(extret de http://www.memorialguatemala.blogspot.com.es/)
Andrés Cabanas
El desalojo
violento del campamento antiminero en San José del Golfo (23 de mayo) y las
intensas amenazas de encarcelamiento de líderes comunitarios en el área norte
de Huehuetenango (inicio de mayo) configuran una nueva fase de la ofensiva
contra actores en resistencia.
La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas, que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a nivel mundial.
La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas, que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a nivel mundial.
El marco
contextual, jurídico y político de las recientes agresiones
El lujo de fuerza
(física y/o verbal) exhibido en los territorios señalados, y la voluntad
expresada de llegar hasta el final, se enmarcan en la necesidad de asegurar
proyectos económicos estratégicos. La violencia es proporcional a las
necesidades de las empresas transnacionales, empresarios locales y actores
institucionales, quienes juegan contra el tiempo o con los tiempos, porque
conciben 2014 como el año de la reconfiguración autoritaria del poder, para la
profundización del modelo de acumulación.
Así, los recientes
ataques se apoyan en medidas de corte político y jurídico
que institucionalizan la agresión. Entre otras:
·
la elaboración de una batería de
leyes penalizadoras de la resistencia (ley de túmulos, ley de celulares,
ley de servidumbres en discusión);
·
la defensa de los derechos de las
empresas frente a los derechos colectivos y las finanzas del Estado (ley de
inversión y empleo);
·
la apertura de un nuevo ciclo en
el Ministerio Público y el sistema de justicia, ¿más proclive a la
criminalización?;
·
la discusión sobre nuevas figuras
para penalizar la resistencia (derecho penal del enemigo, según análisis de
Gustavo Illescas, de Centro de Medios Independientes, que mitigaría la
dificultad de conducir procesos por terrorismo);
·
la apuesta política por la
confrontación: en San José del Golfo se ataca a la resistencia pacífica,
inmersa en un proceso de negociación. En Huehuetenango se señala con nombres y
apellidos a los dirigentes que interlocutan con el gobierno. Se cierran
peligrosamente espacios democráticos. ¿Se buscan respuestas violentas de las
comunidades?;
·
la consolidación del gobierno (o
la figura de Pérez Molina) a partir de la concentración de poder;
·
el llamado (efectuado por la
Vicepresidenta del Gobierno y empresarios privados en Huehuetenango) a
reactivar órdenes de captura no ejecutadas, a concluir –con condenas- procesos
judiciales abiertos contra líderes comunitarios, y a abrir cuando y donde sea
necesarios nuevos procesos;
·
el (re) empoderamiento del
Ejército y la progresiva construcción militarizada de la Policía Nacional Civil
(fuerzas élite de combate).
La ampliación del
periodo presidencial (o la reelección vía reforma constitucional u otras) forma
parte de esta reconfiguración autoritaria. Por parte de sectores económicos
poderosos crece el convencimiento de que el actual gobierno y/ un modelo
personalista, centralista, de limitación de derechos, es el único adecuado
para garantizar la gobernabilidad empresarial y los negocios. En este
marco se produce un debate o se genera un acuerdo tácito: la reelección
del Partido Patriota o directamente del equipo gobernante (vía ampliación de
mandato u otras) a cambio del apoyo irrestricto (cuando sea necesario,
violento) del aparato del Estado y las fuerzas de seguridad a la expansión de
las empresas.
El pacto de la
impunidad (para el fin del juicio por genocidio y la elección de nueva
fiscal), que incluye a actores de la oligarquía, economía criminal, economía
emergente, militares y gubernamentales, es la sombrilla protectora de esta
nueva amenaza.
La agresión estructural
Inserta en una
coyuntura inmediata, la agresión contra las resistencias es, sin embargo,
estructural, de carácter raizal y permanente. En su ensayo Los golpes de
espectro completo, la socióloga mexicana Ana Esther Ceceña identifica tres
características de las guerras hoy, aplicables a la disputa por la
territorialidad: el avasallamiento, la simultaneidad y la impunidad.
El avasallamiento opta “por
una purga general, relacionada con las tareas de prevención y disuasión
pero con propósitos de más larga duración”. La simultaneidad implica
“atacar sin tregua por todos lados al mismo tiempo, como un ataque de un
enjambre de avispas, en todos los ámbitos de la vida social” (no se
refiere solamente a persecución directa sino a ataques desde lo legal,
institucional, campañas mediáticas). La impunidad refiere la “invalidación
de los referentes formales de justicia y moralidad social, a partir de
comportamientos ilegales. Se pierden referentes sociales garantizadores, es
decir, el Estado de Derecho, y aparecen como dupla indisoluble el estado de
excepción y una tierra de nadie”. Esto sucede en un contexto donde la guerra no
es un medio sino el fin para el despojo permanente (guerras infinitas) y
donde el enemigo es la otredad en todas sus formas, sobre todo
aquello que “no se conoce y que siempre ha estado invisible”.
Así, la agresión
contra organizaciones y luchas sociales y de los pueblos en Guatemala es
permanente. Se ejerce con carácter simultáneo y planificado. Se desarrolla en
fases que no implican sosiego sino reacomodos y reconfiguraciones. Se renueva,
avanza, genera nuevos métodos y desecha otros. Persigue judicial y
políticamente. Combina el garrote y el diálogo (no los sustituye sino los
articula, ver al respecto El Observador). Ahoga de forma financiera. Confronta
y divide en el nivel comunitario. Busca el aislamiento de organizaciones a
través de la deslegitimación. Atemoriza. Se infiltra y socava confianzas.
Involucra actores privados, fuerzas de seguridad, paramilitares, actores
gubernamentales, actores internacionales. Se impulsa desde el gobierno, el Congreso,
las empresas, los operadores de justicia incluso en niveles micro (jueces de
paz, agentes fiscales), columnistas, programas de radio y televisión. Ubica
como enemigos a quienes no encajan en la visión dominante. Se multiplica en la
indiferencia, la pasividad y el desinterés. Se extiende focalizada o
generalizadamente. Tiene, siempre, una voluntad política desmovilizadora, un
efecto ejemplificador.
Defensa del optimismo
El carácter
estructural y permanente, de espectro completo, de la agresión, no la convierte
en indetenible. La agresión se acelera porque la consolidación de resistencias
pone el peligro el modelo de acumulación y el proyecto político de dominación.
El otro, el enemigo desconocido que menciona Ana Esther
Ceceña, es en Guatemala la organización de pueblos y comunidades por la defensa
del territorio y la vida, con capacidad de paralizar proyectos extractivos, que
opta por la condena y la cárcel antes que por la sumisión. No es casual la
fuerza empleada para desmantelar el campamento de San José del Golfo,
convertido en símbolo de lucha.
Los análisis de
actores y riesgos realizados por el gobierno y empresas transnacionales
mencionan intereses criminales, población manipulada, organizaciones de la
capital o extranjeras como actores principales de la resistencia, en cualquier
cosa unas pocas personas en cada lugar. Pero la resistencia se fortalece y
crece en sus dinámicas propias: la defensa del territorio, el actor montaña, la
dinámica tiempo-memoria-historia, el pueblo como sujeto activo, la libertad y
la identidad como motor, los derechos como referente. Es una lucha que va más
allá de la resistencia contra empresas transnacionales, de la defensa del agua
y los recursos. Es la lucha y la razón de la dignidad: frente a la violencia, la
división, la explotación, la imposición y la mercantilización de la vida. Es
una lucha en ascenso, progresivamente consciente, argumentada, integral: abarca
la cosmovisión, la comprensión de la naturaleza, la comprensión de la actuación
del poder, pero también la comprensión de un sentido filosófico e integral de
vida. Rebasa viejos esquemas y actores comunismo-insurgencia-izquierdas.
Es irreal pensar
que el sistema por sí mismo va a moderar sus impulsos
económico-destructivos (la generación de riqueza a partir de la destrucción
ambiental y social). Pero no es incorrecto creer que es posible enfrentarlo, a
condición de… La condicionalidad implica, parafraseando a Ana Esther Ceceña,
concebir resistencias de espectro completo. Es decir, la posibilidad de enfrentar
el modelo a partir de la generación de condiciones adecuadas, traducidas en
condiciones organizativas. Entre otras, este condicionalidad puede convertirse
en realidad:
Si utilizamos todos
los instrumentos de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica,
comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (lo
que implica articular actores y sectores). La lucha electoral, disociada de las
movilizaciones y demandas comunitarias y de los pueblos, y desarticulada de los
sujetos comunitarios, se convierte así en un ejercicio inútil, costoso,
funcional a la reproducción del sistema.
Si entendemos y
analizamos mejor el poder corporativo, desde sus estrategias y lógicas de
acumulación y reproducción, más allá de la propiedad formal de las empresas
(cómo se articula la economía criminal con la formal; cómo funcionan los fondos
de inversión; cómo se construyen las cadenas de propiedad y mando en un marco
de opacidad societaria; cómo se integran empresas y sectores de acumulación;
cuáles son las estrategias permanentes y las cambiantes...)
Si promovemos
formación y análisis político y estratégico constante, autocrítico, no
complaciente, en cualquier momento: en la tranquilidad y durante la emergencia.
Si no caemos en la
provocación de la guerra y la violencia como mal necesario, como continuación
de la política por otros medios, como la única forma de detener la ofensiva
armada del capital.
Si acumulamos, y
por tanto concebimos la articulación como vocación política, permanente y
sistemática, irrenunciable, sin la cual no hay emancipación.
Si no existe una
sola estrategia, una sola forma de entendernos, una sola organización, aunque
es imprescindible la unidad, la coincidencia en planteamientos estratégicos,
la conducción política unificada(Domingo Hernández Ixcoy).
Si politizamos la
indignación y los estallidos sociales previsibles. Si le disputamos el terreno
a la indiferencia.
Si no imaginamos o
exacerbamos diferencias entre expresiones de resistencia a través de pueblos,
comunidades y organizaciones. O si, de existir estas diferencias como
insuperables, las debatimos y solucionamos.
Si combinamos
acciones de emergencia inmediata con medidas a medio y largo plazo.
Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo plazo, a la construcción de un mundo nuevo.
Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo plazo, a la construcción de un mundo nuevo.
El proyecto de
acumulación y dominación de territorios y pueblos no va adelante "pase lo
que pase”, como afirman prominentes empresarios transnacionales (Luis
Castro Valdivia en Barillas). El futuro no está escrito, se construye en la
interrelación y disputa de actores y proyectos.
Se trata de
revertir la historia y su interpretación, construida desde el poder,
frecuentemente derrotista. San José del Golfo, 23 de mayo: dice la prensa que
ya está liberada la entrada a la empresa minera, el campamento de la Puya,
símbolo de la resistencia, cae.
Lo que sucede en
realidad es el triunfo de la idea de resistencia pacífica comunitaria frente a
un modelo construido sobre la violencia y sustentado por la fuerza.
Lo que sucede es la
constatación de la fortaleza acumulada durante dos años de campamento en el
lugar conocido como La Puya: construcción de organización, comunidad y
solidaridad, en la mayor escuela de formación política de la comunidad
Lo que sucede es
que después del 23 de mayo se rearticulan la indignación y las solidaridades.
Se cierra un
campamento y se abre la necesidad de encontrar nuevas vías y formas para
continuar la resistencia, necesariamente estructurales, integrales y
articuladas.
La agresión
permanente, en apariencia fortaleza, es en realidad signo de debilidad de un
modelo concebido desde la exclusión y para la exclusión, al que se debe
enfrentar con las armas contrarias: la participación masiva, que construya un
país y un mundo de todxs y para todxs.
