El Estado de Sitio y Prevención, atenta contra los Derechos Humanos individuales y colectivos de las mujeres y los pueblos en Jalapa y Santa Rosa

El Estado de Sitio y Prevención, atenta contra los Derechos Humanos individuales y colectivos de las mujeres y los pueblos en Jalapa y Santa Rosa

La delegación para verificar del respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y los pueblos, integrada por organizaciones de mujeres y feministas, mayas, mestizas y xinkas de los cuatro puntos cardinales del país, que estuvo presente el 20 y 21 de mayo pasados en la Comunidad indígena Xinka de Xalapán y Mataquescuintla (Jalapa),  y en San Rafael Las Flores (Santa Rosa), concluyó que el cese de garantías constitucionales en esas localidades tiene un fuerte impacto en la vida de las mujeres por el control militar en toda la región. 

Las mujeres que habitan el territorio xinka ancestral del oriente del país, están viviendo en su cotidianidad la imposición militar, lo cual contradice el compromiso de Estado asumido en los Acuerdos de Paz, su Ley Marco,  de respetar y promover  la revitalización de la identidad étnica de los pueblos indígenas y su libre autodeterminación.

El presidente Otto Pérez Molina a partir del 2 de mayo impuso ilegalmente el Estado de Sitio y una semana después el Estado de Prevención. Tal situación motivó el viaje de esta delegación, la cual constató los siguientes hechos:

·      Allanamientos de viviendas de forma violenta por elementos del ejército y la Policía Nacional Civil, en horas ilegales y en algunos casos con personal cubierto con pasamontañas y vestidos de civil.

·      En Santa María Xalapàn se han violado los derechos humanos con el allanamiento ilegal de la iglesia de la Comunidad de Palo Verde, donde fueron intimidadas las mujeres del coro, integrantes del Consejo Parroquial y COCODE. Además se observó que el Ejército tomo como centro de operaciones la Escuela de Educación Primaria de la aldea La Fuente.

·      Actos de persecución política y estigmatización de mujeres organizadas, sus familias y comunidades que defienden la vida, el territorio: cuerpo- tierra. Se les vincula con narcotráfico, terrorismo y crimen organizado; y se les imputan delitos sin pruebas.

·      Acoso sexual por parte de elementos del ejército a mujeres jóvenes y madres solteras, a quienes se les impide el derecho a la libre locomoción.

·      Personas respetadas y reconocidas en las comunidades han sido objeto de persecución, dado que su liderazgo es considerado una amenaza por parte de las fuerzas de seguridad.

·      Deterioro de la economía familiar debido a que las mujeres no salen de sus casas por miedo a dejar solas a sus hijas e hijos, y los hombres han visto disminuidas sus actividades agrícolas y comerciales. En el caso de las familias de los detenidos la carga de trabajo de las mujeres se ha incrementado, dejando en ellas la responsabilidad de sostener a sus familias, el pago de las costas judiciales y todos los gastos derivados de estos hechos.

·      Se observaron graves efectos psicológicos en mujeres, niñas y niños, por la manera violenta en que han operado los allanamientos e interrogatorios; lo cual ha generado un incremento de enfermedades, ocasionando gastos a las familias ante la mala y poca cobertura de los servicios de salud.

·      Daños en casas de habitación y enseres, los cuales tienen costos que las familias han asumido. Mujeres se han visto obligadas a brindar alimentación a quienes efectúan los allanamientos, personas que incluso han robado comida, dinero y joyas.

·      En la mayoría de casos no hubo presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos incumpliendo con las funciones de garantizar el resguardo de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.

A decir de las personas entrevistadas, la mayoría de las capturas, particularmente la de Laura Leonor Vásquez Pineda, se ha realizado sin pruebas y se observa que los delitos que se les imputan a personas de las comunidades de Santa María Xalapán, Mataquescuintla y San Rafael Las Flores, están haciéndose de manera cruzada para provocar el distanciamiento entre los pueblos. Los hechos de persecución, hostigamiento y apresamiento responde a una lógica de disociación entre familiares, vecinas/os y comunidades para desarticular los movimientos sociales que presentan resistencia frente a la operación extractiva de la Minera San Rafael y otros problemas estructurales.

Asimismo, señalaron que la población  no respalda los proyectos de minería, los cuales se han impulsado irrespetando los mecanismos de consulta previa, libre e informada del pueblo xinka y sus autoridades. Ello se ha demostrado a través de consultas comunitarias pero el gobierno las inválida, contradiciendo leyes nacionales y convenios internacionales suscritos por Guatemala tal como el Convenio 169.

Las mujeres xinkas y mestizas entrevistadas, coincidieron en señalar que la instalación de estos proyectos confronta a la misma población. Se aprovecha el empobrecimiento y la necesidad de trabajo de las personas de las comunidades para justificar la implantación de los mismos, sin tomar en cuenta la degradación de los elementos naturales, dejando contaminación, enfermedades y destrucción de la madre tierra.

Asimismo afirmaron que el gobierno usa a las instituciones estatales, instalaciones de la policía, municipalidades y escuelas públicas para el control de la población. En San Rafael las Flores la promoción para la instalación de un destacamento militar representa una amenaza a los principios de una sociedad democrática.

Con base en lo antes expuesto, la delegación que asistió a los tres municipios antes mencionados, plantea las siguientes exigencias a los funcionarios públicos e instituciones estatales que correspondan:

a) La desmilitarización inmediata de la zona, el respeto a la decisión y los derechos de las comunidades, así como la autonomía ancestral de las mujeres y los pueblos para que las comunidades puedan vivir en paz, armonía y alegría.

b) El cumplimiento al mandato constitucional de procurar el bien común y no inclinarse para favorecer a los intereses de las empresas nacionales y transnacionales.

c) La liberación inmediata de Laura Leonor Vásquez Pineda y de todas las personas detenidas injustamente en el país por la defensa de territorios.

d) El cese del hostigamiento y persecución a las personas que luchan por la defensa de la vida, y el territorio: tierra-cuerpo.

Las organizaciones de mujeres y feministas decimos:

¡FUERA las empresas extractivas!

¡Por el derecho a defender y a ejercer nuestros derechos!

Iximulew, 23 de Mayo de 2013

Alianza De Mujeres Rurales, Asociación Feminista La Cuerda, UNAMG, Movimiento De Mujeres Tz’ununijá, Centro De Medios Independientes, Prodessa,  UDEFEGUA, Red de Mujeres Defensoras, Alianza Política Sector De Mujeres y sus Organizaciones, AMISMAXAJ, AFEDES, SEFCA, Voces De Mujeres, AMARC, ADIURI, AMUCV,  Consejo De Mujeres Cristianas, Marcha Mundial de Mujeres y Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna.