PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y DEL LIBRE EJERCICIO DE LA ABOGACIA DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA.
En reunión del Comité permanente
de dicha comisión, celebrada el pasado
dia 19 de junio de dos mil catorce se tomó, por unanimidad, el acuerdo de hacer
público el siguiente pronunciamiento:
La Comisión
Permanente de la Comisión de Defensa de los Derechos de la persona y del libre
ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona ha tenido
conocimiento a través de los representantes del Gobierno plurinacional de las
naciones mayas de Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poti y No Indigena, de la
gravísima situación en la que se encuentran las personas de dichas comunidades.
En concreto,
se informa que la concesión a varias empresas multinacionales por parte del
Gobierno de la República de Guatemala de numerosas licencias para proyectos
hidroeléctricos y de explotación de recursos mineros a cielo abierto está
poniendo en riesgo, no solo el equilibrio medioambiental de la zona, sino lo
que es más grave, la propia supervivencia de las personas y comunidades que vivían
en estas tierras del altiplano guatemalteco.
De los datos
aportados se desprende que la compra de las tierras, donde se pretenden
realizar las actividades de explotación minera e hidroeléctrica, se ha llevado
a cabo con engaño y bajo amenazas y coacciones y a través de personas
interpuestas. Se ha podido constatar también
el soborno de líderes de las comunidades, la ocupación sin título alguno de otros terrenos, el intento de introducir
con nocturnidad máquinas para modificar la configuración de las tierras, la instalación
de minas antipersona, la contratación de
empresas de seguridad externas que actúan al margen de las leyes e imponen
situaciones por la fuerza, con lesiones por arma de fuego e incluso el
homicidio. La criminalización y no
reconocimiento de los líderes comunitarios, se han convertido en las prácticas
habituales de estas empresas multinacionales, amparadas por el silencio
cómplice de los responsables políticos del estado guatemalteco.
Frente a ello,
se indica que la única actuación del Gobierno ha sido el suspender las
garantías constitucionales y la imposición de un estado de sitio, el decomiso
de escrituras de propiedad y documentos de identificación, la persecución penal
de los defensores de los derechos humanos y la tan socorrida como partidaria y vacía
imputación de vinculaciones terroristas contra los representantes comunitarios.
Especial
impacto han tenido estas conductas en las mujeres indígenas que han sufrido
vejaciones, intimidación, abusos de autoridad, agresiones sexuales, detenciones
ilegales, allanamiento en vivienda, etc.
En nuestro
criterio, todas estas circunstancias descritas son incompatibles con un Estado
de Derecho y con el obligatorio respeto a los derechos humanos exigible, en
todo caso, de cualquier país que pretende aparecer ante la comunidad
internacional como país democrático y obtener, por ello, el consiguiente
reconocimiento internacional.
Es por ello
que reclamamos que por las Autoridades competentes se tomen las medidas necesarias
para garantizar:
·
Que se ponga fin a las medidas de excepción y
represión que suponen limitación de los derechos humanos.
·
Que se persigan con celeridad las vulneraciones
de la ley llevadas a cabo por los miembros de las empresas de seguridad
privadas.
·
Que se respeten los derechos de propiedad y de
cultivo que pertenecen históricamente a los pueblos de la comunidad indígena.
·
Que, previa a cualquier licencia de explotación
hidroeléctrica o minera en la zona, se exija un informe de respeto a las
condiciones medioambientales ratificado por los órganos de representación del
Gobierno plurinacional de las naciones
mayas de Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poti y No Indigena.
·
Que se impongan normas de actuación del Gobierno
de la República de Guatemala que determinen el respeto de los derechos humanos
y los acuerdos internacionales sobre esta materia.
Todo ello, en
el bien entendido que tomamos como propio el interés por mantenernos informados
de los acontecimientos que se vayan produciendo en relación a este conflicto, así
como de denunciar públicamente todas aquellas circunstancias que supongan
vulneración de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos.
Barcelona, a
veinte de junio de dos mil catorce
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