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GUATEMALA.- Los pueblos mayas de Guatemala son los protagonistas de una resistencia histórica que les ha permitido pervivir hasta nuestros días. Durante los años 80, fueron capaces incluso de enfrentar el intento sostenido y sistemático de exterminio que desató contra ellos el Estado del que suponían eran parte.
Estado de sitio y criminalización, al servicio de una transnacional española.
El pasado 1 de mayo, el presidente Otto Pérez-Molina declaró un estado de sitio en el municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango) durante 17 días, tomando como excusa las movilizaciones de protesta que se produjeron a raíz del asesinato -presuntamente a manos de la seguridad privada de la empresa- del líder comunitario Andrés Francisco Miguel. Estos hechos se produjeron en el marco de un conflicto que enfrenta a los pueblos de la región con la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, que pretende construir una central hidroeléctrica sobre el río Q'amb'alam, sin consentimiento comunitario.
El cemento contra la comunidad, en San Juan Sacatepéquez
Desde el 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. impulsa el Proyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica de cemento y una cantera en el territorio de varias comunidades mayas kakchikeles, del municipio de San Juan Sacatepéquez. Dicho proyecto se ha puesto en marcha sin haber consultado previamente a los pueblos, y se viene desarrollando en un marco de conflicto generalizado que está causando un enorme impacto sobre sus derechos humanos.
Las comunidades, en consulta popular, se declararon en contra de la cementeraEntre los hechos de violencia registrados, según ha podido documentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataques armados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, …), amenazas de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales que acompañan a las comunidades. Habitantes del municipio identificaron a los agresores como personal contratado de la empresa cementera.
Intimidación y amenazas para acallar a la dirigencia indígena y social.
Una de las estrategias de control social que se están ejecutando en el país, es la intimidación permanente de los dirigentes indígenas y de otros líderes populares que acompañan a las comunidades en la defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. Durante los últimos meses hemos asistido a un aumento exponencial de estos hechos, que están impidiendo el desempeño del importante papel que estas personas juegan en la reivindicación de los derechos de sus pueblos.
Lolita Chávez, del CPK
Domingo Hernández, de Uk'u'uxb'eA principios del presente año, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)denunció el ambiente de amenazas en que desarrolla su trabajo. Las amenazas se dirigen tanto contra sus integrantes, como contra varias comunidades que la organización acompaña en Alta y Baja Verapaz. Al respecto, PBI alertó de las intimidaciones y el clima de violencia que sufren las comunidades q'eqchi'es en el ejercicio de sus derechos territoriales.
¿Un nuevo ciclo de resistencias y de confrontación?
En el espacio-tiempo que es la Guatemala actual, cuando ya han pasado más de 15 años desde que se firmó formalmente la paz, se está asistiendo a una confrontación brutal entre dos dinámicas opuestas.
GUATEMALA.- Los pueblos mayas de Guatemala son los protagonistas de una resistencia histórica que les ha permitido pervivir hasta nuestros días. Durante los años 80, fueron capaces incluso de enfrentar el intento sostenido y sistemático de exterminio que desató contra ellos el Estado del que suponían eran parte.
Hoy -cuando gobierna uno de los militares responsables de aquel baño de sangre-, siguen vigentes los mismos mecanismos de represión de la dictadura, utilizados para garantizar los intereses económicos de las élites, transfiguradas en grandes empresas interesadas en explotar las riquezas naturales presentes en los territorios. Estos mecanismos, incluyen desde actos de violencia física -atentados y asesinatos- e intimidaciones, hasta una política de criminalización respaldada por los poderes públicos. Y tienen entre sus objetivos prioritarios a los movimientos, las comunidades, las autoridades y las organizaciones mayas, que están al frente de las luchas por la defensa de los territorios y los recursos naturales. Tan es así, que un reciente informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) denuncia que el 59% de las agresiones perpetradas en 2012 se han dirigido contra los pueblos indígenas y las organizaciones de defensa del medio ambiente.
El propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, informaba tras sumisión en el país en 2011, de que la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades. Señala también el uso indiscriminado que se hace de los estados de prevención por parte de los poderes públicos, la presencia creciente de las fuerzas de orden público en las comunidades y el uso excesivo de la fuerza por su parte. Además, denuncia la situación de impunidad en cuanto a los actos de hostigamiento y violencia física, incluyendo violencia sexual, en contra de los comunitarios, en un contexto marcado por la falta de acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia.
Durante los últimos meses, se han dado una serie de situaciones que dibujan un escenario extremadamente complejo, y que han colocado a los y las dirigentes indígenas, así como a los activistas que les acompañan, en una situación de grave vulnerabilidad.
Estado de sitio y criminalización, al servicio de una transnacional española.
El pasado 1 de mayo, el presidente Otto Pérez-Molina declaró un estado de sitio en el municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango) durante 17 días, tomando como excusa las movilizaciones de protesta que se produjeron a raíz del asesinato -presuntamente a manos de la seguridad privada de la empresa- del líder comunitario Andrés Francisco Miguel. Estos hechos se produjeron en el marco de un conflicto que enfrenta a los pueblos de la región con la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, que pretende construir una central hidroeléctrica sobre el río Q'amb'alam, sin consentimiento comunitario.
Puedes obtener aquí más información sobre el caso.
Allanamiento de una vivienda familiar en una comunidad de Barillas, durante el estado de sitio declarado en mayo de 2012
Allanamiento de una vivienda familiar en una comunidad de Barillas, durante el estado de sitio declarado en mayo de 2012
Tal y como denuncian diversos colectivos sociales, en una carta abierta, desde la instalación del estado de sitio en Barillas, “se emitieron 33 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas por “plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir, y terrorismo”, sin fundamento alguno”. Además, se está usando la figura delictiva de actividades de narcotráfico de manera totalmente tergiversada, aplicándolas a los grupos de población y a los colectivos sociales que se oponen al proyecto de la Hidro-Santa Cruz.
“Con estas órdenes de captura -añade la carta- el Estado guatemalteco está tratando como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar, a personas que se organizan y que ejercen sus derechos. Se está usando la ley y el proceso penal con fines políticos, como un instrumento punitivo para criminalizar y desarticular a las ciudadanas y ciudadanos de Barillas que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica”.
A día de hoy, continúan detenidos 11 activistas comunitarios, en el marco de un proceso judicial irregular que tiene como finalidad la criminalización de la protesta contra el megaproyecto.
El cemento contra la comunidad, en San Juan Sacatepéquez
Desde el 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. impulsa el Proyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica de cemento y una cantera en el territorio de varias comunidades mayas kakchikeles, del municipio de San Juan Sacatepéquez. Dicho proyecto se ha puesto en marcha sin haber consultado previamente a los pueblos, y se viene desarrollando en un marco de conflicto generalizado que está causando un enorme impacto sobre sus derechos humanos.
Las comunidades, en consulta popular, se declararon en contra de la cementeraEntre los hechos de violencia registrados, según ha podido documentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataques armados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, …), amenazas de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales que acompañan a las comunidades. Habitantes del municipio identificaron a los agresores como personal contratado de la empresa cementera.
Paralelamente, desde el año 2008 se inició el juicio en contra de tres comunitarios opuestos al proyecto, que a día de hoy siguen en prisión preventiva, a la espera de culminar un proceso que está siendo extremadamente largo y confuso.
A pesar de todo ello, las comunidades sanjuaneras continúan haciendo valer el resultado de la consulta popular celebrada en mayo del 2007, en la que 8.946 habitantes expresaron su negativa a la construcción de la cementera -frente a 4, que votaron a favor-. A día de hoy, la empresa no ha podido culminar las instalaciones.
Intimidación y amenazas para acallar a la dirigencia indígena y social.
Una de las estrategias de control social que se están ejecutando en el país, es la intimidación permanente de los dirigentes indígenas y de otros líderes populares que acompañan a las comunidades en la defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. Durante los últimos meses hemos asistido a un aumento exponencial de estos hechos, que están impidiendo el desempeño del importante papel que estas personas juegan en la reivindicación de los derechos de sus pueblos.
Lolita Chávez, del CPK
A finales de 2011 se presentaron en la Fiscalía General dos querellas penales contra un total de 53 activistas sociales y personalidades políticas, acusándoles de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Entre los denunciados se encuentran personas con un amplísimo bagaje en el acompañamiento a las comunidades indígenas que luchan por reconstruir sus memorias colectivas, acceder a la justicia y defender sus territorios de los nuevas agresiones. Si bien el proceso tiene escasos visos de prosperar, el objetivo de estigmatizar al movimiento, e intimidar a los activistas sociales y populares guatemaltecos se ha conseguido.
Domingo Hernández, de Uk'u'uxb'eA principios del presente año, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)denunció el ambiente de amenazas en que desarrolla su trabajo. Las amenazas se dirigen tanto contra sus integrantes, como contra varias comunidades que la organización acompaña en Alta y Baja Verapaz. Al respecto, PBI alertó de las intimidaciones y el clima de violencia que sufren las comunidades q'eqchi'es en el ejercicio de sus derechos territoriales.
En julio de 2012, la dirigente maya Lolita Chávez, del Consejo de los Pueblos K'iche' (CPK)sufrió una violenta agresión en la que resultaron heridas varias de sus compañeras, en lo que ha sido denunciado como un acto de intimidación en contra de su labor de acompañamiento a las comunidades de la región en la lucha contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos.
Y más recientemente, en el mes de septiembre, se han conocido las reiteradas amenazas y atentados perpetrados contra el líder maya Domingo Hernández Ixcoy, integrante de la Asociación Maya Uk'u'xb'e y miembro de la Convergencia Nacional Maya Waq'ib Kej, incluyendo el allanamiento de su vivienda. Domingo cuenta con una larga trayectoria de trabajo dirigido a fortalecer la lucha en defensa de la Madre Tierra, el territorio, y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
¿Un nuevo ciclo de resistencias y de confrontación?
En el espacio-tiempo que es la Guatemala actual, cuando ya han pasado más de 15 años desde que se firmó formalmente la paz, se está asistiendo a una confrontación brutal entre dos dinámicas opuestas.
Por un lado se encuentran las comunidades mayas de todo el país, que están tomando de nuevo las riendas de su historia, y ejercen una cerrada defensa de sus territorios y de sus bienes naturales. En este camino de articulación de las luchas sociales, no sólo se está revitalizando el movimiento indígena y popular, sino que se está construyendo, desde abajo, un modelo de vida que pasa necesariamente por el respeto a la Madre Tierra y por el ejercicio irrenunciable de los derechos territoriales y de la autonomía comunitaria en la toma de decisiones.
Desalojo de Los Encuentros (Sololá) en 2005
Desalojo de Los Encuentros (Sololá) en 2005
Así, y a pesar de haber padecido recientemente un intento de genocidio, los pueblos indígenas guatemaltecos iniciaron un nuevo ciclo de resistencias, que tuvo un punto de inflexión en 2005, cuando comunidades kakchikeles y k'iche's de Sololá se organizaron para impedir el paso de la maquinaria pesada que se utilizaría en la construcción de una mina en Huehuetenango (la Mina Marlin, en territorio mam). Ya entonces quedó patente la toma de conciencia y el aumento de las reivindicaciones que se estaba produciendo a nivel comunitario, y que se ha venido concretando en la celebración de decenas de consultas sobre megaproyectos, en un crecimiento exponencial de los actos públicos de reivindicación y, sobre todo, en un proceso de reestructuración social que recupera a las comunidades como sujeto político protagonista.
Por otro lado, la oligarquía de Guatemala -hoy, como ayer, aliada con el poder político y con el capital transnacional- recurre de nuevo a los mecanismos de terror que empleó durante los años de la guerra para tratar de enfrentar estos procesos comunitarios, capitalizar en sus manos las riquezas naturales del territorio, y mantener unos privilegios que hacen inviable al país, y que condenan a la miseria a la mayoría de la población.
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