra demanda inicial fue el acceso a tierra. Luego, los derechos laborales y la recuperación de los bienes y servicios comunes privatizados. Ahora, las transformaciones estructurales del país.
Ahorita, yo estoy en la cárcel, pero la expansión organizativa ya está. Sabía que la lucha por la recuperación de la energía eléctrica era riesgoso, pero las circunstancias organizativas eran necesarias, y no me arrepiento. Las ideas y la lucha siguen, y eso me satisface.
La gente ya tiene información y formación. Ahora, si quienes están organizados siguen optando políticamente por la derecha, pues, por lo menos ya saben a qué se atienen.
Ahora, no podemos darnos el lujo de dividir a la izquierda. Debemos fortalecer a la izquierda.

O.I. ¿Cómo cambiar la mentalidad de muchos dirigentes actuales de la izquierda política que no creen en la asamblea, desobedecen a las bases sociales, no creen en los movimientos sociales?

M.V. Esos pensamientos radicales de algunos dirigentes de la izquierda van a ser transitorios. Por un lado, porque la población se está organizando y va asumiendo responsabilidad. Por el otro lado, que también ya están caducando. Ellos están caducando físicamente e ideológicamente. Queda el nuevo liderazgo. Yo confío en el nuevo liderazgo. No en ese liderazgo idiota que ha estado, y que simplemente se han sentido de nombre revolucionarios, pero más no de acción. Lo que estamos planteando y promoviendo es una revolución de acción.

dimecres, 17 d’octubre del 2012

URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS



URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS
POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS
CMI Guatemala / Waqib Kej

El día de hoy 16 de octubre se informo por parte del Sistema Penitenciario al
Juzgado de Primera Instancia del municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la
mañana el transporte en el que se trasladaban los presos políticos del caso de
Barillas sufrió un atentado a la altura del kilometro 34 de la carretera
Interamericana. Por esta razón se cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado
Sergio Vives, hasta el momento no se reportan heridos, aunque aun se están
haciendo averiguaciones.
Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del
kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve
de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros
de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se
realizaría en el Juzgado de este municipio.
Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés
León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez
López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro
Miguel.
Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las
razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado
repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las
órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y
violaciones al debido proceso.
Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la
celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación
privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber
tenido debido proceso.
También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio
de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que
ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa.
Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.


Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos
e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las
demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos
de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención
ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a
delinquir y desorden público.
Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos
Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en
Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque
Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la
fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una
hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.
El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que
además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro,
intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que
quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos
democráticos, su vida y su futuro.
Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de
investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de
los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por
la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el
servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se
realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el
atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la
imposición del Estado de Sitio.
Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de
justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de
criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio
Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e
injustas.
Con información de: Licenciado Sergio Vives.

dimecres, 3 d’octubre del 2012

Guatemala y la vigencia de la represión contra los pueblos indígenas

Extret de la següent web:

GUATEMALA.- Los pueblos mayas de Guatemala son los protagonistas de una resistencia histórica que les ha permitido pervivir hasta nuestros días. Durante los años 80, fueron capaces incluso de enfrentar el intento sostenido y sistemático de exterminio que desató contra ellos el Estado del que suponían eran parte.

Hoy -cuando gobierna uno de los militares responsables de aquel baño de sangre-, siguen vigentes los mismos mecanismos de represión de la dictadura, utilizados para garantizar los intereses económicos de las élites, transfiguradas en grandes empresas interesadas en explotar las riquezas naturales presentes en los territorios. Estos mecanismos, incluyen desde actos de violencia física -atentados y asesinatos- e intimidaciones, hasta una política de criminalización respaldada por los poderes públicos. Y tienen entre sus objetivos prioritarios a los movimientos, las comunidades, las autoridades y las organizaciones mayas, que están al frente de las luchas por la defensa de los territorios y los recursos naturales. Tan es así, que un reciente informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) denuncia que el 59% de las agresiones perpetradas en 2012 se han dirigido contra los pueblos indígenas y las organizaciones de defensa del medio ambiente.
El propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, informaba tras sumisión en el país en 2011, de que la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades. Señala también el uso indiscriminado que se hace de los estados de prevención por parte de los poderes públicos, la presencia creciente de las fuerzas de orden público en las comunidades y el uso excesivo de la fuerza por su parte. Además, denuncia la situación de impunidad en cuanto a los actos de hostigamiento y violencia física, incluyendo violencia sexual, en contra de los comunitarios, en un contexto marcado por la falta de acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia.
Durante los últimos meses, se han dado una serie de situaciones que dibujan un escenario extremadamente complejo, y que han colocado a los y las dirigentes indígenas, así como a los activistas que les acompañan, en una situación de grave vulnerabilidad.

Estado de sitio y criminalización, al servicio de una transnacional española. 
El pasado 1 de mayo, el presidente Otto Pérez-Molina declaró un estado de sitio en el municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango) durante 17 días, tomando como excusa las movilizaciones de protesta que se produjeron a raíz del asesinato -presuntamente a manos de la seguridad privada de la empresa- del líder comunitario Andrés Francisco Miguel. Estos hechos se produjeron en el marco de un conflicto que enfrenta a los pueblos de la región con la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, que pretende construir una central hidroeléctrica sobre el río Q'amb'alam, sin consentimiento comunitario.
Puedes obtener aquí más información sobre el caso.maiz en el sueloAllanamiento de una vivienda familiar en una comunidad de Barillas, durante el estado de sitio declarado en mayo de 2012
Tal y como denuncian diversos colectivos sociales, en una carta abierta, desde la instalación del estado de sitio en Barillas, “se emitieron 33 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas por “plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir, y terrorismo”, sin fundamento alguno”. Además, se está usando la figura delictiva de actividades de narcotráfico de manera totalmente tergiversada, aplicándolas a los grupos de población y a los colectivos sociales que se oponen al proyecto de la Hidro-Santa Cruz.
“Con estas órdenes de captura -añade la carta- el Estado guatemalteco está tratando como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar, a personas que se organizan y que ejercen sus derechos. Se está usando la ley y el proceso penal con fines políticos, como un instrumento punitivo para criminalizar y desarticular a las ciudadanas y ciudadanos de Barillas que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica”.
A día de hoy, continúan detenidos 11 activistas comunitarios, en el marco de un proceso judicial irregular que tiene como finalidad la criminalización de la protesta contra el megaproyecto.

El cemento contra la comunidad, en San Juan Sacatepéquez
Desde el 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. impulsa el Proyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica de cemento y una cantera en el territorio de varias comunidades mayas kakchikeles, del municipio de San Juan Sacatepéquez. Dicho proyecto se ha puesto en marcha sin haber consultado previamente a los pueblos, y se viene desarrollando en un marco de conflicto generalizado que está causando un enorme impacto sobre sus derechos humanos.
marcha sanjuan capital2Las comunidades, en consulta popular, se declararon en contra de la cementeraEntre los hechos de violencia registrados, según ha podido documentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataques armados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, …), amenazas de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales que acompañan a las comunidades. Habitantes del municipio identificaron a los agresores como personal contratado de la empresa cementera.
Paralelamente, desde el año 2008 se inició el juicio en contra de tres comunitarios opuestos al proyecto, que a día de hoy siguen en prisión preventiva, a la espera de culminar un proceso que está siendo extremadamente largo y confuso.  
A pesar de todo ello, las comunidades sanjuaneras continúan haciendo valer el resultado de la consulta popular celebrada en mayo del 2007, en la que 8.946 habitantes expresaron su negativa a la construcción de la cementera -frente a 4, que votaron a favor-. A día de hoy, la empresa no ha podido culminar las instalaciones.

Intimidación y amenazas para acallar a la dirigencia indígena y social.
Una de las estrategias de control social que se están ejecutando en el país, es la intimidación permanente de los dirigentes indígenas y de otros líderes populares que acompañan a las comunidades en la defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. Durante los últimos meses hemos asistido a un aumento exponencial de estos hechos, que están impidiendo el desempeño del importante papel que estas personas juegan en la reivindicación de los derechos de sus pueblos.lolita chavezLolita Chávez, del CPK
A finales de 2011 se presentaron en la Fiscalía General dos querellas penales contra un total de 53 activistas sociales y personalidades políticas, acusándoles de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Entre los denunciados se encuentran personas con un amplísimo bagaje en el acompañamiento a las comunidades indígenas que luchan por reconstruir sus memorias colectivas, acceder a la justicia y defender sus territorios de los nuevas agresiones. Si bien el proceso tiene escasos visos de prosperar, el objetivo de estigmatizar al movimiento, e intimidar a los activistas sociales y populares guatemaltecos se ha conseguido.
domingo hernandezDomingo Hernández, de Uk'u'uxb'eA principios del presente año, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)denunció el ambiente de amenazas en que desarrolla su trabajo. Las amenazas se dirigen tanto contra sus integrantes, como contra varias comunidades que la organización acompaña en Alta y Baja Verapaz. Al respecto, PBI alertó de las intimidaciones y el clima de violencia que sufren las comunidades q'eqchi'es en el ejercicio de sus derechos territoriales.
En julio de 2012, la dirigente maya Lolita Chávez, del Consejo de los Pueblos K'iche' (CPK)sufrió una violenta agresión en la que resultaron heridas varias de sus compañeras, en lo que ha sido denunciado como un acto de intimidación en contra de su labor de acompañamiento a las comunidades de la región en la lucha contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos.
Y más recientemente, en el mes de septiembre, se han conocido las reiteradas amenazas y atentados perpetrados contra el líder maya Domingo Hernández Ixcoy, integrante de la Asociación Maya Uk'u'xb'e y miembro de la Convergencia Nacional Maya Waq'ib Kej, incluyendo el allanamiento de su vivienda. Domingo cuenta con una larga trayectoria de trabajo dirigido a fortalecer la lucha en defensa de la Madre Tierra, el territorio, y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

¿Un nuevo ciclo de resistencias y de confrontación?
En el espacio-tiempo que es la Guatemala actual, cuando ya han pasado más de 15 años desde que se firmó formalmente la paz, se está asistiendo a una confrontación brutal entre dos dinámicas opuestas.
Por un lado se encuentran las comunidades mayas de todo el país, que están tomando de nuevo las riendas de su historia, y ejercen una cerrada defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. En este camino de articulación de las luchas sociales, no sólo se está revitalizando el movimiento indígena y popular, sino que se está construyendo, desde abajo, un modelo de vida que pasa necesariamente por el respeto a la Madre Tierra y por el ejercicio irrenunciable de los derechos territoriales y de la autonomía comunitaria en la toma de decisiones.losencuentros minesandcommunitiesDesalojo de Los Encuentros (Sololá) en 2005
Así, y a pesar de haber padecido recientemente un intento de genocidio, los pueblos indígenas guatemaltecos iniciaron un nuevo ciclo de resistencias, que tuvo un punto de inflexión en 2005, cuando comunidades kakchikeles y k'iche's de Sololá se organizaron para impedir el paso de la maquinaria pesada que se utilizaría en la construcción de una mina en Huehuetenango (la Mina Marlin, en territorio mam). Ya entonces quedó patente la toma de conciencia y el aumento de las reivindicaciones que se estaba produciendo a nivel comunitario, y que se ha venido concretando en la celebración de decenas de consultas sobre megaproyectos, en un crecimiento exponencial de los actos públicos de reivindicación y, sobre todo, en un proceso de reestructuración social que recupera a las comunidades como sujeto político protagonista.
Por otro lado, la oligarquía de Guatemala -hoy, como ayer, aliada con el poder político y con el capital transnacional- recurre de nuevo a los mecanismos de terror que empleó durante los años de la guerra para tratar de enfrentar estos procesos comunitarios, capitalizar en sus manos las riquezas naturales del territorio, y mantener unos privilegios que hacen inviable al país, y que condenan a la miseria a la mayoría de la población.